La '''Ley argentina de Glaciares''' es en realidad un proyecto una ley de protección de ley, aprobado los glaciares y áreas periglaciales que fue aprobada por el Congreso Nacional y luego vetado , vetada por la presidente de la Nación Cristina Fernández, actualmente en proceso de rediscusión. Se transcribe vuelta a continuación un análisis de situación hecho por Enrique Matías Viale, presidente de la aprobar como [http://www.aadeaainfoleg.orggov.ar/ Asociación Argentina infolegInternet/anexos/170000-174999/174117/norma.htm Ley Nacional Nº 26639], promulgada automáticamente el 28 de Abogados Ambientalistas] (AAdeAA).octubre de 2010 por vencimiento del plazo legal y reglamentada 4 meses después por [http://www.noalaminainfoleg.orggov.ar/mineriainfolegInternet/anexos/175000-argentina179999/179680/mineria-generalnorma.htm Decreto PEN Nº 207/2011]. La ley-fue judicialmente objetada por empresas mineras y gobernadores de las provincias que apoyan estas actividades, como el de San Juan José Gioja. El inventario de-glaciares-comparativo-entre-, que la ley ordena debía quedar completado el 30 de marzo de 2011, todavía no se había iniciado en octubre de ese año por falta de recursos suficientes para la-media-sancion-del-senado-tarea que debe hacer el IANIGLIA y-que podría insumir una cantidad no precisada de años. La ley ha quedado así dejada sin efecto de hecho, aunque no de-diputados]derecho.
==Contenido y aplicación de la ley==
Se transcribe textualmente a continuación el trabajo ''La efectiva aplicación de la Ley de Protección de Glaciares: un mandato constitucional urgente'' de Enrique Viale (EDLA):
==Aclaraciones preliminaresSumario==Por '''media sanción I. Introducción. – II. La influencia del derecho ambiental y su transformación. – III. Dominio de los recursos naturales: armonía constitucional de los artículos 41 y 124 de Diputados''' '''(D)''' debe entenderse la media sanción obtenida por Constitución Nacional. – IV. Constitucionalidad de las prohibiciones de la Cámara norma: a) Objeto de protección; b) Principios ambientales: 1. Principio preventivo; 2. Principio precautorio; 3. Principio de Diputados sustentabilidad; 4. La aplicación de la Nación con fecha 11 estos principios al caso en estudio; c) Razonabilidad de agosto las prohibiciones; d) No existen derechos adquiridos a contaminar. – V. Obligación de 2010cumplir con la legislación ambiental sobreviniente. – VI.Conclusión
Por '''media sanción de Senadores''' '''(S)''' debe entenderse el proyecto impulsado originalmente por el Senador Nacional Daniel Filmus que obtuvo media sanción del Senado Nacional en fecha 21 de octubre de 2009.Se analizará comparativamente —artículo por artículo— transcribiendo en primer lugar la media sanción de Diputados —identificado con '''(D)'''—, luego la media sanción del Senado —identificado con una '''(S)''' y en cursiva— y, posteriormente, nuestro comentario==I.Introducción==
==Análisis comparativo=='''(D)''' ''Artículo 1° — Objeto. La presente ley establece los de presupuestos mínimos para la de protección de los glaciares y del el ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas , 26.639 (EDLA, boletín n° 21/2010-17), incorpora importantes conceptos en materia de recursos hídricos para el consumo humano; derecho ambiental, que merecen un análisis pormenorizado para la agricultura comprender acabadamente su alcance y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter públicotutela.
Respecto de la génesis que dio lugar a la sanción de la ley, cabe recordar, a modo de síntesis, que un proyecto similar fue aprobado en el año 2007 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad y sin debate. Posteriormente, en octubre de 2008, la Cámara de Senadores dio aprobación definitiva a la norma, por unanimidad en general y 3 votos en disidencia parcial. De esta forma, se sancionó la Ley 26.418. El 10 de noviembre de 2008, esta ley fue vetada por la Presidenta de la Nación(3), que hizo eco de las “inquietudes” de distintos gobernadores, del Secretario de Minería de la Nación, y de la Cancillería. Dos años después, luego de varias sesiones de la Cámara de Diputados sin quórum y una votación estrecha en la Cámara de Senadores, el 30 de septiembre de 2010, se sancionó la Ley 26.639, finalmente promulgada de hecho el 28 de octubre de 2010.
'''(S)''' ''Artículo 1° — Objeto. La presente Está ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares –impulsada por diversas y del ambiente periglacial con el objeto numerosas organizaciones socio-ambientales de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para todo el consumo humano; para país– trajo la agricultura reacción corporativa de sectores extractivos que se oponían (y se oponen) a su existencia. En este artículo se exponen las actividades industrialesmismas, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la generación de energía hidroeléctrica; para la protección y se intentará rebatir jurídicamente los principales argumentos esgrimidos por quienes discrepan con el articulado de la biodiversidad; como fuente de información científica norma y como atractivo turístico.Los glaciares constituyen bienes pretenden tildarla de carácter público y su dominio corresponde a las provincias o al Estado nacional, según el lugar en que se ubiqueninconstitucional.
'''Comentario:''' La media sanción del Senado incorpora como Servicio Ambiental Una de las principales incorporaciones de la norma, en su art. 1º in fine, fue la inclusión de los glaciares y del ambiente periglacial la reserva como bienes de recursos hídricos para las ''actividades industriales''dominio público. De esta maneraSi bien estimamos correcto dicho establecimiento, a diferencia los glaciares ya eran de la media sanción de Diputados, establece implícitamente que ''sirven y son necesarios'' para la actividad industrialdominio público en virtud del art. 2340 del Código Civil(4). Con esto, entre otras cosasEn efecto, las mineras podrán captar nieve de los glaciares y convertirla , compuestos fundamentalmente por agua en agua: no lo dice la leyestado sólido, pero lo pueden hacer si la autoridad satisfacen usos de aplicación provincial considera interés general. En el mismo sentido, el agua que se encuentre en el glaciar ''no sufre impacto''.Ambos proyectos establecen el ambiente periglacial, en tanto también tiende a satisfacer usos de interés general, es de dominio público , es decir, no es susceptible de los glaciaresapropiación privada.
'''(D)''' ''Art. 2° — DefiniciónUno de los artículos más discutidos durante el trámite parlamentario fue el art. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa con relación a los alcances del concepto de hielo perenne estable ambiente periglacial, o sea, al ámbito de aplicación de la norma. Este debate fue, quizás, el más significativo, puesto que fluye lentamente, con o sin agua intersticialen definitiva, formado este artículo establece el bien jurídico tutelado por la recristalización de nieveley, es decir, ubicado en diferentes ecosistemaslas áreas, cualquiera sea su formazonas y geoformas alcanzadas por las disposiciones, dimensión limitaciones y estado prohibiciones de conservaciónla norma. Son parte constituyente La presión ejercida durante el trámite parlamentario para “achicar” los alcances de la norma se encontraba relacionada, justamente, con los ambientes periglaciales, donde los grandes emprendimientos mineros pretenden operar: sea estableciendo allí sus emprendimientos o para la utilización de cada glaciar el material detrítico rocoso y sus recursos hídricos para los cursos internos y superficiales millones de agualitros diarios que necesitan en sus tareas extractivas. AsimismoPara ello, durante las reuniones de Comisión en el Senado Nacional, se entiende por llegó a afirmar maliciosamente que la definición de ambiente periglacial en de la ley abarcaba la mayor parte de nuestro territorio(5). De esta manera, si se achicaba el ámbito de aplicación de la alta montañaley, al también se reducía el área con suelos congelados de acción, estudio e intervención de Inventario Nacional de Glaciares que actúa como regulador del recurso hídricoestablece el art. En 3º de la media ley y baja montaña al área que funciona como regulador , así, quedaba excluida del Inventario la identificación e individualización de recursos hídricos con suelos saturados en hielolos ambientes periglaciales.
'''(S)''' ''ArtTambién generó infundada controversia lo establecido en el art. 2° — Definiciones. A los efectos de la presente ley, la protección se extiende, dentro norma que dispone: “el inventario y monitoreo del ambiente glacial, a estado de los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacialserá realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, a los glaciares Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de escombros; cuerpos la presente ley”. Resulta fundamental que cumplen uno o más el inventario nacional sea realizado por un solo organismo, atento la unicidad de criterio con la que debe ser llevado dicho estudio y que los servicios ambientales glaciares y sociales establecidos en el artículo 1°ambientes periglaciales no reconocen fronteras administrativas. Se entiende Debe desarrollarse una actividad integradora que contemple a la Cordillera como un ecosistema que trasciende los límites artificialmente impuestos por: alas fronteras provinciales. Tampoco encuentra reparos constitucionales la responsabilidad centralizada sobre un ente nacional (IANIGLA) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por para la recristalización confección del Inventario Nacional de Glaciares que establece la nieveley sancionada, cualquiera sea su forma y dimensión; b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne dado que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria; c) Glaciares de escombros: aquellos estos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con sus ecosistemas trascienden los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado contornos jurisdiccionales y con hielo subterráneosu correcto estudio, o con el hielo proveniente metodología e identificación deben realizarse de glaciares descubiertos manera uniforme, integral y cubiertos. Son parte constituyente del ambiente glacial y periglacial protegidosistémica, además del hielo, el material detrítico rocoso y sin perjuicio de la facultad de cada provincia para producir los cursos internos y superficiales de aguaestudios que crea convenientes.
'''Comentario:''' En este artículo, la media sanción del Senado al eliminar la definición Otro de ''ambiente periglacial'', achica notablemente los artículos que generó un gran debate fue el bien jurídico tutelado por la leyart. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones y prohibiciones de la norma ''el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico''ley, como tampoco protege ''en la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados establece las “Actividades prohibidas” en hielo'' (que protege la media sanción de Diputados)los glaciares. Así deja estas importantes y vitales superficies virtualmente sin resguardo y a merced de las corporaciones extractivasEl debate se planteó alrededor del inc. La media sanción de Senadores sólo protege ''dentro b) del ambiente periglacialcitado artículo, a que prohíbe en los glaciares de escombros''“la exploración y explotación minera e hidrocarburífera…”, a diferencia de la media sanción de Diputados y establece que “se incluyen en dicha restricción aquellas que protege todo se desarrollen en el ambiente periglacial, incluso los glaciares de escombrosperiglacial”. Es fácil, si es ''dentro'' es menos que El debate tuvo intrínseca relación con la controversia generada sobre el todoart. En otras palabras2º de la norma, todo aquello que es ambiente periglaciaraquel que define el objeto tutelado, pero no es glaciar de escombrodecir, que es una amplia zonaprecisa, a los efectos de la ley, los conceptos de glaciares y ambiente periglacial. La discusión estaba centrada en la media sanción protección o no del Senado lo desprotege deliberadamentebien común agua. En definitivaPara quienes criticaban la inclusión de dicho inciso, la definición de ambiente periglacial establecida en el área que deja sin protección la media sanción art. 2º de Senadores es justamente la zona donde las megamineras pretenden operar: ya sea estableciendo allí sus emprendimientos o para la utilización ley era imprecisa, y debía ser eliminada. Se trataba, según nuestro entender, de sus recursos hídricos para los millones una estrategia deliberada de litros diarios quienes consideran que necesitan en sus tareas extractivasla megaminería debe desarrollarse aun cuando afecte irremediablemente el ambiente o el bien común agua(6). Por últimoEl debate, las normas no son sólo para ser entendidas que estuvo signado por los definiciones de glaciólogos y especialistas: en la deliberada complejidad terminológica de materia, puso en evidencia los poderosos intereses económicos que afectaban la media sanción de esta ley, que lejos de pretender ser prohibicionista de actividades, es proteccionista del agua y del Senadoambiente, a diferencia en cumplimiento de la otra cuyas definiciones son sencillas, terminará operando a favor manda constitucional establecida por el art. 41 de los que pretendan intervenir sobre los mismosla Carta Magna.
'''(D)''' ''ArtSin perjuicio de que no tuvo grandes críticas, el art. 3º — Inventario7º resulta de gran importancia, porque establece la obligación de realizar una evaluación estratégica del impacto ambiental. Créase el Inventario Nacional Este tipo de evaluación agrega en su estudio los efectos acumulativos y regionales de Glaciareslos emprendimientos a realizarse, es decir, donde se individualizarán todos los glaciares analiza las relaciones de diversos proyectos entre sí y entre ellos y geoformas periglaciales sus contextos sistémicos (estructurales o funcionales)(7). La evaluación de impacto ambiental no puede tener un enfoque individual que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda ignore intereses regionales, de otras provincias o de la información necesaria para su adecuada protecciónNación, control y monitoreoes por ello que es uno de los aspectos relevantes de la ley sancionada.''
'''(S)''' ''ArtPor su parte, el art. 15 también fue otro de los más cuestionados por quienes criticaban la ley en su conjunto. 3º — InventarioEste artículo establece un plazo máximo de 180 días para realizar la Auditoría Ambiental sobre los emprendimientos “actualmente en ejecución”, que empezó a correr a partir de la sanción de la ley. Créase el Además, este artículo establece plazos determinados y concretos, también de 180 días, para la realización del Inventario Nacional de Glaciaresen las zonas en las que, donde se individualizarán todos los glaciares descubiertos, cubiertos y por la existencia de escombros que actúan como reservas hídricas existentes actividades contempladas en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreoart. 6° (“Actividades prohibidas”) se consideren prioritarias.
'''Comentario:''' Al achicarse el bien jurídico tutelado o el ámbito de aplicación No resulta casual que este artículo establezca plazos concretos para la realización de actividades, ya que intenta superar la ley (ver Comentario Artproblemática acaecida con otras normas ambientales. 2º) se reduce también Un ejemplo de ello es el área caso de intervención la Ley nacional de Inventario Nacional Presupuestos Mínimos de Glaciares. Es decir, con la media sanción del Senado, queda excluido del Inventario la identificación e individualización Protección Ambiental de los ambientes periglacialesBosques Nativos (Ley 26. Recordemos 331 [EDLA, 2008-A-29]) que este Inventario es quien determina, a pesar de encontrarse en definitivavigencia desde el año 2007, donde regirán las prohibicionescontinúa actualmente el proceso de desmonte incontrolado de miles de hectáreas, limitaciones y obligaciones establecidas debido a que muchas provincias no han realizado aún el “ordenamiento de los bosques nativos existentes en la leysus territorios” que dispone expresamente dicha norma nacional.
'''(D)''' ''Art. 4º — Información registrada.El inventario nacional Otro de los artículos más conflictivos de glaciares deberá contener la información ley, incorporado por la Cámara de los glaciares Diputados y del ambiente periglacial por cuenca hidrográficaeliminado en el Senado nacional, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacialera el art.Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor a cinco años verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial17, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conformación.establecía:
'''(S)''' ''Art. 4º — Información registrada.El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener En las áreas potencialmente protegidas por la información de los glaciares descubiertospresente ley, cubiertos y no se autorizará la realización de escombros, por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y clasificación morfológicadefinidos los sistemas a proteger. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor a cinco (5) años, verificando los cambios en superficie Ante la solicitud de los glaciaresnuevos emprendimientos, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación y prevención de riesgos.Al efectuarse el Ianigla priorizará la tarea de realización del inventario de glaciares y ambiente periglacial se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultoen el área en cuestión.
'''Comentario:''' La media sanción del SenadoEste artículo pretendía, simplemente, implantar positivamente el Principio Precautorio(8), al achicar que ya se encuentra establecido en el artículo 2º el bien jurídico tutelado art. 4º de la Ley General del Ambiente (ver comentarios a los artsLey 25. 2º y 3º675 [EDLA, 2002-B-165]). Este principio señala que, reduce también en caso de ausencia de información (como ocurre en las áreas donde el área inventario de acciónglaciares aún no ha sido realizado), estudio e intervención debe actuarse preventivamente cuando haya peligro de daño grave o irreversible. En consecuencia, sin perjuicio de la eliminación del Inventario Nacional art. 17 de la ley, la obligación de actuar preventivamente persiste en los lugares donde no esté realizado el inventario de Glaciaresglaciares y ambiente periglacial, sin quepueda autorizarse, ademásentonces, es quien determina donde regirán las prohibiciones, limitaciones y obligaciones establecidas en la ley. Por otro ladohasta tanto ello suceda, el agregado del último párrafo inicio de nuevas actividades: existe una obligación legal de actuar (no permitiendo nuevas actividades) frente a la media sanción del Senado, se encuentra posibilidad de un daño grave o irreversible en el artículo 5º ambiente, incluso ante la duda respecto de la media sanción posibilidad de Diputadosque las actividades prohibidas puedan afectar a los glaciares(9).
'''(D)''' ''Art==II. 5º — Realización La influencia del inventario: El inventario derecho ambiental y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario''su transformación==
'''(S)''' ''Art. 5º — Realización del inventario. El Inventario Nacional Para un correcto examen de Glaciares será realizado por el Instituto Argentino constitucionalidad de Nivologíala norma, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) a fin de poder interpretar correctamente los alcances y conceptos vertidos en coordinación con ella –y las críticas a las que se ve sometida– creemos necesario repasar la autoridad nacional influencia del derecho ambiental y su continuo proceso de aplicación de la presente ley y con otras instituciones nacionales y provinciales competentestransformación.
'''Comentario:''' La media sanción de Senadores agrega arteramente que Justamente, el Inventario Nacional de Glaciares será realizado actual desafío en materia ambiental consiste en coordinación con las ''instituciones (...)provinciales competentes''. De esta manera, a diferencia de comprender adecuadamente la media sanción recepción por parte de Diputados, introduce a las autoridades provinciales en la confección nuestro ordenamiento jurídico del Inventario Nacional de Glaciares. En base a éste último se establecerán las áreas donde regirán las prohibiciones derecho al ambiente y reglamentaciones de la normacómo repercute profundamente sobre los conceptos clásicos del derecho. En definitivaefecto, el Inventario es quien determinará el ámbito de aplicación de la ley. De nada serviría esta ley para proteger los glaciares y joven legislación ambiental ha venido a transformar el ambiente periglacial si el Inventario se distorsiona con las presiones provinciales derecho en la determinación de la metodología su conjunto, atravesando, limitando y en la delimitación del área alterando positivamente el funcionamiento de acción del Inventario. Repetimos éste va a determinar los cuerpos y las áreas protegidos y alcanzados por la normasus distintas ramas. Si se ''olvida'' de inventariar Esta evolución requiere un glaciar o una zona periglacial (o parte de ella), estos quedan desprotegidos por la norma, fuera de ejercicio que permita percibir cabalmente su alcance o ámbito de aplicación, y a merced de las corporaciones mineras.
'''(D)''' ''Art. 6°: Actividades prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o sobre las funciones señaladas concepciones tradicionales del derecho en el artículo 1°materia de responsabilidad civil y penal, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:el concepto de propiedad –que pasa a) La liberaciónadquirir una ‘función ambiental’–, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas la legitimación procesal que se desarrollen amplía sus bases y en el ambiente periglacial. b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos. c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen competencias del Estado en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.dcuanto a su regulación(10) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
'''(S)''' ''Art. 6º — Actividades prohibidas. Se prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2°, o sus funciones señaladas en el artículo 1°, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran en su avance. Se prohíben, en particular, en los cuerpos protegidos definidos en Siguiendo con el artículo 2°, las siguientes actividades: a) La liberación, dispersión o disposición análisis de sustancias o elementos contaminantesLópez Alfonsín, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos; c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera; d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
'''Comentario:''' Este artículo resulta fundamental. Al achicar … el derecho civil recibió el bien jurídico tutelado establecido impacto en el artículo 2º plano de los presupuestos de la responsabilidad; al derecho penal le corresponderá ocuparse de los llamados “delitos ecológicos”; al derecho laboral de las normas de “seguridad e higiene”; al derecho comercial de las negociaciones de carácter lucrativo (ver comentariop. ej. seguros)sobre la temática ambiental; al derecho procesal sobre el problema de la legitimación y mecanismos de protección, y al derecho constitucional le corresponderá, primordialmente, la asignación de las competencias entre el Estado Federal, las provincias y los municipios, también se reduce y el alcance estudio de las prohibiciones establecidas garantías del derecho consagrado a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones actuales y futuras en este artículoel máximo nivel normativo(11).
'''(D)''' ''Art. 7º — Evaluación Esta transformación fue sintetizada con claridad por la sala II de impacto ambiental. Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento la Cámara de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, Apelación en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 Civil y 21 Comercial de la ley 25.675 —ley general del ambiente en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.Se exceptúan provincia de dicho requisito las siguientes actividadesSanta Fe: a) de rescate derivado de emergencias; b) científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial; c) deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
'''(S)''' ''Art. 7º — Evaluación La reforma constitucional de impacto 1994 vino a marcar un antes y un después en materia ambiental. Todas las actividades proyectadas en los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2°, puesto que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a contiene un procedimiento catálogo de evaluación valores constitucionales o “mandatos de impacto ambiental conforme a su escala optimización” como prefiere llamarlos Alexy (Alexy, Robert “Teoría de los Derechos Fundamentales”, traducción Ernesto Garzón Valdéz, Centro de intervenciónEstudios Constitucionales, en Madrid, 1997, págs. 81 y 86/89) a partir del cual debe sostenerse el que deberá garantizarse una instancia pilar de participación ciudadana protección al Ambiente. […] Evidentemente el Derecho Ambiental al no encajar dentro del molde de acuerdo un sistema codificado pasa a lo establecido en los artículos 19constituirse como un verdadero microsistema, 20 con un estatuto jurídico propio y 21 de autosuficiente cuyo pilar central es la ley 25norma fundamental.675 —Ley General del Ambiente— en forma previa […] Lorenzetti califica a su autorización y ejecucióneste fenómeno como el “paradigma ambiental”, conforme que reconoce como sujeto a la normativa vigente. Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades: a) De rescate, derivado de emergencias; b) Científicasnaturaleza, realizadas da preeminencia a pie o los bienes colectivos por sobre esquíeslos individuales y partiendo de lo colectivo reconoce fenómenos que son diferentes, con eventual toma para limitar los derechos individuales operando de muestrasesta manera como un metavalor, puesto que no dejen desechos en es un principio organizativo de todos los glaciares y el ambiente periglacial; cdemás paradigmas (Lorenzetti, Ricardo Luis. “Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho”, Rubinzal Culzoni Editores, 2008, pág. 425) Deportivas. En efecto, incluyendo andinismopor sus particularidades viene a cambiar el rumbo del derrotero incesante de la problemática ambiental, escalada pues en la Carta Magna es donde mejor se patentiza la protección de derechos de incidencia colectiva y deportes no motorizados por sus tintes particulares viene a distinguir a esta rama del derecho como “de avanzada” por su carácter fundamentalmente herético que marca un corte transversal en el resto de las ramas jurídicas que no perturben , como bien refiere el ambienteministro del Máximo Tribunal, convoca “a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo” (Lorenzetti, Ricardo Luis “Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho” Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, pág. 425)(12).
'''Comentario:''' La media sanción del Senado elimina solapadamente la obligación de realizar De esta manera, queda en evidencia que el Derecho ambiental es una evaluación estratégica rama del impacto ambiental. Este tipo de evaluación (estratégica) agrega derecho que, aunque novel en su estudio los efectos acumulativos y regionales de los emprendimientos a realizarse. Es decirnuestro sistema jurídico, analiza impacta directamente sobre las relaciones de diversos proyectos entre sidistintas ramas del Derecho, entre ellos y sus contextos sistémicos (estructurales y/o funcionales). Esto toma especial relevancia si tenemos en cuenta que Pascua—Lama y Veladero forman parte del mismo distrito auríferogenerando un intenso debate sobre las nuevas figuras jurídicas incorporadas a nuestro sistema constitucional, o que Agua Rica se encuentra a tan sólo 34 km de La Alumbrerapuso en evidencia, una vez más, comprenderemos la importancia en el tratamiento de la Evaluación Ambiental Estratégica y el por qué Ley de la omisión deliberada Protección de la media sanción del Senado. Con esta ''omisión'', la media sanción del Senado reduce el estudio a un enfoque individual Glaciares al que ignora intereses regionales, de otras provincias o de la Nación, justo como pretenden los gobernadores como el de San Juaneste artículo pretende aportar.
'''(D)''' ''Art==III. 8º — Autoridades competentes. A Dominio de los efectos recursos naturales: armonía constitucional de la presente ley será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso los artículos 41 y 124 de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351 será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.Constitución Nacional==
'''(S)''' ''Art. 8º — Autoridades competentesCon la reforma constitucional de 1994, quedó establecido, en el art. A los efectos 41 de la presente leyCarta Magna, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las provincias, para quienes dichas normas son obligatorias desde su sanción, las áreas protegidas comprendidas necesarias para complementarlas y adaptarlas a su realidad local. Este artículo constitucional se vio fuertemente cuestionado en sus alcances por la ley 22.351algunas provincias con intereses mineros, será autoridad competente la Administración en ocasión de Parques Nacionales.En el Sector Antártico Argentino será autoridad competente tratarse parlamentariamente la Dirección Nacional ley que es objeto del Antárticopresente artículo.
'''Comentario:''' Sin diferencias sustancialesDebe comprenderse que, con la reforma constitucional de 1994, se estableció un nuevo reparto de competencias entre la Nación y las provincias mediante la introducción de un nuevo marco legal denominado “presupuestos mínimos de protección ambiental”. Éste se proyecta como un bloque normativo tendiente a garantizar una mínima y uniforme legislación ambiental para todo el país generada desde la Nación, y una legislación complementaria y maximizadora gestada por las provincias bajo el régimen federal establecido en el art. 1º de la Constitución Nacional.
'''(D)''' ''Art. 9º — Autoridad Esta franja normativa delegada en la Nación tiene implicancias de gran trascendencia al regular materias que antes de la reforma constituyente eran, de manera indiscutida, potestad de aplicaciónlas provincias. Será autoridad Esta delegación normativa sobre una porción de aplicación las atribuciones provinciales en la materia ambiental ha generado profusa doctrina y jurisprudencia que interpretan el verdadero alcance de la presente ley delegación que, sin lugar a dudas, asigna a la Nación temas antes reservados a las provincias, en el organismo nacional ámbito de mayor nivel jerárquico con competencia ambientalsus respectivas jurisdicciones.
'''(S)''' ''Art. 9º — Autoridad nacional de aplicación. Será autoridad nacional de aplicación de Así, con los denominados “presupuestos mínimos” se construye un novedoso edificio normativo para la problemática ambiental en la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico Argentina, con competencia ambientaluna clara organización federal.
'''Comentario:''' Sin diferenciasAhora bien, con este nuevo régimen competencial se incluye también lo relativo a los recursos naturales que, por regla general, están reservados a las provincias y que, pese a la ratificación del dominio de las provincias sobre los mismos –dada por el art. 124 de la Constitución Nacional– la reforma constitucional de 1994 modificó, implícitamente y de manera parcial, lo absoluto de dicho concepto, por lo dispuesto en el nuevo art. 41 de la Carta Magna. En consecuencia, las provincias no pueden disponer exclusiva y discrecionalmente de sus recursos naturales.
'''(D)''' ''ArtAsimismo, el art. 10. Funciones. Serán funciones 124 de la autoridad nacional de aplicación: a) formular las acciones conducentes a la conservación y protección nuestra Constitución Nacional nos habla del dominio originario de los glaciares y del ambiente periglacialrecursos naturales. Debemos distinguir, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provinciaseste punto, en el ámbito del Consejo Federal dominio de Medioambiente (COFEMA) y la jurisdicción. Esta distinción puede verse con los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional claridad en el ámbito de sus respectivas competencias;bla Ley 22.421 (EDLA, 1981-115) aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación , de los glaciares y el ambiente periglacialFauna Silvestre, tanto en donde se establece que el comercio interjurisdiccional de la órbita fauna es competencia nacional como ; en el marco art. 1º de los acuerdos internacionales sobre cambio climático; c) coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional Ley 24.051 de GlaciaresResiduos Peligrosos (EDLA, 1992-15), en lo relativo a través del Instituto Argentino de Nivologíala generación, manipulación, transporte, Glaciología tratamiento y Ciencias Ambientales disposición final de residuos peligrosos (Ianigla13); d) elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares y en el ambiente periglacial o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso art. 7º de la Nación; e) asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreoley 25.675 (EDLA, fiscalización y protección de glaciares; f2002-B-165) crear programas respecto de promoción e incentivo a la investigación; g) desarrollar campañas de educación e información jurisdicción competente para resolver los conflictos judiciales en materia ambiental conforme los objetivos (estableciéndose que será competencia federal cuando se trate de la presente ley; hdegradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales) incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
'''(S)''' ''Art. 10. — Funciones. Serán funciones de En el mismo sentido, la autoridad nacional de aplicación: a) Formular las acciones conducentes a histórica sentencia del 8/7/08 emitida por la conservación y protección Corte Suprema de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes Justicia de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente la Nación (COFEMACSJN), y con los ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;bla causa “Mendoza”(14) Aportar a la formulación de una política referente condena al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares, tanto en la órbita Estado nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático; c) Coordinar (juntamente con la realización provincia y actualización del Inventario Nacional la ciudad de GlaciaresBuenos Aires). Esta responsabilidad, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla); d) Elaborar establecida por la CSJN sobre un informe periódico sobre el estado curso de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades agua que se realicen sobre glaciares o sus zonas no es de influenciadominio nacional, el que será remitido al Congreso sino de la Nación; e) Asesorar Provincia y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreola Ciudad, fiscalización y protección de glaciares; f) Crear programas resulta un evidente ejemplo de promoción e incentivo a la investigación;g) Desarrollar campañas de educación e información jurisdicción ambiental conforme los objetivos de la presente ley; h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones Nación en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco el caso de Naciones Unidas sobre Cambio Climáticocuencas interjurisdiccionales.
'''Comentario:''' No resulta un dato menor señalar que la media sanción del Senado excluye al ambiente periglacial La ley de las funciones y obligaciones protección de la autoridad nacional de aplicación, en concordancia con la omisión ya realizada en el artículo 2º (ver comentario art. 2º)los glaciares apunta
'''(D)''' ''Art. 11. — Infracciones y sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de a proteger las reglamentaciones que en su consecuencia se dictencuencas hídricas, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran correspondercuales presentan una unidad ecológica y funcional, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme al poder de policía que les correspondecarácter interprovincial, las que y por ende no podrán ser inferiores pertenecen a las aquí establecidasuna sola jurisdicción provincial. Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional: aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a) apercibimiento; b) multa través de cien (100) uno o más provincias, regando campos y ciudades, abasteciendo así a cien mil (100diferentes poblaciones.000) sueldos básicos Al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado nacional el ser garante de la categoría inicial unidad de la administración pública nacionalcuenca,c) suspensión dado que cualquier actuación o revocación determinación legal en la gestión de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser aguas afecta a todos los territorios de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo las circunstancias del caso; d) cese definitivo de la actividad. Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción donde se realizó la infracción y se regirán distintas provincias por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose éstas discurren. El objetivo es así lograr el debido proceso legal, mejor instrumento para un uso eficiente y se graduarán sostenible de acuerdo a un recurso escaso y vulnerable, garantizando la naturaleza solidaridad entre las diferentes provincias, en función de un concepto de la infracciónterritorio nacional(15).
'''(S)''' ''Art. 11. — Infracciones y sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dictenAsí, sin perjuicio de las demás responsabilidades resulta evidente que pudieran corresponderlos glaciares brindan servicios ambientales a toda la sociedad, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les correspondeexcediendo los límites provinciales, las por lo que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional: a) Apercibimiento; b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso; d) Cese definitivo de la actividad. Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán su preservación debe estar garantizada por las normas de procedimiento administrativo una norma que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo atienda a la naturaleza los intereses de toda la infracciónsociedad argentina.
'''Comentario:''' Sin diferencias==IV. Constitucionalidad de las prohibiciones de la norma==
'''(D)''' ''Art. 12. — Reincidencia. En caso de reincidencia los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5a) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción haya sido sancionado por otra infracción Objeto de causa ambiental.protección
'''(S)''' ''Art. 12. — Reincidencia. En caso de reincidenciaResulta innegable que el agua es un recurso crítico para el desarrollo vital, individual, social, los mínimos productivo y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarseecosistemas. Se considerará reincidente al También lo es que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha existencia y calidad de comisión vida de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambientallas presentes y futuras generaciones está inescindiblemente unida a su cuidado y protección.
'''Comentario:''' Sin diferenciasLa situación de degradación y retroceso de la que son objeto las masas de hielo del planeta debido a los efectos del cambio climático, y a las intervenciones directas e indirectas de los proyectos productivos generados en sus zonas de influencia, han suscitado la preocupación científica y ciudadana por el futuro de los glaciares.
'''(D)''' ''Art. 13. &mdashUn glaciar es un sistema abierto, con interacciones internas y con el medio ambiente; Responsabilidad Solidariaesto le da una dinámica compleja cuya formación obedece a condiciones ambientales únicas y de alta fragilidad. Cuando el infractor fuere una persona jurídicaPor ello, cualquier acción que se desarrolle sobre los que tengan glaciares o en territorios circundantes puede generar una gran vulnerabilidad a su cargo la direcciónlos ecosistemas de montaña, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas poniendo en riesgo a toda la presente leypoblación que se abastece de agua de los glaciares gracias a los deshielos.
'''(S)''' ''Art. 13. — Responsabilidad solidaria. Cuando En años de escasa precipitación nival en la cordillera, los glaciares suministran hasta el infractor fuere una persona jurídica70% de los caudales de los ríos en Mendoza y San Juan, los porcentaje que tengan a su cargo se incrementa hasta el 85% si se considera la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros(16). Este balance les confiere a las sanciones establecidas masas de hielo en los Andes Centrales un papel fundamental en la presente leyregulación del recurso hídrico. En años particularmente húmedos, el agua se acumula en estos cuerpos de hielo para ser entregada posteriormente cuando el recurso agua se torna más escaso(17).
'''Comentario:''' Sin diferenciasFrente a esta problemática mundial, las autoridades deben adoptar decisiones preventivas y precautorias para resguardar este recurso esencial, otorgándole, así, razonabilidad y proporcionalidad a la sanción de la ley y las disposiciones y prohibiciones allí establecidas.
'''(Db)''' ''Art. 14. — Destino de los importes percibidos. Los importes percibidos por las autoridades competentes en concepto de multas se destinarán prioritariamente a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.Principios ambientales
'''Ahora bien, la ley General del Ambiente (Sley 25.675)''' ''Art. 14. — Destino consagra la aplicación de los importes percibidos. Los importes percibidos por las autoridades competentes, en concepto principios ambientales de multastrascendente importancia, se destinarántales como los principios Preventivo, prioritariamente, a la protección Precautorio y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdiccionesSustentabilidad.
'''ComentarioLa Ley 25.675 obliga, al interpretar las normas de protección ambiental –sean nacionales, provinciales o municipales– a respetar los principios enunciados en su art. 4°:''' Sin diferencias.
'''(D)''' ''Art. 15. — Disposición transitoria. En un plazo máximo de sesenta (60) a partir de la sanción Artículo 4: La interpretación y aplicación de la presente ley, el Ianigla presentará y de toda otra norma a la autoridad nacional través de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de 180 días. Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda ejecute la información pertinente que el citado instituto le requiera. Las actividades descritas en el artículo 6° en ejecución política ambiental estarán sujetas al momento de la sanción cumplimiento de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de 180 días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2° las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.siguientes principios:
'''(S)''' ''Art. 15. — Disposición transitoria. En un plazo máximo Principio de sesenta (60) días a partir de la sanción de la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en prevención: las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias. Al efecto, causas y las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado instituto le requiera. Las autoridades competentes deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir fuentes de la culminación del inventario de la jurisdicción provincial, someter a las actividades mencionadas, a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos problemas ambientales generados sobre los cuerpos protegidos definidos se atenderán en el artículo 2°. El costo de la auditoría correrá por cuenta forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los titulares responsables de las actividades. Los resultados de la auditoría deberán presentarse a las autoridades competentes. En caso de verificarse impactos significativos, dichas autoridades ordenarán las medidas pertinentes para garantizar efectos negativos que sobre el cumplimiento de la presente leyambiente se puedan producir.
'''ComentarioPrincipio precautorio:''' No resulta casual la confusa redacción del artículo 15° ausencia de la media sanción del Senado que se transforma en la llave información o certeza científica no será motivo para continuar desarrollando libremente la actividad minera, actualmente en ejecución, sobre lo que la propia ley expresamente prohíbe. La media sanción del Senado establece que la Auditoria Ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice ''en inacción frente a un plazo máximo peligro de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción...'' La diferencia con la media sanción de Diputados es sustancial, atento que aquí daño grave o irreversible en el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental empieza a correr a partir de la sanción de la ley. Con la redacción de la media sanción del Senadoambiente, la Auditoria Ambiental se transforma en facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite salud o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley la media sanción del Senado terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua—Lama. Tampoco la media sanción del Senado establece plazos determinados y concretos para la realización del Inventario Nacional de Glaciares en las zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias, a diferencia de la media sanción de Diputados que establece —taxativamente— un plazo de 180 días para esta labor en dichas zonasseguridad pública. Esta problemática de la ausencia de aplicación de normas nacionales por cuestiones atribuibles a las provincias no es una hipótesis descabellada. Recordemos que, a pesar de encontrarse en vigencia desde el año 2007 la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, se siguen desmontando miles de hectáreas porque las provincias no han realizado el ''Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus territorios'' que ordenaba expresamente dicha norma nacional.
'''(D)''' ''Art. 16. — Sector Antártico Argentino. En Principio de sustentabilidad: el desarrollo económico y social y el Sector Antártico Argentinoaprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, la aplicación de la presente ley estará sujeta a manera tal, que no comprometa las posibilidades de las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico generaciones presentes y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medioambientefuturas.''
'''(S)''' ''Art. 16. — Sector Antártico Argentino. En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.Los principios ambientales pueden ser caracterizados como
'''Comentario:''' Sin diferencias... las líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos(18).
'''(D)''' ''ArtSiguiendo, para el desarrollo de este punto, la didáctica exposición de Prado J. 17: En García Martínez, la primera función que cumplen los principios es la de orientar al legislador para que las áreas potencialmente protegidas por la presente leyleyes que se dicten se ajusten a ellos. Tienen una función interpretadora, operando como criterio orientador del juez o del intérprete. Los principios generales, y en especial los principios generales propios de una rama especial del derecho, sirven de filtro o purificador, no se autorizará cuando existe una contradicción entre estos principios y determinadas normas que quieran aplicarse a la realización rama específica. Suelen servir como diques de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado contención, ante el inventario y definidos los sistemas avance disfuncional de disposiciones legales correspondientes a protegerotras ramas del derecho. Ante No solamente sirven como valla defensiva contra la solicitud invasión de nuevos emprendimientosotras legislaciones, sino que también actúan como cuña expansiva para lograr el Ianigla priorizará desarrollo, fortalecimiento y consolidación de las técnicas, medidas y regulaciones propias o adecuadas para el ensanchamiento de las fronteras de la realización del inventario en el área en cuestión''especialidad.
'''Comentario:''' Este artículo de la media sanción de Diputados esEn resumen, simplemente, la aplicación los principios sirven como criterio orientador del Principio Precautorio que establece derecho para el operador jurídico. Constituyen el artículo 4º de la Ley General fundamento o razón fundamental del Ambiente (Nº 25.675)sistema jurídico ambiental. Este principio, en caso de ausencia de información (como ocurre en las áreas donde Son el inventario no ha sido realizado aún)soporte básico del ordenamiento, obliga prestando a actuar preventivamente cuando haya peligro de daño grave o irreversible. Así, resulta claro que, en los lugares donde no esté finiquitado el inventario de Glaciares y ambiente Periglacial no pueden autorizarse nuevas actividadeséste su verdadera significación.
'''(D)''' ''Art. 18.— La presente ley se reglamentará en En el plazo sentido señalado, es necesario desarrollar cada uno de 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficiallos principios reseñados con anterioridad.
'''(S)''' ''Art. 17. — Reglamentación. La presente ley se reglamentará en el plazo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial1.Principio preventivo
'''Comentario:''' Sin diferenciasEs preciso tener en cuenta que al hablar de daño al ambiente no se está hablando siempre de un daño concreto resultado de una conducta, sino que se habla de un daño potencial, ya que no sólo se trata de la aplicación de un “remedio” sino que se trata de la prevención del mismo, de evitar que se produzcan los daños para no tener que “remediarlos”.
==Comentario final==En resumenEl derecho ambiental, en su raíz constitucional, es fundamentalmente prevención. Así surge del imperativo contenido en el art. 41 de la media Carta Magna que impone a todos los habitantes de la Nación el deber de preservar el ambiente. Lo mismo se deduce sin dificultad de la prescripción que establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer”. Como señala acertadamente Horacio Rosatti(19), el vocablo “prioritariamente” indica una “preocupación meta-materialista” de la Constitución: el deseo de preservar un acervo físico, material, natural, histórico y cultural que hace a nuestra identidad y que se traduce en una opción por volver las cosas a su estado anterior al daño, en la medida de lo posible y con preferencia de cualquier tipo de indemnización o sanción del Senado Nacional:, aunque sin perjuicio de ellas, por cierto.
# Achica deliberada y notablemente el alcance El énfasis preventivo constituye uno de la norma y el bien jurídico tutelado.# Reduce las zonas donde van a regir las prohibiciones de la ley.# Reduce el área de acción, estudio e intervención del Inventario Nacional de Glaciares.# Incorpora como Servicio Ambiental de los glaciares y del ambiente periglacial la reserva de recursos hídricos para las ''actividades industriales''.# Elimina la obligación de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica.# Incorpora a las autoridades provinciales en la confección del Inventario Nacional de Glaciares.# Reduce las funciones y obligaciones de la Autoridad Nacional de Aplicación.# No establece plazos determinados para la realización de las Auditorias Ambientales sobre los emprendimientos actualmente en ejecución.# No establece plazos determinados para la realización caracteres por rasgos peculiares del Inventario Nacional de Glaciares en las zonas potencialmente intervenidas y consideradas prioritarias.# Omite aplicar el Principio Precautorio en las zonas donde no esté concluido el Inventario Nacional de Glaciaresderecho ambiental(20).
Además, la doctrina judicial ha llegado a decir: “asignamos a la prevención en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto”(21). 2. Principio precautorio El principio de precaución fue enunciado inicialmente por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio climático, creado en 1987, por decisiones congruentes de la Organización Metereológica Mundial y el PNUMA. Lo recogió la Declaración Ministerial de la II Conferencia Mundial del Clima, para aparecer consagrado en el inc. 3º del art. 3º del Convenio Marco sobre el Cambio Climático, negociado entre febrero de 1991 y mayo de 1992, con los auspicios de las Naciones Unidas. También aparece como principio 15, en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, en 1992. Constituye uno de los cuatro principios incorporados al art. 130 R-2, en que el tratado de Maastricht de la Unión Europea fundamenta la Acción de la Comunidad(22). Obsérvese que nuestro texto legal hace aún más estricto el Principio 15 de la Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que lo restringía a la falta de certeza científica absoluta. En la precaución no se actúa sobre riesgos ciertos (como ocurre con la prevención), sino sobre riesgos inciertos. Estamos en un ámbito en el que domina la incertidumbre. No se sabe con certeza si algo puede causar un daño y, consecuentemente, no se sabe si algo puede ser dañado. El principio de prevención opera sobre la certidumbre, es decir, los efectos o impactos de la acción pueden identificarse, valorarse y, por lo tanto, corregirse en la fuente, mitigarse o evitarse. En cambio, el principio precautorio opera sobre la incertidumbre, ante la posibilidad de un peligro de daño grave o irreversible, no se sabe si el daño efectivamente se producirá. En contra de lo que pudiera parecer, el principio precautorio no supone una resistencia al “desarrollo”. Por el contrario, de lo que se trata es de incentivar las propuestas de modos alternativos de desarrollo, que sean compatibles con el ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 3. Principio de sustentabilidad Este principio repite con otro lenguaje el principio de equidad intergeneracional cuando dispone que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 4. La aplicación de estos principios al caso en estudio Resulta evidente que estos principios son los que guiaron a los legisladores en la sanción de la ley. Por las características propias de las actividades contempladas en el art. 6º de la ley, se evidencia plenamente la necesidad de las prohibiciones allí establecidas, interpretándolas bajo la luz de los principios preventivo, precautorio y de sustentabilidad. Con el principio preventivo, se tiene identificado a los eventuales causantes del daño (las actividades prohibidas en el art. 6º) y las cosas que pueden ser dañadas (los glaciares y el ambiente periglacial). La prevención nos debe llevar, en consecuencia, a una gestión del riesgo que apunte a evitar el daño, actuando sobre el peligro y anulándolo. Por su parte, el principio precautorio obliga a las autoridades –tal como señala Morales Lamberti– a guiar su accionar a la prevención de riesgos sobre la base de antecedentes razonables, aun cuando no exista la prueba o la certeza absoluta del daño, y no constituye razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente(23). Por último, las prohibiciones persiguen un fin de sustentabilidad del desarrollo económico, social y del aprovechamiento de los recursos naturales(24) que no comprometa las posibilidades de desarrollo tanto de las generaciones presentes como de las futuras. La ley no realiza una absoluta y generalizada prohibición de actividades(25), sino que sólo prohíbe exclusiva y razonablemente aquellas que se realizan sobre glaciares y ambientes periglaciares y aquellas “que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el art. 1º, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance”, es decir que, por sus propias características, tienen la potencialidad de causar un daño irreparable a los glaciares. Y esto no es más que la aplicación de los principios preventivo y precautorio que consagra la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Las actividades taxativamente prohibidas por la ley, por las características inherentes de las mismas, provocan, al menos, una duda razonable que dispara la obligación constitucional de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir con el desarrollo de actividad minera o hidrocarburífera en ecosistemas tan frágiles y vulnerables como los protegidos por la ley. c) Razonabilidad de las prohibiciones El concepto de “presupuestos mínimos” no debe entenderse como legislación laxa o débil, por el contrario, puede (y debe, en muchos casos) ser por sí misma severa. En este sentido, los constituyentes han resuelto denominar a esta porción delegada como “presupuestos mínimos” y no “estándares mínimos de protección”, siendo mucho más comprensivo el concepto que el referido a simples parámetros. La posibilidad de prohibir actividades no encuentra contradicción con la definición del concepto de presupuesto mínimo que se establece en el art. 6º de la ley 25.675(26). Tal como se señaló por distintas organizaciones ambientalistas durante el trámite de la norma: Estas normas pueden –y deben cuando se trata de proteger recursos de especial fragilidad como los glaciares– establecer una tutela rigurosa y exigente, como lo hace el proyecto de ley sancionado en la Cámara de Diputados […]. Por otro lado, es falaz que el Congreso Nacional no pueda establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental prohibiendo el desarrollo de determinadas actividades, o su instalación en determinados sitios o el uso de ciertos elementos o sustancias. Lo ha hecho a través de las siguientes leyes, las cuales se encuentran vigentes y en pleno proceso de implementación: - Ley Nº 25.670 de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs EDLA, tomo 2002-B-159): en esta norma se establece la prohibición de ingreso al país de PCBs, de equipos que los contengan, y las actividades de producción, comercialización y reposición en equipos en uso. - Ley N° 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios (EDLA, tomo 2004-B-54): establece que los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, sumando la prohibición de su emplazamiento en dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural, como también en sitios inundables. - Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: prohibió los desmontes durante el plazo de Ordenamiento Territorial Ambiental del bosque nativo; prohíbe los desmontes en las áreas clasificadas como Categorías I (rojo) y II (amarillo); prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles, y finalmente expresamente requiere la realización del procedimiento de EIA en los términos de la Ley General del Ambiente con amplia participación ciudadana mediante audiencias y consultas públicas y el adecuado y previo acceso a la información pública ambiental. - Ley N° 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema en todo el territorio nacional (EDLA, boletín n° 2/2001-15): establece la prohibición de toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización, la cual sólo puede otorgarse en el marco del cumplimiento de condiciones específicas. En suma, el Congreso Nacional –al igual que los restantes poderes en los distintos niveles de la federación– tiene la responsabilidad de proveer a la protección del derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, garantizando el goce del mismo a las presentes y futuras generaciones. En esta línea, se encuentra plenamente facultado a través del art. 41 de la CN para dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que establezcan prohibiciones y requerimientos en aras de una mejor calidad ambiental, y con base en los Principios de Prevención, Precaución, Equidad Intergeneracional y Sustentabilidad que son derecho positivo en Argentina a través de la Ley General del Ambiente”(27). Por su parte, el propio Código de Minería, también dictado por el Congreso Nacional por imperio del art. 75, inc. 12, establece expresas prohibiciones de emprenderse trabajos mineros en determinadas circunstancias(28). Estas razonables prohibiciones, de realizar trabajos mineros en cercanías de lugares que se pretenden preservar por distintas motivaciones, (29) nunca han recibido objeciones doctrinarias y jurisprudenciales importantes (30). Pero lo que resulta paradójico es que el ataque de algunas de las provincias cordilleranas a la ley de protección de glaciares, por las prohibiciones establecidas en dicha norma para proteger un recurso vital para la existencia humana, sea acompañado por una sorprendente indiferencia a la limitación establecida por el art. 9º del Código de Minería (31), que instituye la prohibición del Estado (incluso los provinciales) de explotar y disponer de las minas de las que ejercen el dominio originario, disposición que sólo se sustenta por motivos economicistas. d) No existen derechos adquiridos a contaminar Estimamos conveniente analizar ahora la posibilidad de la afectación de derechos adquiridos por las prohibiciones establecidas en el art. 6º de la ley. Adelantamos nuestra opinión negativa. No existen derechos individuales que puedan vulnerar o alterar el derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el derecho humano a un ambiente sano, que –como señalamos anteriormente– repercute hondamente sobre las concepciones tradicionales de la totalidad del derecho, por ejemplo, en el concepto de propiedad –que pasa a adquirir una “función ambiental”– o en el concepto de desarrollo, que pasa a ser obligatoriamente “sustentable”. Ya hemos dicho que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión del ambiente que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Coincidimos con la Dra. García Minella en cuanto a que quien adhiera al modelo de desarrollo sustentable acepta que la variable ambiental atraviesa de manera horizontal todas las políticas de Estado(32), incluso obviamente las actividades productivas. En relación con el argumento esgrimido en torno a la posible inconstitucionalidad de la norma, en virtud de los supuestos “derechos adquiridos” por parte de las empresas que serían afectados por esta norma, dando lugar a una avalancha de juicios contra el Estado nacional y los provinciales, vale recordar dos fallos importantes: 1. “Saladeros de Barracas c. Provincia de Buenos Aires” En la década del ochenta, Miguel Marienhoff enseñaba: “Las ‘medidas de policía de la propiedad’, tienen en miras el ‘interés público’”; y estas medidas, agrega: “no sólo pueden referirse al ejercicio del derecho de ‘propiedad’, sino también al ejercicio de la ‘libertad’ individual (v. gr., ejercicio de una profesión o industria” (33). En el mismo artículo Marienhoff recuerda un importante antecedente, cuyo conocimiento llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me refiero al conocido caso de los saladeros de Barracas (34). Es un antecedente interesantísimo, por cuanto en él nuestro máximo Tribunal, al confirmar el cese de una industria perjudicial para la salud pública, con toda razón declaró, además, la irresponsabilidad del Estado por los daños sufridos al ordenar la cesación del ejercicio de una industria dañosa para el interés público. Era una industria que, por no ejercerse en “estado legal”, a su respecto no podía invocarse el carácter de “industria lícita”, no pudiendo entonces merecer el amparo constitucional(35). El Alto Tribunal dijo lo siguiente al rechazar la demanda promovida: Que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivo a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria. Además, rechazó la indemnización de daños y perjuicios solicitada, porque la orden de cesar en el ejercicio de semejante industria no era contraria a la Constitución ni atacaba el derecho de propiedad. En definitiva, se absolvió de la demanda a la provincia de Buenos Aires, atento que los dueños de los saladeros habían violado abiertamente el principio general e implícito en toda licencia, permiso o concesión administrativos, relativo a que tales actos, bajo pena de nulidad, se otorgan siempre “sin perjuicio de terceros”, receptando así el viejo principio capital de derecho alterum non laedere, ya mencionado en la “Instituta” y el “Digesto” del antiguo Derecho romano. 2. “Laguna Llancanello” (‘Asociación Oikos Red Ambiental c. Provincia de Mendoza s/amparo’) En este otro caso, el juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo incoada contra el Gobierno de la provincia de Mendoza por la “Asociación Oikos Red Ambiental”, supeditando la explotación petrolera autorizada por la Provincia de Mendoza a la efectiva previa delimitación geográfica del área natural protegida denominada “Reserva Fáunica Laguna Llancanelo”. Apelada la sentencia, la Cámara la confirmó. Ante este pronunciamiento, la empresa Repsol YPF y el gobierno provincial interpusieron recursos de casación e inconstitucionalidad, en los que destacaron que la explotación del área Llancanelo sería un rasgo habitual de la zona al momento de su declaración como área protegida36 y existiría un derecho adquirido a continuar con la explotación en la zona. Estos argumentos fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que en su fallo(37) ha dicho: ... la ley 6045 se impone con la primacía que le otorga su carácter de defensa del interés colectivo, por cuanto “el Derecho Ambiental es sustancialmente derecho público. La tutela del ambiente apunta a mejorar la calidad de vida de la humanidad y a lograr el desarrollo sostenible como legado para las generaciones futuras” (Jorge Bustamante Alsina, “Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 51)... ... El carácter señalado de orden público descarta también la posibilidad de planteos acerca de presuntos derechos adquiridos a continuar con explotaciones que esa normativa legal prohibiera expresamente, como es el caso concreto de la explotación de hidrocarburos dentro de las áreas naturales protegidas... ... El desconocimiento de la ley 6045 implica también ignorar la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de la Nación que ha establecido que «la modificación de las normas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad (doctrina de Fallos: 283:360; 315:839 y muchos más)... Existe un Orden Público Ambiental inalienable e indisponible para las partes, en el que se encuentran involucrados otros derechos y garantías constitucionales denominadas biológicas y sociales. La preservación del medio como manera de garantizar la vida y la salud individual y de la comunidad en su conjunto importa un “interés público relevante”, que requiere de todos los ámbitos de actuación positiva por parte del Estado. A raíz del fallo de Laguna Llancanello, el Dr. José Sebastián Elías realizó las consideraciones que se transcriben a continuación y que ilustran, de manera contundente, la cuestión relacionada con los supuestos “derechos adquiridos” que podrían afectar la ley en estudio(38): La solución a la que arriba la Corte en punto a dichos argumentos es, sin duda, correcta. Es claro que no existe una cuasi posesión del derecho a contaminar el ambiente, como externalidad negativa del usufructo del terreno, por el sólo hecho de venir haciéndolo desde épocas inmemoriales y que permita considerarlo un derecho adquirido. Por aplicación del principio «alterum non laedere», no parece que prima facie pueda hablarse del derecho a producir un daño... Podría discutirse eventualmente si corresponde que se indemnice a quien ha sido privado, parcialmente, de los beneficios que le fueran concedidos por el decreto nacional 1764/93 y normativa concordante [...] Adelanto, sin embargo, mi opinión en el sentido negativo, por las razones que derivan de la argumentación que enseguida esbozare. … Cualesquiera sean las normas en que la empresa petrolera funde la existencia de supuestos derechos adquiridos, las mismas –en tanto permitan la degradación de la reserva fáunica– resultan inconstitucionales, y ningún derecho puede haberse consolidado al abrigo de ellas. Por ello, no haría falta argumentar sobre la preeminencia del orden público frente a alegados derechos adquiridos. Simplemente, no habría derechos adquiridos. Las normas invocadas serían inconstitucionales por permitir actividades dañosas al ambiente tutelado... … el derecho ambiental es esencialmente dinámico, y debe ser interpretado al compás de los avances y modificaciones en el cono-cimiento científico. Si antes se desconocía absolutamente el potencial dañoso de determinada actividad, y por eso no se la prohibió expresamente, y luego se descubre el riesgo, no resulta válido argumentar que ya no puede prohibirse la actividad por cuanto antes no se la había prohibido... En conclusión, las prohibiciones establecidas en el art. 6º de la Ley de Protección de Glaciares no afectan derechos adquiridos, atento que las actividades allí prohibidas poseen, al menos, la aptitud de poner en riesgo el bien jurídico tutelado, lo que provoca que ningún derecho puede haberse consolidado al amparo de ellas. No existen derechos individuales adquiridos que puedan vulnerar o alterar el derecho constitucional a un ambiente, sano y equilibrado vinculado con la propia existencia del hombre y su calidad de vida que, como vimos, repercute profundamente sobre las concepciones tradicionales de la totalidad del Derecho. ==V. Obligación de cumplir con la legislación ambiental sobreviniente== Hemos dicho que la ley de Protección de Glaciares es una exigencia ambiental que debe interpretarse en el marco del dinamismo que caracteriza al Derecho ambiental. Asimismo, las obligaciones allí establecidas son obligatorias desde su sanción, aun obviamente, en las relaciones jurídicas preexistentes. En relación con la obligación legal de atender las exigencias ambientales sobrevinientes, Moisset de Espanes(39) sostiene que “los efectos que se produzcan con posterioridad a la vigencia de la norma, quedarán atrapados en ella, aunque los haya generado una situación jurídica existente, y ello se produce sin vulnerar el principio de irretroactividad, por aplicación del principio de efecto inmediato, que en realidad tiene efecto para el futuro”. La jurisprudencia(40) ha expresado, en igual sentido, que el principio de irretroactividad establecido en el art. 3º del Cód. Civil, a través de su modificación por la Ley 17.711, admite la aplicación inmediata de la ley sobre las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas ya existentes, en la medida que tales consecuencias se verifican para el futuro y a partir de la vigencia de la nueva ley. La Red de Asistencia Jurídica (RedAJ) realiza un completo análisis sobre esta cuestión, al afirmar: … aún habiendo nacido la ‘situación jurídica’ de ‘propietario minero’ antes de la sanción de la ley en cuestión, los efectos de tal situación (entre ellos explotar minerales en la medida que así lo permitan las reglas de preservación ambiental [art. 233 CM t.o.]) que se produzcan luego de esa norma deben regirse por la misma. Es cierto que el minero con la concesión adquiere un derecho perpetuo, siempre que sea otorgado de acuerdo a la ley. Pero ese derecho, no importa una simple autorización a explotar sin atender las exigencias ambientales. El mismo Código de Minería exige que bianualmente el minero renueve la autorización para explotar la mina desde el punto de vista ambiental a través de la EIA (arts. 251 y sgtes. CM t.o.). Y por ello, las exigencias ambientales establecidas en la ley de protección ambiental es una pauta más que deberá cumplir quien pretenda explotar la minería de manera lícita en las provincias en que aquellas se dictaron. No se niega que las empresas detenten derechos de exploración o explotación –según el caso– de minerales, pero ello no quita que pueda explotarlos como quiera, sino sólo dentro de la ley(41). Para la actividad minera, a su vez, es el propio Código de Minería (en su art. 233) el que establece que la actividad debe desarrollarse respetando las normas de policía y conservación del ambiente y “las que oportunamente se establezcan en virtud del art. 41 de la Constitución Nacional”, como lo es la Ley de Protección de Glaciares. ==VI. Conclusión== La ley que aquí hemos analizado es de una importancia suprema para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, en el marco de una coyuntura ambiental internacional que señala al agua como un bien escaso, estratégico y codiciado. Tras el largo derrotero para la aprobación de la norma, la aplicación efectiva de sus disposiciones y obligaciones depende ahora de la voluntad política de las autoridades nacionales y provinciales. En este sentido, recién el 28 de febrero pasado la Presidenta de la Nación aprobó la Reglamentación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial(42). Advertimos que la reglamentación es, a todas luces, incompleta, en tanto por medio de ella se evita deliberadamente poner en inmediata ejecución el inventario de glaciares y ambiente periglacial en las zonas donde se encuentran desarrollando actividades extractivas (43), tal como lo ordena expresamente el art. 15 que no ha sido reglamentado. Esta omisión, a su vez, no resuelve la incertidumbre respecto del proceso por el que se procederá a realizar las auditorías ambientales de las actividades descriptas por la norma. Aun cuando se pueda considerar que dichas precisiones podrían ser realizadas a través de otros actos jurídicos, no hay –a la fecha de finalización de este artículo– ningún acto de la Administración tendiente a dar cumplimiento íntegro a lo exigido por la norma. Ello torna inminente –y ya inevitable– el incumplimiento de los plazos perentorios establecidos por la Ley 26.639, dando lugar a la necesidad urgente de aplicar al caso el principio precautorio, con la consecuente paralización preventiva de los emprendimientos actualmente en ejecución, hasta tanto se dé cumplimento efectivo a las obligaciones de la ley. De esta manera, esta deficiente reglamentación, sumada a las medidas cautelares dictadas en la provincia de San Juan(44), conforma un escenario cuanto menos– preocupante, máxime cuando se trata, nada más y nada menos, de proteger a las fábricas de agua. ==Inventario de los glaciares argentinos==El artículo 3º de la Ley 26639 crea el Inventario Nacional de Glaciares cuya realización se encomienda, por el artículo 5º al [http://wiki.mendoza-conicet.gob.ar/ianigla Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales] (IANIGLA). Este instituto no se dio por informado de esta obligación, como se expresa en una comunicación dirigida al intendente de Andalgalá (pcia. de Catamarca) el 2 de agosto de 2013[http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-catamarca/ianiglia-realizara-inventario-de-glaciares-en-agua-rica-y-filo-colorado]. ==Fuentesgenerales==
* [http://www.tn.com.ar/2008/09/07/sociedad/02080406.html ''Glaciares en peligro: un proyecto de ley busca protegerlos en todo el país'']; [[TN Ecología]]; 7 de septiembre de 2008.
* [http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174117/norma.htm Ley Nacional Nº 26639] de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
* [http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179680/norma.htm Decreto PEN Nº 207/2011 de Reglamentación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
* {{Cita diario|La Nación|Veneranda, Marcelo|El Gobierno congeló la ley de glaciares|29 de octubre de 2011|http://www.lanacion.com.ar/1418739-el-gobierno-congelo-la-ley-de-glaciares}}.
* [http://www.tn.com.ar/2009/08/15/sociedad/02064953.html ''Ley de protección de glaciares'']; [[TN Ecología]]; 15 de agosto de 2009.
* Viale, Enrique; ''La efectiva aplicación de la Ley de Protección de Glaciares: un mandato constitucional urgente''; [http://www.aadeaa.org.ar/ Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas]; ciudad de Buenos Aires; 2011.
* Iza, Alejandro & Rovere, Marta Brunilda; [http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-061.pdf ''Aspectos jurídicos de la conservación de los glaciares'']; Unión Mundial para la Naturaleza.
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Ley argentina de glaciares

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