Negociado de las tierras de El Palomar

El negociado de las tierras de El Palomar fue, a fines de la década de 1930, una escandalosa compra de tierras hecha por el Ejército Argentino para agrandar el Colegio Militar de la Nación. Las tierras se pagaron a más del quíntuple de su valor de tasación mediante una operación en la que intervinieron jefes militares, altos funcionarios nacionales y diputados nacionales corruptos, la que casi provocó la renuncia del entonces presidente de la Nación, Roberto Ortiz. La maniobra, revelada por el periodista José Luis Torres, fue denunciada por el senador nacional por Jujuy Benjamín Villafañe e investigada por una comisión especial del Senado de la Nación presidida por el legislador socialista por la Capital Federal Alfredo Palacios, la que confirmó y reveló los detalles del negociado.

Cronología

Antiguas instalaciones
del Colegio Militar de la Nacíon.

Las tierras en cuestión, que cubrían algo más de 222 ha, eran propiedad en condominio de las hermanas María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola, casadas con dos hermanos de apellido Herrera Vegas. Estaban ubicadas cerca de la estación El Palomar del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico (hoy parte del Ferrocarril General San Martín), y de la 1ª Brigada Aérea de la Fuerza Área Argentina, en la misma zona donde tuvo lugar la histórica batalla del Palomar de Caseros. Allí se hicieron en 1921 las primeras instalaciones del Colegio Militar de la Nación, a las que desde el año siguiente el Ministerio de Guerra quería ampliar para llevar su capacidad a 1.500 cadetes.

La cronología de los hechos, según el expediente del Ministerio de Guerra, es la siguiente:

• 13 de marzo de 1934. Las hermanas Pereyra Iraola ofrecen las tierras en venta al Ministerio de Guerra.
• Mayo de 1934. Las propietarias piden $mn 10.000 por cada hectárea.
• 24 de agosto de 1934. El director general de Ingenieros, general Juan Pistarini, recomienda rechazar el precio pedido por inconveniente.
• 7 de septiembre de 1934. El ministro de Guerra, general Manuel Rodríguez, ratifica lo anterior informando lo resuelto a las oferentes.
• 6 de noviembre de 1936. El director general de ingenieros, coronel Juan Bautista Molina, tasa las tierras en un valor máximo de $ 2.000 cada hectárea.
• 26 de noviembre de 1936. El inspector general del Ejército, general Camilo Idoate, ratifica la recomendación anterior como valor máximo a pagar por las tierras.

22 de diciembre de 1936. Por Resolución del ministro de Guerra, general Basilio Pertiné, ofrece a las hermanas Pereyra Iraola comprar las tierras por $ 2.000 cada hectárea.

• 16 de abril de 1937. El ingeniero civil Alfredo R Gando, perito de la Dirección General de Ingenieros, tasa las tierras en un valor máximo de $ 2.000 cada hectárea.
• 24 de abril de 1937. El ingeniero principal de la Dirección General de Ingenieros, José A Allaria, tasa las tierras por un valor máximo de $ 1.900 cada hectárea.
• 29 de abril de 1937. El general Juan Bautista Molina, director general de Ingenieros, ratifica la recomendación anterior.
• 29 de mayo de 1937. El director general de Institutos Militares, general Rodolfo Márquez, sostiene que no se debe pagar por las tierras ofrecidas más de de $ 1.900 la hectárea.
• 14 de junio de 1937. El inspector general del Ejército, general Guillermo J Mohr, entiende que por las tierras ofrecidas y otras colindantes similares no se debe pagar más de $ 1.900 cada hectárea.
• 25 de junio de 1937. El ministro de Guerra, general Basilio Pertiné, ordena se haga una oferta formal de compra de las tierras por un precio máximo de $ 1.900 cada hectárea.
• 14 de octubre de 1937. Tal vez por rechazo de la oferta por las hermanas Pereyra Iraola, el ingeniero Allaris hace una nueva tasación de las tierras, reafirmando su avalúo anterior de $ 1.900 la hectárea.
• 22 de diciembre de 1937. Las señoras Herrera Vega suscriben un contrato privado de compraventa con Néstor Luis Casás, un aventurero, por un valor de $mn 7.500 por cada hectárea. La operación tiene un plazo de escrituración de 120 días y la prohibición de transferir el contrato a otra persona, pero no se lleva a cabo hasta el 24 de abril de 1939, luego que el Ministerio de Guerra comprara las tierras a Casás por $mn 11.000 la hectárea.
• 22 de diciembre de 1937. El mismo día de firma del contrato de compraventa, Jacinto Baldassarre Torres se presenta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación como apoderado de Casás para ofrecer las tierras en venta por $ 11.000 la hectárea.
• 24 de diciembre de 1937. Las hermanas Pereyra Iraola retiran el ofrecimiento de venta de sus tierras al Ministerio de Guerra.
• 15 de enero de 1938.
• 20 de febrero de 1938. Roberto Ortiz asume la presidencia de la Nación y designa como ministro de Guerra al general de brigada Carlos Márquez.
• El auditor de la Dirección General de Ingenieros, abogado Jorge Luis Almada, sostiene que no debe pagarse por las tierras más de $ 1.900 la hectárea.
• Marzo de 1940. El presidente Ortiz interviene a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Manuel Fresco, por fraude en la elección en que resultó electo Alberto Barceló como su sucesor.
• Entre marzo y mayo de 1940 el ex gobernador Manuel Fresco revela detalles del negociado al periodista José Luis Torres del semanario Ahora.
• 16 de mayo de 1940. El senador nacional por Jujuy Benjamín Villafañe denuncia el negociado en el Senado.

La Dirección General de Ingenieros tasa esas tierras en 19 centavos la unidad métrica por "ser terrenos anegadizos y de poca calidad". El ministro de Guerra general Márquez se las arregla para que el presidente de la Nación, Dr. Ortiz, firme un decreto que autoriza un precio de 1,10 pesos por unidad métrica. La venta se hace de este modo: las propietarias le venden a un intermediario las tierras en 1.447.906 pesos y en el mismo acto ese intermediario, Néstor Luis Casás, se las vende en 2.450.303 a la Nación. Es decir, que en unos minutos, el intermediario ganó 1.003.000 pesos. Por supuesto, ese intermediario era un testaferro de importantes hombres del gobierno. Todo sale a la luz gracias a un periodista: José Luis Torres, de la revista Ahora. En una sociedad llena de presiones, miedos y misterios, de pronto la verdad se abre paso y es incontenible. En el Parlamento hubo, también, hombres honestos, pocos, pero los hubo. Los senadores Suárez Lagos, Benjamín Villafañe y Alfredo Palacios serán los artífices de una investigación a fondo.

El pueblo no cree: "se van a cubrir entre ellos", "no va a pasar nada", murmura. El humor popular ha apodado "Palomárquez", al general Márquez, quien trata de echarle la culpa a sus subordinados, lo que provoca la airada reacción de los generales Ramón Molina y Juan Bautista Molina. El escándalo es tan grande que renuncia el propio presidente de la Nación, doctor Ortiz. Aunque tal renuncia no es aceptada, el mandatario no volverá a aceptar su cargo por razones de enfermedad y lo suplantará el vice, Ramón Castillo. El gabinete renunciará en pleno, entre ellos el general "Palomárquez". Siete implicados recibirán penas de cárcel de hasta seis años, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Juan G. Kaiser. El diputado radical Víctor Guillot se suicida antes de que se le inicie juicio. Pero a pesar de que esta vez no hubo impunidad -aunque no todos los culpables fueron condenados- este negociado fue la gota que faltaba para que el régimen cayera en descrédito. El negociado de las tierras de El Palomar es uno de los más significativos.

La suscripción de las tres escrituras, efectuadas en el mismo banco, no merecieron la observación del representante del Ministerio de Guerra, ni de parte del Escribano del Banco, ni del Escribano Mayor del Gobierno, ni del presidente de la Contaduría General de la Nación Argentina. El conservador Juan G. Kaiser, presidente de la Cámara, fue uno de los implicados quien se benefició con 126.925,18 pesos; Gregorio R. Godoy, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con más de trescientos mil pesos; el entrerriano y radical Miguel A. Aguirrezabala, que aceptó un soborno de 25.373,85 pesos; y los radicales Guillermo Bertotto (ex demócrata progresista) y Víctor Juan Guillot, cada uno de los cuales recibió títulos del Tesoro que, vendidos significaban 12.612,48 pesos a cada uno. Paralelamente Palacios solicitó la formación de un juicio político al Ministro de Guerra, el general de brigada Carlos Márquez. [1]

Fuentes

• Cena, Juan Carlos; Medios de transporte: ferrocarriles 1; Ciudad de Buenos Aires; Villa Crespo Digital; 28 de febrero del 2006.
• Escándalo del Palomar en Wikipedia en castellano.
• Villafañe Chaves, Benjamín; La tragedia argentina; Imprenta José Menéndez; Ciudad de Buenos Aires; 1943; pp. 80‑197.