* '''15 de febrero de 1939. El teniente coronel Raúl Aguirre Molina —jefe de la División Campos y Propiedades—, el ingeniero José A Allaria de la misma dirección y el jefe de Asuntos Legales, todos de la Dirección General de Ingenieros, labran un acta donde informan que aunque el valor de las tierras es de $ 1.900 la hectárea, en consideración de los gastos en que se incurriría por un juicio de expropiación con oposición de las propietarias, establecen que podría pagarse por ellas hasta $ 4.000 la hectárea''' .
* 16 de febrero de 1939. El director general de Ingenieros, general Armando Verdaguer, informa lo anterior al ministro de Guerra, general de brigada Carlos Márquez.
* 24 de febrero de 1939. El coronel Domingo Martínez, director general interino de Ingenieros, expresa que el precio del metro cuadrado de ''un peso con diez centavos es inconveniente para los intereses de la Nación'' (es decir, de $ 11.000 por cada hectárea).
* 28 de febrero de 1939. '''Por Decreto PEN 6025/1939 se dispone el pago de las tierras.'''
* 13 de marzo de 1939. La mensura del agrimensor Aníbal J Riccheri de la Dirección General de Ingenieros, Ministerio de Guerra, determina que la superficie de los terrenos es de 222 hectáreas, 7.548 m².
==Conclusiones==
El ministro de Guerra general Márquez logró logra que el presidente Ortiz, firmara firme un decreto que autorizaba un precio de autorizando pagar $ 11nbsp;11.000 por cada hectárea de tierras que valían menos de $ 2.000. Codiciosas propietarias simulan la venta previa de sus tierras en $ 1nbsp;1.447.906, cuando la operación se consuma recién en el momento en que un intermediario, Néstor Luis Casás, las vende en $ 2nbsp;2.450.303 a la Nación , ganando instantáneamente una diferencia de $ 1nbsp;1.003.000. El negociado toma estado público por el resentimiento de un ex gobernador intervenido por Ortiz, Manuel Fresco, que revela sus detalles al periodista José Luis Torres de la revista Ahora. La denuncia la hace el valiente senador [[Benjamín Villafañe Chaves|Benjamín Villafañe]] y la verdad es develada por la comisión investigadora integrada por los senadores Alfredo Palacios, Suárez Lagos y Héctor González Iramain. Durante las audiencias de la comisión el general Márquez culpa a sus subordinados, los generales Ramón Molina y Juan Bautista Molina. El escándalo es tan grande que ofrece su renuncia el presidente de la Nación, Roberto Ortiz, ofrece su renuncia. Aunque la renuncia no es aceptada, el mandatario no volverá a aceptar su continuará en el cargo por razones de enfermedad y lo suplantará el vicevicepresidente, Ramón Castillo , tras el remplazo de todo el gabinete. El negociado de las tierras de El Palomar culminó el desprestigio total del régimen político imperantede la época, peyorativamente denominado como el de denominada la Década Infame, dando origen sustento al golpe militar del 4 de junio de 1943.
Merecen un análisis especial las responsabilidades técnicas de diversos funcionarios, algunas de las cuales se analizan a continuación.
Hay tasaciones de ingenieros, coincidentes dentro de estrechos límites, sobre el valor inmobiliario de las tierras ofrecidas. No se menciona en ningún momento la aptitud de las mismas para los usos a los que iban a ser destinadas, destino aparentemente nunca especificado. Si las tierras no sirven para hacer con ellas lo que se desea, '''tienen valor nulo para la institución''', valor que no coincide con el de una valuación inmobiliaria y cualquier otro argumento que se quiera hacer al respecto es inválidoindependientemente del inmobiliario. Éste es el tipo de pronunciamiento que se espera de un profesional responsable, y si ninguna ley lo dice así es que hay problemas con las leyes.
El ministro de Guerra Márquez ordena la compra ignorando todos los pronunciamientos contrarios al respecto, como se detalla minuciosamente más arriba. Todavía es hoy común en Argentina que las órdenes de un jefe primen sobre todos los argumentos técnicos, se . Se espera de los técnicos "obediencia debida" y no tienen ninguna asumen responsabilidad alguna por cualquier desaguisado o catástrofe que se produzca por su acatamiento. Cuando hay consecuencia consecuencias objetivamente comprobables de la ignorancia de indiferencia por los criterios técnicos, debería primar el principio de "desobediencia debida". Esto requiere que el escalafón de los empleados técnicos (profesionales de cualquier disciplina científica o tecnológica) debe tener tenga reglas especiales al respecto. Si el jefe de un contador le ordena violar la Ley de Contabilidad de la Administración Pública, el empleado debe tener la obligación no sólo de desobedecer sin escudarse en la "obediencia debida"sino de denunciar a su jefe.