El '''Fondo Federal Solidario''', más conocido como '''Fondo Sojero''', fue establecido por la gestión de la presidente Cristina Fernández en el contexto de una oposición generalizada a los derechos de exportación (Resolución 125). Conformado por el 30% de los derechos de exportación de soja y sus derivados, tiene por objeto financiar ''obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes''. Su destino son los gobiernos provinciales y municipales, correspondiéndoles a los últimos un porcentaje de por lo menos el 30%. Para poder ser recibidos, los gobiernos provinciales deben adherir a la norma, donde no se especifica claramente que requisitos o compromisos implica esta adhesión.