Muchas comunidades del país, asentadas en general en pequeñas poblaciones (véase el artículo [[Unión de Asambleas Ciudadanas]]) han expresado desde su preocupación hasta el enérgico rechazo a las actividades mineras. La razón es que el auge de estas actividades, inicialmente acogidas hasta con entusiasmo por su generación de puestos de trabajo, ha tenido en la práctica demasiadas consecuencias negativas, a veces graves. Entre las consecuencias inmediatas más críticas —todavía no se han manifestado las de largo plazo, como las que resultarán del cierre de las grandes explotaciones— se cuentan:
* Disminución de la disponibilidad local de agua, recurso vital para la vida, o su contaminación por la disposición final de las enormes cantidades usadas para la concentración y separación de los minerales.
* Uso de cuantiosos fondos estatales para la construcción de costosas obras de infraestructura vial y de provisión de servicios, en especial de abastecimiento de electricidad, mayoritariamente en beneficio de los buenos negocios mineros. Muchas de estas obras habían sido infructuosamente solicitadas por estas comunidades durante muchísimos años.
* Generación o presunción de generación de problemas ambientales y sanitarios provenientes de filtraciones, derrames de cargas y difusión atmósférica de polvos de naturaleza desconocida, aparición o detección de enfermedades antes desconocidas. Una de las sustancias más temidas —aunque hay muchas más internacionalmente consideradas peligrosas— es el [[cianuro]] usado en la lixiviación del oro.
* Cambio del modo tradicional de vida por el ingreso de obreros de otros lugares, con alto poder adquisitivo, sin la contrapartida de la generación de puestos de trabajo para la población local debido a su falta de capacitación.
* Compra de la voluntad de dirigentes políticos locales y provinciales, que se presumen provienen de sobornos de las empresas mineras, aumentando la conflictividad social, a veces manifestada en la represión de asambleas vecinales hecha por policías y personal de seguridad de esas empresas.
* Falta de control de los organismos estatales responsables (municipales, provinciales y nacionales), como los de protección del medio ambiente y de la salud, sobre los problemas detectados o temidos por las comunidades.
* Frustración o enojo ante la invisibilidad de sus reclamos, pocas veces recogidos favorablemente por los medios nacionales de comunicación que frecuentemente los atribuyen al "atraso" cultural.
En el año 2005, en ocasión de la sanción de la Ley 3981 de la provincia de Río Negro, la Asamblea Patagónica contra el Saqueo y la Contaminación, integrada por organizaciones sociales, ecologistas, vecinos autoconvocados de las provincias patagónicas, integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) emitió la siguiente declaración:[http://www.legisrn.gov.ar/DIARIO/D00763.PDF]