* Presiones a dirigentes indígenas y falsificaciones de firmas.
* El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y los Institutos Provinciales del área no informan debidamente sobre el tema.
* Se ignora la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones indígenas creen, con buenos fundamentos, que las deficiencias detectadas no son casuales y están vinculadas a la oposición de los pueblos originarios al modelo extractivista de la gran minería y la explotación de hidrocarburos en sus territorios ancestrales.