El INTA es la institución tecnológica estatal que históricamente más se ha destacado. Organismo autónomo y financiado por recursos específicos hasta la década de 1990, promovió la actualización tecnológica de la producción agropecuaria mediante el "efecto demostración" de sus estaciones experimentales y el trabajo directo con productores. Drásticamente reducido en dicha década, no fue actor principal en la gran revolución tecnológica que fue la siembra directa, la gran mecanización de las cosechas y el uso generalizado y negligente de organismos transgénicos como la soja. En la presidencia de Cristina Fernández fue totalmente desoído para la toma de las decisiones durante el conflicto con los productores agropecuarios. En 2009 tenía 15 centros regionales con un total de 47 estaciones experimentales que abarcan todo el país (véase la figura). Un promisorio concepto que ha propulsado es el Parque de Innovación Tecnológica (PIT), la radicación de una empresa en un predio del INTA para desarrollar productos o procesos agroalimentarios en forma conjunta, compartiendo ambas entidades los beneficios obtenidos. Los PIT tienen todavía muchos problemas pendientes de resolución: no están bien vinculados con centros de investigación científica, ni de formación de profesionales (universidades), ni con las asociaciones empresariales, municipios y provincias. No tienen personería jurídica —o —o sea, entidad legal— legal— y todavía no han desarrollado bien su infraestructura[http://www.amodio.biz/jorge/inetar/docs/sigen/INF0183200600W.pdf].