Como toda su legislación, la legislación minera en Argentina es heredera de la española. En la península ibérica las regulaciones mineras pueden rastrearse hasta el más antiguo documento legal conocido del reino de Castilla, el [http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Fueros_de_Castilla Libro de los Fueros de Castilla], probablemente redactado alrededor del año 1250. En 1348 se promulgó el [http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_de_Alcalá Ordenamiento de Alcalá], dos de cuyos título hablan del usufructo y la propiedad de las ''mineras'' ([http://books.google.es/books?id=JUGEAAAAIAA Título XXVII de la Ley III y Ley XLVII]). En el momento de la conquista de América había normas contradictorias, algunas de ellas recopiladas en el [http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_de_Montalvo Ordenamiento de Montalvo] de 1484, pero recién en 1567 el rey Felipe II ordenó el cuerpo legal hispano en la denominada [http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Recopilación Nueva Recopilación]. La importancia de la minería americana y el deseo de los monarcas borbones de ordenar y centralizar más eficientemente sus reinos produjo las Ordenanzas de Minería de la Nueva España, que rigió en todos los dominios americanos desde 1783. Gran parte de estas normas siguieron rigiendo durante muchos años en los independizados estados americanos, incluyendo a la Argentina.