Poder Judicial argentino

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El Poder Judicial argentino es el responsable de la administración de justicia en Argentina, uno de los tres poderes establecidos por la Constitución Nacional. Hay un consenso generalizado del deficiente funcionamiento del sistema judicial, algunos de cuyos problemas se señalan en este artículo.


Algunos problemas del sistema judicial argentino

  • Conciencia de casta. Los jueces y miembros del Poder Judicial, tanto nacional como provincial, se consideran una clase privilegiada con derechos diferentes de los demás ciudadanos. Tres ejemplos son:
    • la prerrogativa que se han asignado los jueces de estar exentos del Impuesto a las Ganancias;
    • la obligación de los asistentes a una sesión de cualquier tribunal de ponerse de pie cuando ingresa el o los jueces, privilegio que se otorga sólo al presidente de la Nación, con la diferencia que el último es electo por la mayoría de los ciudadanos del país;
    • compromiso tácito de protección mutua en caso de mal desempeño de las funciones judiciales.
  • Dependencia del poder ejecutivo nacional o provincial. En la práctica, como lo reflejan diariamente los medios de prensa de todo el país, los jueces son altamente permeables a las indicaciones secretas de los miembros de la rama ejecutiva del gobierno. En gran parte ésto se debe a que los sistemas de designación y enjuiciamiento de jueces están usualmente dominados por esa rama. El problema no fue bien resuelto en el caso nacional por las normas constitucionales que rigen la conformación del Consejo de la Magistratura.
  • Compromiso con los sectores más adinerados de la sociedad. Por regla general los jueces tienen vínculos personales sólo con los sectores más pudientes, a los cuales protegen; rara vez con los pobres, los habitantes rurales, los pueblos originarios.
  • Insuficiente formación o experiencia para el desempeño de las funciones. Esta insuficiencia se pone claramente de manifiesto en áreas como los juzgados de menores donde es frecuente encontrar como jueces a abogados sin experiencia en el desempeño de su profesión.
  • Criminalización de los pobres, legalización de la desigualdad social.[1]

Fuentes