Fondos fiduciarios nacionales de Argentina

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Los fondos fiduciarios nacionales de Argentina, que totalizaban 16 a comienzos del año 2012, permiten al Poder Ejecutivo Nacional una gran libertad de maniobra para una amplia gama de actividades y propósitos.


Régimen legal

Los fondos fiduciarios o fideicomisos públicos no están abarcados por la Ley Nacional Nº 24441 que rige a los privados. Hasta comienzos de 2012 no había una legislación específica para ellos, a pesar de los requerimientgos hechos al Congreso de la Nación por la Auditoría General de la Nación.

Fondos Fiduciarios Nacionales

Los fondos fiduciarios del PEN a comienzos de 2012 eran los siguientes:

  1. Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. No tiene prioridades explícitas por falta de un plan de obras viales.
  2. Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Gestionado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), está destinado a la financiación de obras de ampliación del sistema de energía eléctrica de alta tensión.
  3. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Ayuda a bancos provinciales y programas de reforma fiscal, financiera o administrativa de las provincias, así como también asistir y financiar programas para el saneamiento de la deuda pública y desarrollo económico provincial.
  4. Fondo Fiduciario para la Infraestructura Hídrica. Creado en 2002 para desarrollar proyectos, obras, y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones y de protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas, priorizando las que están en emergencia hídrica. Se han detectado faltas de integridad, uniformidad y consistencia respecto de la identificación de las obras y los montos abonados a los beneficiarios, así como inefectividad en la ejecución de las obras para las cuales fue creado.
  5. Fondo Fiduciario para el Consumo Residencial de Gas Licuado del Petróleo. Destinado a sectores sociales residenciales de escasos recursos sin servicio de gas natural por redes y a las expansiones de redes de gas natural en las provincias que no cuenten con el sistema.
  6. Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas. Inicialmente fueron fondos de fortalecimiento del sistema financiero argentino, incluyendo compañías de seguro y sus sociedades controlantes. En 2002 se amplió su alcance a prestadores de servicios de salud, bienes y servicios culturales, ciencia, tecnología y energía nuclear, para pagar la reestructuración de sus deudas en moneda extranjera contraídas antes de esa fecha.
  7. Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. Para asistir a las provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social.
  8. Fondo Fiduciario de Capital Social. Para promover la creación de empleo mediante el desarrollo de microempresas.
  9. Fondo Fiduciario de Promoción Científica y Técnica.
  10. FOGAPYME.
  11. FONAPYME.
  12. Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina.
  13. Fondo Fiduciario de la Secretaría de Hacienda – Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
  14. Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria.
  15. Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software.
  16. Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales GLP Ley 26.020.

En 2011 el total de recursos asignados era de $ 14.000 millones, más del 95% del cual correspondía a los 5 primeros. Respecto a su funcionamiento el informe de la AGN expresa:

En síntesis, la crítica general de mayor significación que se realiza en los informes de la AGN a los Fondos es la de su alto grado de discrecionalidad a la hora del destino de los fondos. La inexistencia de registros y documentación perjudica el necesario control para determinar si los Fondos cumplen con sus objetivos y si sus recursos de afectación específica se destinan a donde fueron inicialmente determinados. Desde la AGN también se ha remarcado que los fideicomisos no cuentan con plan de cuentas ni criterios contables comunes a los fondos fiduciarios públicos que permitan homogeneizar la información a efectos de hacerla comparable. Ello, sumado a la urgencia con que se aprueban los proyectos, dificulta sobremanera no sólo las licitaciones públicas sino su debido control.

Fuentes