Sólo llegan al conocimiento público las violaciones flagrantes del pacto tácito de ayuda mutua de la relación de clientela, como cuando algún puntero menor se queda con la mayoría o la totalidad de la ayuda pagada por la comunidad a través de los impuestos, típicamente útiles escolares, comida envasada, vestimenta, colchones, chapas. Se desconoce la fracción que regularmente es retenida por los intermediarios en lo que ellos rotulan como legítima comisión por servicios prestados, pero no es exagerado estimar que no menos de la mitad de la inversión inicial desaparece en su tránsito por los sinuosos caminos de la corrupción. Mecanismos arbitrarios de selección y asignación como éste son causa de corrupción para sus dadores, pero también para sus receptores. El mecanismo usualmente tácito —es una frecuente excepción la firma de afiliaciones partidarias— es que el receptor de la ayuda ayude a su vez al referente barrial o político a reafirmar su estatus en la organización clientelar, típicamente mediante la concurrencia y la manifestación de aprobaciones y agradecimientos en los actos, mitines o comilonas que abundan en las campañas electorales. Además, la falta de concurrencia sin causa bien justificada sería seguro motivo de suspensión de la ayuda. Es así que la mayoría de los asistentes pobres (como bien sabe quien ha estado en ellos) no asisten por convicción o vocación, sino por el compromiso clientelar o los beneficios inmediatos del paseo, la comida, la bebida y, excepcionalmente, las drogas (véase Auyero). Los políticos tienen la fuerte pero discutible convicción de que con esos mecanismos discrecionales de distribución de beneficios se obtienen votos. Es probable pero no seguro, ya que en el supuesto secreto del cuarto oscuro cada cual puede hacer lo que mejor le plazca. Lo más probable es que se respete el pacto tácito, ya que la mayoría sentiría como degradación moral no devolver el favor recibido. Paradójicamente, y ésta es parte importante de la intrínseca maldad del sistema, se sentiría corrupto el beneficiario que no avalara activamente a su "benefactor" aunque le constara su deshonestidad.
El clientelismo político no promueve la justicia social sino la perduración de prácticas sectarias, por no decir facciosas o mafiosas, que han caracterizado la cultura argentinas argentina desde la época colonial (léanse, por ejemplo, los trabajos de [http://www.er-saguier.org/ Eduardo Saguier]). Estas prácticas no afectan exclusivamente a los más pobres, están imbricadas en toda la estructura social argentina, aún en las supuestamente impolutas escuelas, universidades y centros de investigación, como detalladamente analiza Saguier. [http://www.er-saguier.org/obras/udhielal/tomo_16.php] El clientelismo es una de las caras más visibles, pero no la única, de las inmorales prácticas políticas argentinas. No es la causa, es una consecuencia de la generalizada creencia de que no valen las capacidades que tiene o los comportamientos que tuvo alguien respecto de los demás, sino el valor práctico que esa persona tiene para uno mismo. En esta concepción utilitaria de las personas, las ajenas al grupo de los considerados como pares (característica de los sistemas sectarios) no valen como fines en sí mismas (como lúcidamente prescribiera Kant), sino sólo como medios para la consecución de los fines propios. Su consecuencia inevitable es la supervivencia de los más fuertes, la profundización de la desigualdad. La justicia social sólo puede alcanzarse cuando se valora al otro (pertenezca o no al grupo selecto) como potencialmente igual a uno, aunque tal vez desfavorecido por la suerte. En esta concepción nuestro linaje, bienes, poder y destrezas deben ser fuente de agradecimiento hacia quienes los hicieron posibles, pero también de responsabilidad indeclinable hacia los que no fueron tan favorecidos como uno. El sistema de valores predominante no es sólo una característica más de una cultura, es la determinante del futuro de la mayoría de sus integrantes.