Una vez privatizado Gas del Estado las empresas concesionarias sólo invirtieron en el tendido de gasoductos para la exportación, el gran negocio de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Las ampliaciones imprescindibles para brindar buenos servicios a los usuarios argentinos —es frecuente la falta caudal en el invierno, cuando aumenta el indispensable uso de la calefacción— corrieron por cuenta del Estado, que intervino sólo cuando la situación se hizo crítica y las protestas generalizadas. A comienzos del siglo XXI, cuando el gas natural proveía el 45% del consumo energético del país, la producción del mayor yacimiento de gas, Loma de la Lata, estaba disminuyendo y las reservas comprobadas del fluido alcanzaban sólo para unos pocos años más. La única solución planteada, de muy alto costo, fue la explotación de yacimientos no convencionales de difícil extracción, como los de [[gas de esquistolutitas]].