Índice de Precios al Consumidor en Argentina

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El INDEC según la revista The Economist.

El Índice de Precios al Consumidor en Argentina (IPC) es oficialmente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A partir del año 2007, en que fue intervenido por la Secretaría de Comercio Interior, el IPC se ha apartado notoriamente de los valores similares elaborados por los organismos estatales de varias provincias argentinas, por consultoras económicas privadas y por otros índices que reflejan (aunque de manera indirecta) los niveles de inflación en el país. Esto tiene por lo menos tres consecuencias importantes: se subestiman los índices de pobreza e indigencia; se sobreestima el crecimiento del Producto Bruto Interno; se pagan menos intereses a los bonos ajustables por inflación.


La falta de credibilidad de los índices oficiales

La falta de credibilidad del IPC oficial hizo que comenzaran a usarse otros índices. El Banco Central sugirió en unos de sus documentos el uso del IPI, un índice de precios implícitos del PBI, confeccionado por el INDEC en base a diferencias entre precios corrientes y precios constantes; este índice se asemeja más a los valores de las consultoras privadas que miden la inflación, pero tiene el problema de que se elabora sólo trimestralmente.

Uno de los primeros valores de un IPC alternativo al del INDEC luego de su intervención fue el elaborado para el Gran Buenos Aires por el grupo Buenos Aires City, alternativamente denominado IPC City o BAC. Este grupo estaba integrado por la matemática Graciela Bevilacqua —directora del área que calculaba el IPC del INDEC hasta enero de 2007— y Nicolás Salvatore, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Según fuentes extraoficiales era consultado por el Banco Central cuando su director era Martín Redrado, y hasta por el Ministerio de Economía. Los valores de este índice —originalmente tomados de su sitio Internet pero actualmente inaccesibles— se dan en la figura siguiente desde octubre de 2006 hasta diciembre de 2009. Aunque se desconoce su forma de cómputo, dada la similitud encontrada con el índice IPC-7 provincias, que se discute más adelante, se presume se calculaba del mismo modo.

Como ejemplo de las diferencias de los cómputos de inflación entre el INDEC y otras fuentes, para todo el año 2009 se obtienen datos como los siguientes:

  • INDEC (Buenos Aires área metropolitana): 7,69%.
  • Universidad Fasta (Bariloche)  : 16,78%.[1]
  • BAC (Buenos Aires área metropolitana) : 23,66%.

En abril de 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe Perspectivas acerca de la Economía Mundial donde analiza la situación económica de América Latina y el Caribe. En una de las tables donde se muestra la evolución del PBI, precios al consumidor y saldo de cuenta corriente de Argentina se toma como referencia los datos del INDEC pero con la aclaración al pie: Las estimaciones de analistas privados indican que la inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha sido considerablemente más alta[2]. Esta información no fue inmediatamente reproducida por diarios oficialistas como Página/12.

Un índice de especial interés fue el elaborado hasta fines de 2011 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), el IPC-7 provincias. Se obtenía mediante la ponderación apropiada de los valores de IPC calculados por las correspondientes direcciones provinciales de Estadística en aglomerados urbanos de Jujuy, Neuquén, Paraná, Rawson-Trelew, Salta, Santa Rosa y Viedma. Estos índices se elaboraron con la colaboración y la metodología inicial del INDEC, pero no sufrieron las mismas modificaciones que el IPC de éste a partir de 2007. El índice se realiza ponderando los índices de cada aglomerado según el peso del gasto de consumo de los hogares residentes en cada provincia (sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 1996/1997). Aunque se basan en canastas de productos en muchos casos desactualizadas de las reales, su evolución hasta diciembre de 2006 era similar a la del IPC del INDEC. El interés especial de este índice es que fue elaborado por un grupo de economista afines a la presidente Cristina Fernández (entre los que se cuentan los economistas Axel Kicillof y Cecilia Nahón, véase al artículo sobre el CENDA)), en el marco de agudas críticas al INDEC.

En la presentación del IPC-7 provincias, y justificando la elaboración de un índice alternativo al del INDEC, se explica[3]:

La inocultable falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el INDEC ha privado a la sociedad de una herramienta fundamental para conocer la verdadera situación económica del país. También ha dado pie a la proliferación de distintas mediciones por parte de consultoras privadas que recurrieron a un simétrico oscurantismo informativo para lucrar política y económicamente con la imperiosa necesidad de información. En estas circunstancias, los principales perjudicados son, una vez más, los trabajadores que carecen de elementos para conocer con precisión las variaciones del poder adquisitivo de sus salarios. El cálculo de un índice de precios confiable es una responsabilidad indelegable del Estado que debe brindar esta información pública de forma gratuita, con una metodología transparente y que garantice la calidad del procedimiento y el secreto de las fuentes. Ninguna consultora privada, claro está, puede aspirar a realizar un relevamiento que alcance mensualmente, como hacía el INDEC, a más de 112.000 precios en más de 6.000 comercios. De manera que los datos hoy disponibles, proporcionados por el actual INDEC y las consultoras privadas, carecen igualmente de confiabilidad estadística.
Para paliar transitoria e imperfectamente esta situación que se hace insostenible, desde el CENDA decidimos construir un índice de precios al consumidor que cumple con dos condiciones. En primer lugar, a diferencia de las consultoras privadas que esconden su metodología, ya sea por su debilidad o para tergiversar los datos según sus propios intereses, las fuentes utilizadas por CENDA para el IPC-7 provincias están disponibles y son producidas por el sector público. Algunas provincias —entre las que encuentran las siete que se han incluido en el índice— cuentan con Direcciones de Estadística que, según se sabe, no han sido sometidas a «cambios metodológicos». En segundo lugar, este índice explota al máximo las fuentes públicas y no pretende realizar un relevamiento propio sin bases sólidas y que requiere, para ser serio, de cuantiosos recursos de los que no disponemos. Como puede observarse en el gráfico que se incluye en el archivo, pese a sus falencias, el IPC-7 provincias mostró hasta diciembre de 2006 una evolución muy similar a la de los datos oficiales del IPC – Gran Buenos Aires, que luego se aparta de su trayectoria.

A fines de diciembre de 2011, cuando Axel Kicillof ya se desempeñaba como viceministro de Economía de la Nación, estos índices se eliminaron del sitio Internet del CENDA[4][5], aunque en diciembre de 2012 todavía quedaban algunos enlaces truncos a esos datos[6]. Los datos hasta enero de 2011 fueron reproducidos por el diario Infobae[7] y se incluyen en el gráfico siguiente.


EVOLUCIÓN DE LOS IPC DE ARGENTINA DESDE 2007
Inflación acumulada desde 2007 según los IPC del INDEC, Buenos Aires City, CENDA, Congreso y Construcción-INDEC.


Los índices graficados son:
  • IPC-INDEC correspondiente al Gran Buenos Aires, ;[8]
  • IPC-BAC, actualmente discontinuados, se dan para comparación con los del CENDA;
  • IPC-CENDA, originalmente dados en http://cenda.org.ar/files/CENDA_IPC_7PROVINCIAS_NOV_2010.xls;[9]
  • IPC-Congreso, dado por bloques no oficialistas de la Cámara de Diputados de la Nación, que parece no tener sitio Internet y se conocen a través de comunicados de prensa;
  • índice de costos de la construcción del INDEC.[10]

Los índices se han graficado —salvo el IPC-Congreso que se discute enseguida— de modo que el valor de referencia (0% de inflación) corresponde al mes de septiembre de 2006, ya que a partir del mes de octubre comenzó la manipulación de los valores por el INDEC. La excepción es el IPC-Congreso, basado en datos promediados, no se sabe de qué manera, de consultoras privadas, único índice alternativo que subsistía en diciembre de 2012. Como se ve del gráfico, los datos del CENDA, los más confiables hasta su ocultamiento, daban un crecimiento de inflación bastante mayor que los de los bloques opositores de la Cámara de Diputados de la Nación en el breve período en que coexistieron con estos últimos. El valor inicial del IPC-Congreso, a diferencia de los restantes y en razón de la iniciación tardía de su divulgación, se ajustó arbitrariamente como igual al valor del IPC-CENDA de diciembre de 2010. En cuanto al índice ICC-INDEC de la construcción —aunque muy diferente del valor IPC de los productos de la Canasta Básica de Alimentos— se da sólo como ilustración de que sigue la misma tendencia que los IPC privados, muy diferente de los del INDEC.

Los índices graficados ilustran el sorprendente hecho de que en los 5 años transcurridos desde que el INDEC comenzara a falsificar sus índices en octubre de 2007 hasta octubre de 2012 el valor de los precios al consumidor se multiplicó en realidad por un factor 3, mientras que el IPC-INDEC solo mostraba un factor 1,7. El resultado es tanto la disminución de pagos deintereses a los bonos nacionales ajustados por inflación, sino un ocultamiento de los índices de pobreza e indigencia, cuyos valores reales más que triplican los valores estimados por el INDEC (véase el artículo pobreza en Argentina).


Consejo Académico de Estudio y Seguimiento del INDEC

El Consejo Académico de Estudio y Seguimiento del INDEC (CAES) se creó en julio de 2009 por el artículo 4º del Decreto Nacional N° 927/2009. Quedó finalmente integrado por Adrián Ramos, Enrique Zuleta Puceiro y Martín Moreno (Universidad de Buenos Aires), Juan Pérez (Universidad Nacional de Mar del Plata), Ernesto Seselovski (Universidad Nacional de Rosario) y Jorge Fernández Bussy (Universidad Nacional de Tres de Febrero). También fue invitada a participar la Universidad Nacional de Tucumán, la que parece no haber enviado nunca representante.

El CAES solicitó en dos oportunidades pedidos de informes sobre la metodología para medir la inflación, el organigrama del INDEC y las tareas preparatorias del censo nacional de 2010. Las repuestas brindadas fueron en ambos casos insatisfactoria, tanto en la cobertura de temas como en su nivel y grado de profundización. Los miembros del CAES destacaron que no son auditores, función que corresponde a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, cuya actuación sería necesaria para evaluar las actuaciones del INDEC en los últimos años. Los catedráticos coincidieron en que el principal problema del INDEC es la falta de credibilidad de sus datos debido a su contexto institucional. Lo que está en juego no es la metodología, es la validez de la información que está ligada a la autoridad de quien elabora esa indicador, explicó Bussy. Zuleta Puceiro señaló que ese proceso minó la credibilidad no solo del INDEC sino de las instituciones del país.

En abril de 2010, transcurridos varios meses sin que el Ministerio de Economía proporcionara los datos requeridos, trascendió que el CAES daría por finalizadas sus funciones con, según especulaban fuentes extraoficiales, un informe final crítico. Sin embargo, era improbable que haya un informe oficial de la comisión ya que la ejecución del presupuesto de las universidades depende de un Ministerio de Economía de la Nación que no aceptará uno crítico. Todo indica que la creación del CAES no se hizo para corregir el funcionamiento del INDEC sino sólo como una manera de ganar tiempo mientras la atención pública se desvía hacia otros temas[11]. Efectivamente, cuando el informe final de uno de los integrantes más importantes del CAES (la UBA) estuvo terminado, durante unos cuatro meses el Ministro de Economía, Amado Boudou, con diversas excusas, se negó a recibirlo. Finalmente lo hizo en noviembre de 2010 y el informe final, que desnuda las graves falencias del organismo y de los índices que elabora, fue dado a publicidad por la universidad y hasta diciembre de 2012 podía leerse en su sitio Internet[12].

Variaciones porcentuales mensuales del IPC INDEC con los provinciales. Las variaciones acumuladas son mucho mayores que las que se infieren del gráfico.

Las principales conclusiones del Informe Técnico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Relación a la Situación del INDEC son:

  • La validez de las estadísticas depende de la buena recolección de los datos usados para elaborarlas. La verificación de estos datos sólo puede lograrse mediante controles regulares por auditorías externas, las que nunca se hicieron.
  • A partir de la intervención del año 2007 los IPC elaborados por el organismo comienzan a diferir grandemente de los índices provinciales de Córdoba, Mendoza, San Luis y Santa Fe, con los que —hasta entonces— guardaba estrecha relación. Es muy improbable que estas diferencias sean sólo fruto del azar o de errores de la metodología anterior.
  • Es erróneo usar, como arguye el INDEC, canastas de frutas y verduras con valores calóricos optimizados por nutricionistas, ya que lo que determina el costo de vida es el consumo real de los argentinos, no el consumo que sería deseable por consideraciones de cualquier tipo.
  • Es erróneo usar índices de precios estimados por otros organismos con metodologías desconocidas, caso del costo de la medicina prepaga proporcionada por la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se omiten aumentos efectivamente pagados por los usuarios en razón de no haber sido todavía autorizados.
  • Se informan disminuciones de costos en rubros como servicio doméstico, cuando el Ministerio de Trabajo informa para el mismo período aumentos salariales tanto para el sector formal como informal (en negro).
  • Según los índices del INDEC el salario real de los argentinos habría crecido a un ritmo del 10% anual durante la crisis del 2008 y 2009, cuando todos los restantes indicadores de la economía, y los internacionales en circunstancias similares, indican lo contrario. Esto es particularmente anómalo para los trabajadores informales, para los que una disminución del acceso a puestos de trabajo les habría acarreado un imposible aumento de su poder de compra.
  • Los índices de precios mayoristas del INDEC han aumentado mucho más que los IPC, lo que indicaría una gran disminución de la rentabilidad comercial, incompatible con la subsistencia de la actividad.
  • Buenas elaboraciones requieren de personal capacitado y con experiencia en el tema. Gran parte de este personal se alejó de la institución a partir de la intervención del año 2007. Sólo poco más de 25% de los cargos directivos estaban, en 2010, cubiertos como establecen las normas legales. Una fracción importante de todo el personal no tiene la capacitación ni la experiencia apropiados para sus tareas. Por ello, la adecuada normalización del INDEC es un requisito previo para su buen funcionamiento.

El informe finaliza con el análisis de la importancia de las estadísticas para la determinación del estado de situación de la economía y de diversos sectores sociales, dando recomendaciones sobre cambios de legislación.

Fondo Monetario Internacional

En enero de 2013, luego de varios avisos previos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una moción de censura por las malas prácticas estadísticas de Argentina, fijando como plazo el 29 de septiembre de ese año para corregir las deficiencias. La medida es el primer paso de otras medidas, seguramente vinculadas a la posibilidad de obtener créditos de baja tasa de interés. El Ministerio de Economía contestó acusando al FMI de haber sido uno de los principales causantes de la crisis internacional, lo que probablemente fuera cierto pero no invalidaba la críticas hechas.[13][14] Cediendo finalmente a la necesidad de obtención de nuevos préstamos del organismo, el ministro de Economía Hernán Lorenzino informó en octubre de 2013 sobre la implementación de un nuevo índice de precios, el IPC Nacional Urbano (IPCNU). El informe sobre las características y método de elaboración de IPCNU serían entregadas al FMI en noviembre de 2013[15].

Fuentes generales


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