Justicia social

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La justicia social es un valor, permanentemente declamado por todos los políticos pero rara vez llevado a la práctica. Su rasgo central es la innata igualdad de derechos de todos los miembros de una sociedad, independientemente de su linaje, bienes, poder y destrezas. La consecuencia central de la justicia social debería ser la garantía de que cualquier persona tenga lo imprescindible para el cabal desarrollo de su vida: alimentación, vestimenta, vivienda, seguridad personal, salud, participación social, comprensión del mundo. La justicia social no garantiza ni excluye la prosperidad o el lujo, en tanto no atenten contra su objetivo central de nivelar las oportunidades iniciales de todos los miembros de la sociedad.

Todos saben que no vivimos en una sociedad con justicia social. Los pobres, los que no alcanzan a cubrir sus necesidades económicas básicas de alimentación, vestimenta, vivienda y salud, constituían en 2009 (según las encuestas privadas, ya las oficiales dependen de los distorsionados índices del INDEC) casi un tercio de la población. Los indigentes, los que no alcanzaban siquiera a saciar su hambre (porción de la población de difícil acceso para los encuestadores) eran aproximadamente el 20% de la población de Argentina, país que producía entonces suficientes alimentos para una población diez veces la propia. Para los que priorizan la justicia social una de las funciones principales del estado (la comunidad nacional organizada) es proveer la ayuda necesaria para terminar con esta situación, es decir, promover el estado general de bienestar, el “welfare state”. En tal caso la discusión debe versar exclusivamente sobre cuáles son los medios más idóneos para brindar al mayor número de pobres la máxima ayuda posible. La inexistencia de esta discusión pone en evidencia uno de los principales problemas argentinos, pasados y presentes: la atención oportunista a los problemas del presente y no a la planificación del futuro.