Diferencia entre revisiones de «Negociado de las tierras de El Palomar»

Revisión actual del 17:27 19 jun 2014

El negociado de las tierras de El Palomar fue, a fines de la década de 1930, una escandalosa compra de tierras hecha por el Ejército Argentino para agrandar el Colegio Militar de la Nación. Las tierras se pagaron a más del quíntuple de su valor de tasación mediante una operación en la que intervinieron jefes militares, altos funcionarios nacionales y diputados nacionales corruptos, la que casi provocó la renuncia del entonces presidente de la Nación, Roberto Ortiz. La maniobra, revelada por el periodista José Luis Torres[1], fue denunciada por el senador nacional por Jujuy Benjamín Villafañe e investigada por una Comisión Especial del Senado de la Nación presidida por el legislador socialista por la Capital Federal Alfredo Palacios, la que confirmó y reveló los detalles del negociado.

Cronología

Antiguas instalaciones
del Colegio Militar de la Nacíon.

Las tierras en cuestión, que cubrían algo más de 222 ha, eran propiedad en condominio de las hermanas María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola, casadas con dos hermanos de apellido Herrera Vegas. Estaban ubicadas cerca de la estación El Palomar del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico (hoy parte del Ferrocarril General San Martín), y de la 1ª Brigada Aérea de la Fuerza Área Argentina, en la misma zona donde tuvo lugar la histórica batalla del Palomar de Caseros. Allí se hicieron en 1921 las primeras instalaciones del Colegio Militar de la Nación, a las que desde el año siguiente el Ministerio de Guerra quería ampliar para llevar su capacidad a 1.500 cadetes. A pesar de ser "ser terrenos anegadizos y de poca calidad", eran contiguos a las instalaciones entonces existentes.

Los siguientes son los hechos verificados, en orden cronológico, según el expediente del Ministerio de Guerra y las indagaciones de la Comisión Especial. Los valores citados son en pesos moneda nacional de la época:

• 13 de marzo de 1934. Las hermanas Pereyra Iraola ofrecen las tierras en venta al Ministerio de Guerra.
• Mayo de 1934. Las propietarias piden $ 10.000 por cada hectárea.
• 24 de agosto de 1934. El director general de Ingenieros, general Juan Pistarini, recomienda rechazar el precio pedido por inconveniente.
• 7 de septiembre de 1934. El ministro de Guerra, general Manuel Rodríguez, ratifica lo anterior informando lo resuelto a las oferentes.
• 6 de noviembre de 1936. El director general de ingenieros, coronel Juan Bautista Molina, tasa las tierras en un valor máximo de $ 2.000 cada hectárea.
• 26 de noviembre de 1936. El inspector general del Ejército, general Camilo Idoate, ratifica la recomendación anterior como valor máximo a pagar por las tierras.
• 22 de diciembre de 1936. Por Resolución del ministro de Guerra, general Basilio Pertiné, ofrece a las hermanas Pereyra Iraola comprar las tierras por $ 2.000 cada hectárea, redactando el correspodiente proyecto de ley en caso de aceptación de las propietarias.
• 16 de abril de 1937. El ingeniero civil Alfredo R Gando, perito de la Dirección General de Ingenieros, tasa las tierras en un valor máximo de $ 2.000 cada hectárea.
• 24 de abril de 1937. El ingeniero principal de la Dirección General de Ingenieros, José A Allaria, tasa las tierras por un valor máximo de $ 1.900 cada hectárea.
• 29 de abril de 1937. El general Juan Bautista Molina, director general de Ingenieros, ratifica la recomendación anterior.
• 29 de mayo de 1937. El director general de Institutos Militares, general Rodolfo Márquez, sostiene que no se debe pagar por las tierras ofrecidas más de de $ 1.900 la hectárea.
• 14 de junio de 1937. El inspector general del Ejército, general Guillermo J Mohr, entiende que por las tierras ofrecidas y otras colindantes similares no se debe pagar más de $ 1.900 cada hectárea.
• 25 de junio de 1937. El ministro de Guerra, general Basilio Pertiné, ordena se haga una oferta formal de compra de las tierras por un precio máximo de $ 1.900 cada hectárea.
• 14 de octubre de 1937. Tal vez por rechazo de la oferta por las hermanas Pereyra Iraola, el ingeniero Allaria hace una nueva tasación de las tierras, reafirmando su avalúo anterior de $ 1.900 la hectárea.
• 22 de diciembre de 1937. Las señoras Herrera Vega suscriben un contrato privado de compraventa con Néstor Luis Casás, un aventurero, por un valor de $ 7.500 por cada hectárea. La operación tiene un plazo de escrituración de 120 días y la prohibición de transferir el contrato a otra persona, pero no se ejecuta hasta el 24 de abril de 1939, luego que el Ministerio de Guerra comprara las tierras a Casás por $ 11.000 la hectárea.
• 22 de diciembre de 1937. El mismo día de firma del contrato de compraventa, Jacinto Baldassarre Torres se presenta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación como apoderado de Casás para ofrecer las tierras en venta por $ 11.000 la hectárea.
• 24 de diciembre de 1937. Las hermanas Pereyra Iraola informan al Ministerio de Guerra que dejan sin efecto el ofrecimiento de venta de sus tierras.
• 15 de enero de 1938. Casás otorga a Jacinto Baldasarre Torres poder para las gestiones que el dicente le ha encomendado ejecutar para la venta de esta fracción de terreno, de modo que en su nombre y representación complete las gestiones por él iniciadas.
• 21 de febrero de 1938. El general Juan B Molina informa por nota al director del Colegio Militar que puede ocupar las tierras en cuestión, porque serán adquiridas y el propietario lo ha autorizado (Halperín Dongui, p. 348).
• 20 de febrero de 1938. Roberto Ortiz asume la presidencia de la Nación y designa como ministro de Guerra al general de brigada Carlos Márquez.
• 15 de noviembre de 1938. El auditor de la Dirección General de Ingenieros, abogado Jorge Luis Almada, sostiene que no debe pagarse por las tierras más de $ 1.900 la hectárea.
•  ? La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, a instancias del Ministro de Guerra Pertiné y en sesión extraordinaria (Halperín Dongui, p. 349), introduce en el proyecto de ley de presupuesto nacional para 1938 un artículo que faculta al Poder Ejecutivo Nacional para adquirir la fracción de tierra ubicada en el partido de General San Martín de la provincia de Buenos Aires, en las proximidades de la estación El Palomar […] por un precio no superior a un peso con diez centavos el metro cuadrado. La ley con este artículo fue luego sancionada por ambas cámaras del Congreso de la Nación con el número 12360.
• 31 de diciembre de 1938. Por Decreto PEN 21583/1938 del presidente Roberto Ortiz, ratificado por varios de sus ministros, aprueba la compra.
• 15 de febrero de 1939. El teniente coronel Raúl Aguirre Molina —jefe de la División Campos y Propiedades—, el ingeniero José A Allaria de la misma dirección y el jefe de Asuntos Legales, todos de la Dirección General de Ingenieros, labran un acta donde informan que aunque el valor de las tierras es de $ 1.900 la hectárea, en consideración de los gastos en que se incurriría por un juicio de expropiación con oposición de las propietarias, establecen que podría pagarse por ellas hasta $ 4.000 la hectárea .
• 16 de febrero de 1939. El director general de Ingenieros, general Armando Verdaguer, informa lo anterior al ministro de Guerra, general de brigada Carlos Márquez.
• 24 de febrero de 1939. El coronel Domingo Martínez, director general interino de Ingenieros, expresa que el precio del metro cuadrado de un peso con diez centavos es inconveniente para los intereses de la Nación (es decir, de $ 11.000 por cada hectárea).
• 28 de febrero de 1939. Por Decreto PEN 6025/1939 se dispone el pago de las tierras.
• 13 de marzo de 1939. La mensura del agrimensor Aníbal J Riccheri de la Dirección General de Ingenieros, Ministerio de Guerra, determina que la superficie de los terrenos es de 222 hectáreas, 7.548 m².
• 16 de marzo de 1939. El ministro de Guerra, general Carlos D Márquez, pese a todos los antecedentes anteriores, ordena Que el señor director general de Ingenieros en representación del Superior Gobierno de la Nación procederá a firmar el boleto de compraventa a celebrarse con el señor Jacinto Baldasarre Torres, como apoderado del señor Néstor Luis Casás, por el cual el segundo de los nombrados vende al gobierno nacional la fracción de terreno ubicada en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, en las proximidades de la estación El Palomar, al precio de un peso con diez centavos moneda nacional el metro cuadrado.
• 21 de marzo de 1939. El representante del director general de Ingenieros suscribe el boleto de compraventa de los terrenos "vendidos" a Casás por las hermanas Pereyra Iraola a razón de $&nbsp:11.000 la hectárea, 5,5 veces el valor oficial de tasación de los mismos, con la inhabitual cláusula " paraguas" siguiente: el incumplimiento de este boleto no acarreará a las partes obligación de abonar indemnización alguna.
• 22 de marzo de 1939. Por Acuerdo de Ministros Decreto PEN 26641/1939 el presidente Ortiz y sus ministros aprueban el boleto de compraventa del día anterior, de la compra y pagos que ya habían sido autorizados por los decretos antes citados. La fecha de este decreto fue falseada, ya que fue emitido el 16 de marzo precedente.
• 4 de abril de 1939. El Ministerio de Hacienda libra la orden de pago de los terrenos a pesar de que la imputación presupuestaría correspondía a un ejercicio ya vencido. Tampoco se hizo la verificación de la escritura prescripta por la Ley de Contabilidad, responsabilidad incumbente al presidente de la Contaduría General de la Nación, Mario de Tezanos Pinto.
• Marzo de 1940. El presidente Ortiz interviene a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Manuel Fresco, por fraude en la elección en que resultó electo Alberto Barceló como su sucesor.
• Entre marzo y mayo de 1940 el ex gobernador Manuel Fresco revela detalles del negociado al periodista José Luis Torres del semanario Ahora.
• 24 de abril de 1939. En la Escribanía General de Gobierno se confecciona la escritura traslativa de dominio de los terrenos comprados por el Poder Ejecutivo Nacional a Nestor Luis Casás a un valor de $&nbsp:11.000 la hectárea.
• 24 de abril de 1939. Las hermanas Pereyra Iraola, a través de su apoderado Leonardo Herrera Vegas, en la escribanía de Cristián Fernández Madero de la ciudad de La Plata, cancelan la hipoteca del Banco de la Nación Argentina sobre los terrenos. En la misma fecha y escribanía se hace la escritura traslativa de dominio de esas tierras a Casás representado por Baldasarre Torres a un valor de $ 7.500 la hectárea. Estas dos escrituras, junto con la anterior, fueron en realidad suscriptas en dependencias del Banco Central en la Capital Federal, fuera de la jurisdicción de Fernández Madero, donde el pago del gobierno nacional se usó para la cancelación de la hipoteca y el pago a las hermanas Pereyra Iraola, quedando para Baldasarre Torres el saldo de más de 1 millón de pesos en títulos del Crédito Argentino Interno al 4,5%, año 1936, y del Empréstito de Repatriación de la Deuda Externa al 4%, año 1937.
• 16 de mayo de 1940. El senador nacional por Jujuy Benjamín Villafañe denuncia el negociado en el Senado, donde se constituye una Comisión Especial integrada por los senadores nacionales Alfredo Palacios (Capital Federal, Partido Socialista), Gilberto Suárez Lago (Mendoza, Partido Demócrata Nacional) y Héctor González Iramain (La Rioja, Partido Socialista), presidida por el primero. Según Villafañe (Diario de Sesiones del Senado de la Nación, 16 de mayo de 1940) el campo que se adquirió para fines militares, por su inutilidad es arrendado a un precio que no alcanza al 1% de lo pagado, […] posiblemente la real expresión del valor del mismo. Esto es confirmado por el general Pertiné, quien expresó ante la Comisión Investigadora que los terrenos eran malos para ejercicios, pero podían ser utiles (Halperín Dongui, p. 349).
• 24 de agosto de 1940. El presidente de la Nación Roberto Ortiz, ofrece su renuncia al Congreso de la Nación, la que es rechazada.

Responsabilidades

General de Brigada
Carlos D Márquez.

La Comisión Investigadora del Senado de la Nación dictaminó que eran inválidas las 3 escrituras suscriptas el 24 de abril de 1939, por diversos vicios de procedimiento y falsos testimonios y que habían incurrido en violación de los deberes de funcionario público las siguientes personas:

• Ministro de Guerra Carlos D. Márquez.
• Presidente de la Contaduría General de la Nación Mario de Tezanos Pinto.
• Escribano de Gobierno ? Garrido.

Ninguno de ellos fue sancionado.

Se señala que el escribano Fernández Madero incurrió en falso testimonio. Identificó asimismo a las personas que hicieron cobros de cupones, pagos y otras operaciones con los títulos numerados del gobierno nacional entregados por la compra de los terrenos. A continuación se da la nómina de las personas que se comprobó se beneficiaron con la operación (se presume hubo varias más), y el monto recibido por cada uno:

• Diputado Juan G Kaiser, presidente de la Cámara de Diputados: $ 126.925,18.
• Diputado Gregorio Raúl Godoy, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda : $ 140.689,26.
• Diputado Miguel Aguirrezabala: $ 25.373,85.
• Diputados José Guillermo Bertotto y Víctor Juan Guillot: $ 12.612,48.
• Franklin Fernández Lusbín (empleado de Obras Sanitarias de la Nación): $ 167.500.
• Agustín Marcelo Echevarrieta (secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda): $ 10.100.
• General Alonso Baldrich: $ 8.871,39.

Las pruebas recolectadas bastaron para condenar a 7 de ellos, con penas que alcanzaron hasta 6 años de cárcel. El único no condenado fue el diputado Víctor Guillot porque se suicidó antes de que comenzara el juicio.

Conclusiones

El ministro de Guerra general Márquez logra que el presidente Ortiz firme un decreto autorizando pagar $ 11.000 por cada hectárea de tierras que valían menos de $ 2.000. Codiciosas propietarias simulan la venta previa de sus tierras en $ 1.447.906, cuando la operación se consuma recién en el momento en que un intermediario, Néstor Luis Casás, las vende en $ 2.450.303 a la Nación, ganando instantáneamente una diferencia de $ 1.003.000. El negociado toma estado público por el resentimiento de un ex gobernador intervenido por Ortiz, Manuel Fresco, que revela sus detalles al periodista José Luis Torres de la revista Ahora. La denuncia la hace el valiente senador Benjamín Villafañe y la verdad es develada por la comisión investigadora integrada por los senadores Alfredo Palacios, Suárez Lagos y Héctor González Iramain. Durante las audiencias de la comisión el general Márquez culpa a sus subordinados, los generales Ramón Molina y Juan Bautista Molina. El escándalo es tan grande que el presidente de la Nación, Roberto Ortiz, ofrece su renuncia. Aunque no es aceptada, el mandatario no continuará en el cargo por razones de enfermedad y lo suplantará el vicepresidente, Ramón Castillo, tras el remplazo de todo el gabinete. El negociado de las tierras de El Palomar culminó el desprestigio total del régimen político de la época, peyorativamente denominada la Década Infame, dando sustento al golpe militar del 4 de junio de 1943.

Merecen un análisis especial las responsabilidades técnicas de diversos funcionarios, algunas de las cuales se analizan a continuación.

Hay tasaciones de ingenieros, coincidentes dentro de estrechos límites, sobre el valor inmobiliario de las tierras ofrecidas. No se menciona en ningún momento la aptitud de las mismas para los usos a los que iban a ser destinadas, destino aparentemente nunca especificado. Si las tierras no sirven para hacer con ellas lo que se desea, tienen valor nulo para la institución independientemente del inmobiliario. Éste es el tipo de pronunciamiento que se espera de un profesional responsable, y si ninguna ley lo dice así es que hay problemas con las leyes.

El ministro de Guerra Márquez ordena la compra ignorando todos los pronunciamientos contrarios al respecto, como se detalla minuciosamente más arriba. Todavía es hoy común en Argentina que las órdenes de un jefe primen sobre todos los argumentos técnicos. Se espera de los técnicos "obediencia debida" y no asumen responsabilidad alguna por cualquier desaguisado o catástrofe que se produzca por su acatamiento. Cuando hay consecuencias objetivamente comprobables de la indiferencia por los criterios técnicos, debería primar el principio de "desobediencia debida". Esto requiere que el escalafón de los empleados técnicos (profesionales de cualquier disciplina científica o tecnológica) tenga reglas especiales al respecto. Si el jefe de un contador le ordena violar la Ley de Contabilidad de la Administración Pública, el empleado debe tener la obligación no sólo de desobedecer sin escudarse en la "obediencia debida" sino de denunciar a su jefe.

Fuentes

• Escándalo del Palomar en Wikipedia en castellano.
• Halperín Donghi, Tulio; La República imposible (1930-1945), Biblioteca del Pensamiento Argentino tomo V; ; Edit. Emecé; Ciudad de Buenos Aires; 19??; pp. 344‑368.
• Villafañe Chaves, Benjamín; La tragedia argentina; Imprenta José Menéndez; Ciudad de Buenos Aires; 1943; pp. 80‑197.