El Los [[tecnocracia|tecnocratismotecnócratas]] ingenuo alimenta creen y alimentan la creencia de que las decisiones tecnológicas se toman analizando todas las alternativas posibles y evaluando de modo racional y no sesgado las ventajas y desventajas de cada una. La historia de la construcción del ferrocarril de Jujuy a La Quiaca ilustra claramente la importancia de los intereses económicos y políticos en la toma de decisiones tecnológicas, las que en este caso volcaron la balanza por el proyecto con mayores beneficios sociales. Muchos otros grandes proyectos no tuvieron igual suerte, de los que es prototipo el caso de [[Puerto Madero]].
Concluidos los estudios de la traza en todo el sector argentino, aunque no en el boliviano, la obra no se ejecutaba por falta de recursos estatales. A fines del año 1901 el senador nacional y ex gobernador de Jujuy Cástulo Aparicio presentó un proyecto de ley para la financiación de la obra. En ella fundamentaba la rentabilidad del ramal en el interés manifestado por la que entonces era la mayor empresa minera de plata en el mundo, Huanchaca, que explotaba el yacimiento de [http://es.wikipedia.org/wiki/Pulacayo Pulacayo] en Bolivia. El masivo transporte de minerales desde Pulacayo hasta Antofagasta (Chile), donde se extraía el metal, había originado la construcción del primer ferrocarril boliviano, pero el convenio entre la empresa minera y el ferrocarril caducaba en 1903. La asegurada rentabilidad que tal transporte permitiría tendría el principal beneficio deseado por los jujeños y salteños: la restitución del comercio con Bolivia que languidecía por los graves problemas de transporte, comercio que en la época se había derivado a Antofagasta. Según las cifras proporcionadas por Aparicio, el costo total de la obra era de $ 7.242.000 por la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) y de $ 7.492.000 por la Quebrada del Toro (Salta), que incluyendo las pérdidas de comercialización equivalían a unos 10 millones de pesos de fondos públicos. El proyecto proponía una primera emisión inmediata de bonos públicos por $ 5 millones para la iniciación de la obra. (Véase Villafañe DSA.)