Merecen un análisis especial las responsabilidades técnicas de diversos funcionarios, algunas de las cuales se analizan a continuación.
Hay tasaciones de ingenieros, coincidentes dentro de estrechos límites, sobre el valor inmobiliario de las tierras ofrecidas. No se menciona en ningún momento la aptitud de las mismas para los usos a los que iban a ser destinadas, destino aparentemente nunca especificado. Si las tierras no sirven para hacer con ellas lo que se desea, '''tienen valor nulo para la institución''', valor que no coincide con el de una valuación inmobiliaria y cualquier otro argumento que se quiera hacer al respecto es inválido. Éste es el tipo de pronunciamiento que se espera de un profesional responsable, y si ninguna ley lo dice así hay problemas con las leyes.
El ministro de Guerra Márquez ordena la compra ignorando todos los pronunciamientos contrarios al respecto, como se detalla minuciosamente más arriba. Todavía es hoy común en Argentina que las órdenes de un jefe primen sobre todos los argumentos técnicos, se espera de los técnicos "obediencia debida" y no tienen ninguna responsabilidad alguna por cualquier desaguisado o catástrofe que se produzca por su acatamiento. Cuando hay consecuencia objetivamente comprobables de la ignorancia de los criterios técnicos, debería primar el principio de "desobediencia debida". Esto requiere que el escalafón de los empleados técnicos (profesionales de cualquier disciplina científica o tecnológica) debe tener reglas especiales al respecto. Si el jefe de un contador le ordena violar la Ley de Contabilidad de la Administración Pública, el empleado debe tener la obligación de desobedecer sin escudarse en la "obediencia debida".