El '''negociado de las tierras de El Palomar''' fue, a fines de la década de 1930, una escandalosa compra de tierras hecha por el Ejército Argentino para agrandar el Colegio Militar de la Nación. Las tierras se pagaron a más del quíntuple de su valor de tasación mediante una operación en la que intervinieron jefes militares, altos funcionarios nacionales y diputados nacionales corruptos, la que casi provocó la renuncia del entonces presidente de la Nación, [http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Marcelino_Ortiz Roberto Ortiz]. La maniobra, revelada por el periodista José Luis Torres[http://horizontesur.com.ar/radio/index.php/documentos/226-estudio-introductorio-a-jose-luis-torres-el-fiscal-de-la-decada-infame-por-alberto-buela-.html], fue denunciada por el senador nacional por Jujuy [[Benjamín Villafañe Chaves|Benjamín Villafañe]] e investigada por una Comisión Especial del Senado de la Nación presidida por el legislador socialista por la Capital Federal [http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Palacios Alfredo Palacios], la que confirmó y reveló los detalles del negociado.
El ministro de Guerra general Márquez logró que el presidente Ortiz, firmara un decreto que autorizaba un precio de  11.000 por cada hectárea de tierras que valían menos de $ 2.000. Codiciosas propietarias simulan la venta previa de sus tierras en  1.447.906, cuando la operación se consuma recién en el momento en que un intermediario, Néstor Luis Casás, las vende en  2.450.303 a la Nación ganando una diferencia de  1.003.000. El negociado toma estado público por el resentimiento de un ex gobernador intervenido por Ortiz, Manuel Fresco, que revela sus detalles al periodista José Luis Torres de la revista Ahora. La denuncia la hace el valiente senador [[Benjamín Villafañe Chaves|Benjamín Villafañe]] y la verdad es develada por la comisión investigadora integrada por los senadores Alfredo Palacios, Suárez Lagos y Héctor González Iramain. Durante las audiencias de la comisión el general Márquez culpa a sus subordinados, los generales Ramón Molina y Juan Bautista Molina. El escándalo es tan grande que ofrece su renuncia el presidente de la Nación, Roberto Ortiz. Aunque la renuncia no es aceptada, el mandatario no volverá a aceptar su cargo por razones de enfermedad y lo suplantará el vice, Ramón Castillo tras el remplazo de todo el gabinete. El negociado de las tierras de El Palomar culminó el desprestigio total del régimen político imperante, peyorativamente denominado como el de la Década Infame, dando origen al golpe militar del 4 de junio de 1943.
Las Merecen un análisis especial las responsabilidades técnicasde diversos funcionarios, algunas de las cuales se analizan a continuación. Hay tasaciones de ingenieros, coincidentes dentro de estrechos límites, sobre el valor inmobiliario de las tierras ofrecidas. No se menciona en ningún momento la aptitud de las mismas para los usos a los que iban a ser destinadas, destino aparentemente nunca especificado. Si las tierras no sirven para hacer con ellas lo que se desea, '''tienen valor nulo para la institución''', valor que no coincide con el de una valuación inmobiliaria y cualquier otro argumento que se quiera hacer al respecto es inválido. Éste es el tipo de pronunciamiento que se espera de un profesional responsable, y si ninguna ley lo dice así hay problemas con las leyes. El ministro de Guerra Márquez ordena la compra ignorando todos los pronunciamientos contrarios al respecto, como se detalla minuciosamente más arriba. Todavía es hoy común en Argentina que las órdenes de un jefe primen sobre todos los argumentos técnicos, se espera de los técnicos "obediencia debida" y no tienen ninguna responsabilidad alguna por cualquier desaguisado o catástrofe que se produzca por su acatamiento. Cuando hay consecuencia objetivamente comprobables de la ignorancia de los criterios técnicos, debería primar el principio de "desobediencia debida". Esto requiere que el escalafón de los empleados técnicos (profesionales de cualquier disciplina científica o tecnológica) debe tener reglas especiales al respecto. Si el jefe de un contador le ordena violar la Ley de Contabilidad de la Administración Pública, el empleado debe tener la obligación de desobedecer sin escudarse en la "obediencia debida".