Infraestructura tecnológica

En Argentina se denomina infraestructura tecnológica, o simplemente infraestructura, al conjunto de instalaciones, obras y servicios que permiten el buen funcionamiento de la educación (escuelas, institutos y universidades), transporte (aeropuertos, carreteras y puentes, dragado de vías navegables, ferrocarriles, puertos) , provisión de agua potable y para irrigación (acueductos, agua corriente, canales de riego, plantas potabilizadoras, presas), disposición final de excretas (cloacas, plantas de tratamiento de líquidos cloacales), provisión de energía (gasoductos y oleoductos y plantas de liquefacción de hidrocarburos gaseosos pero no estaciones de servicio ni contenedores de combustible, exploración de hidrocarburos, plantas y dispositivos generadores de electricidad así como sus líneas de distribución, presas hidroeléctricas). Las tareas de mantenimiento, adecuación y mejora de la infraestructura se engloban en el concepto de obra pública.

Según declaraciones hechas en junio de 2010 por el director de la [ Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas] (FIEL), Fernando Navajas, el estado de la infraestructura nacional y de la realización de obra pública era el siguiente:[1]

• La inversión en infraestructura está por debajo de los niveles de la década de 1990.
• Hubo una fuerte recuperación de la obra pública respecto de los bajos valores de la década de 1990, pero disminuyó la participación en ella del sector privado.
• No se hicieron las inversiones necesarias para recuperar el transporte ferroviario, mientras se fomentaba el sueño de un "tren bala".
• Se avanzó en obras hidroeléctricas, nucleares y el uso de fuentes renovables de energía, pero se desalentó la inversión privada en exploración de hidrocarburos.
• Se opuso trabas a la puesta en práctica de proyectos privados en ferrocarriles, vias navegables, caminos y logística.
• En el período 2007-2009 la obra pública en vivienda, saneamiento y educación estuvo selectivamente orientada a las provincias políticamente afines al PEN.
• No se hizo una buena planificación de las obras necesarias de infraestructura ni de sus balances de costo-beneficio (análisis que el PEN considera innecesario) y las acciones realizadas no fueron objeto de análisis y debate general. Hubo imprevisión y muchas obras se hicieron, caso de las de energía, recién después que surgieron los problemas, o se plantearon sorpresivamente, como el "tren bala".
• No hay buena evaluación, la regulación de las actividades privadas es insuficiente y las auditorías de las obras delegadas son casi inexistentes. Los entes reguladores han sido arrasados y su profesionalidad reemplazada por la instrumentación política. Las auditorías independientes han sido descartadas o son desatendidas cuando provienen de instituciones no afines al PEN.

Fuentes

• Sitio oficial de FIEL.