Pastera UPM Fray Bentos

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La pastera UPM Fray Bentos (ex Botnia) es una fábrica de pulpa de papel de la empresa UPM ubicada a la vera del río Uruguay en Fray Bentos (Uruguay). Construida sin consulta previa a Argentina, en violación del tratado firmado entre Uruguay y Argentina, motivó protestas y cortes del puente por asambleístas de la localidad argentina de Gualeguaychú (Provincia de Entre Ríos) por la gran contaminación que se cree generará en el río Uruguay.



Vista aérea de la pastera UPM Fray Bentos.


Monitoreo de la contaminación

Luego de la habilitación de la planta, los poderes ejecutivos de Argentina y Uruguay acordaron la constitución de un Comité Científico Binacional de 4 miembros (2 por cada país) para el estudio de sus efluentes. El 12 de julio de 2011 renunció Juan Carlos Colombo, uno de los 2 representantes argentinos y el más crítico respecto del emprendimiento, aparentemente en desacuerdo con la forma en que funcionaba el comité[1]. El ex encargado de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela, aseguró en octubre de 2013 que el gobierno argentino presentó mal las pruebas y cometió impericias ante la Corte Internacional de La Haya, que en 2010 falló a favor de Uruguay y avaló el funcionamiento de la papelera[2].

El canciller argentino. Héctor Timerman, dio a conocer el 2 de octubre de 2013 el informe de los científicos argentinos sobre el daño que la pastera está causando al medio ambiente. Entre ellos se cuentan:

  • Temperaturas de volcado de 32ºC, cuando la temperatura del río no debe superar los 20ºC.
  • Contenido de fósforo 32 veces más alto que el tope establecido por la ley uruguaya).
  • Pesticida endosulfán en efluentes y desagües pluviales de la planta, sustancia de uso prohibido en Uruguay.
  • 400 veces más cromo y fenoles que el máximo establecido.
  • Materia orgánica arrojada al río sin tratar, equivalente a lo que arrojaría una ciudad de 132 mil habitantes.

El canciller señaló también que, durante la reciente negociación por el aumento de la producción de la planta, se formularon 21 preguntas en cuatro oportunidades a las que el gobierno uruguayo contestó en forma incompleta o no contestó un total de 11 preguntas.[3]

Fuentes