Tierras de los indígenas argentinos

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Las tierras de los aborígenes de Argentina son su más valioso bien, frecuentemente el único de importancia. Asentados en ellas desde tiempos inmemoriales, frecuentemente no tienen los títulos de propiedad que la cultura "blanca" requiere. A pesar del mandato constitucional del inciso 17 del artículo 75, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, por regla general los títulos no han sido otorgados. Este artículo describe las luchas de las comunidades aborígenes por la preservación y recuperación de sus tierras ancestrales.


Estatus jurídico de las tierras indígenas durante la conquista y colonización

Las leyes de Indias reconocieron el derecho a sus tierras de los indígenas que se sometían a la autoridad del rey (relación de vasallaje). Las encomiendas no daban a los encomenderos derecho a las tierras, sino sólo a recibir tributos en especies de los aborígenes asentados en ellas.

En abril de 1716 la corona española emitió una cédula real reafirmando este derecho de posesión, frecuentemente burlado por los encomenderos. En ella se establece:[1]

Dar posesión real al cacique (...) y que en ningún tiempo os han de quitar persona alguna. (...) para él, su indiada, herederos y sucesores (...) como dueños legítimos de aquellas tierras para que las posean ellos y sus descendientes.

En 1853 el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires reconoció explícitamente este derecho.

Ocupación actual de tierras de las comunidades aborígenes

En la práctica el derecho constitucional de derecho a las tierras no se reconocía, lo que generó en 2006 la sanción de la Ley Nacional N° 26160 que decla la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes. Sin embargo, 6 provincias argentinas no adhirieron a la ley: Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén[2].

Las siguientes secciones identifican algunas denuncias recientes sobre avasallamiento de los derechos de los aborígenes.

Chubut

  1. Alto Río Senguer. El 29 de diciembre de 2010 la comunidad tehuelche-mapuche Sacamata-Liempichún, del paraje Payaniyeo, en la localidad de Alto Río Senguer, al sudoeste de la provincia del Chubut, ocupó 500 ha del territorio ancestral que reclama. Las tierras, originalmente otorgadas por el gobierno nacional en 1925, fueron gradualmente reducidas y usurpadas.[3]
  2. Santa Rosa Leleque, en la cercanías de El Maitén. La empresa Benetton pretende desalojar a una comunidad mapuche ancestralmente localizada en lo que considera sus propiedades.[4]
  3. Vuelta del Río (Departamento Cushamen). El juez José Oscar Colabelli emitió una orden de desalojo contra una comunidad mapuche que ocupaba el territorio desde tiempos inmemoriales, sin acreditar la posesión invocada por el reclamante.[5]

Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba —revirtiendo fallos de instancias inferiores— emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto en la localidad de El Chacho, en el noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. Según el Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina), en el norte de la provincia hay al menos 100 conflictos por tierras aborígenes.

Formosa

  1. Bañado La Estrella. En 1997 el gobierno de la provincia de Formosa derivó las aguas del bañado La Estrella a una serie de canales, dentro de la comunidad pilagá de El Descanso, ubicada en las cercanías del bañado La Estrella, en la región chaqueña. Las obras de construcción, que se hicieron sin el consentimiento previo de la comunidad, provocaron la inundación de sus tierras, la profanación de los cementerios, y la disminución de peces y otros recursos naturales. El abuso fue denunciado internacionalmente por Amnistía Internacional en un informe especial[6].
  2. La Primavera, comuna de Laguna Blanca a 175 kilómetro de la ciudad de Formosa Provincia de Formosa). La comunidad qom Navogoh, compuesta por más de cinco mil personas (unas 900 familias) están asentadas en unas 5.178 ha amojonadas hace muchos años. Miembros de la comunidad denunciaron a comienzos de 2010 que el esposo de una concejal usa parte de sus tierras para crianza de animales y que intenta, con sus socios, alambrarla para reclamar la propiedad. Señalan asimismo que sus reclamos no son atendidos por la policía ni por las autoridades municipales[7][8]. La noticia no fue reproducida por ninguno de los grandes medios nacionales de comunicación ni los de más circulación de Formosa. Posteriormente, debido a una orden de desalojo judicial, murieron un miembro de la comunidad y un aborigen, hecho avalado por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a quien se le ha pedido la renuncia o la intervención federal.[9] En junio de 2011 la comunidad quom eligió nuevos representantes, siendo desplazado el candidato apoyado por el gobierno provincial que había facilitado la pérdida de las tierras.[10]

Neuquén

  1. Currumil en Aluminé. Hubo desalojos violentos de tierras.[11]
  2. Comunidad mapuche Paichil Antriao en Villa La Angostura.[12]

Río Negro

  • Cuesta del Ternero. El juez penal de primera instancia de Bariloche Miguel Angel Gaimaro Pozzi ordenó el desalojo de la comunidadmapuche' José Manuel Pichún de las tierras que ocupaba en esa localidad desde fines del siglo XIX. Las tierras fueron tomadas por la empresa forestal mixta EMFORSA e invadidas con una plantación industrial de pinos exóticos.[13]
  • Tres Cerros, 25 km al norte de Comallo. La comunidad mapuche Loncón tiene desde 2008 un conflicto con el juez Carlos Larroulet por la propiedad de sus tierras ancestrales en las cercanías de la localidad de Comallo.[14][15]

Salta

Wichís salteños a comienzos del siglo XXI.
  1. Cachi, Las Pailas. Cinco familias diaguitas desalojadas por orden de la jueza Mónica Faber.[16] El 21 y 22 de enero de 2011 hubo movilización popular en repudio del atropello.[17]
  2. Embarcación. Comunidad wichí Honat Le LesLos. Los desmontes que favorecen la erosión y los ductos de petróleos comprometen gravemente sus tierras.[18]
  3. Hipólito Yrigoyen. El Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal y la Municipalidad ocuparon tierras ancestralmente pertenecientes a comunidades guaraníes. [19]
  4. La Loma. Guaraníes.[20]
  5. Lotes fiscales 14 y 55. Más de 35 pueblos originarios agrupados en la Asociación de Comunidades Lhaka Honhat repudiaron el convenio firmado entre el gobernador, Juan Manuel Urtubey, y el titular del Ministerio de Agricultura de la nacional, Julián Domínguez. El mismo plantea obras e inversiones en supuesto beneficio de esas comunidades, las que no fueron consultadas.[21]
  6. Tierras ancestrales del pueblo lule fueron entregadas por la justicia al Jockey Club de Salta. La policía maltrató a manifestantes y el gobernador Urtubey fue declarado persona no grata por la comunidad lule.[22]
  7. Varios lugares. La concesión para explotación petrolera del área Hickman de 6.500 km², otorgada en enero de 2007 a Tecpetrol y Petrobrás, compromete el territorio de las comunidades wichí de La Chirola, La Corzuela, La Asamblea, La Golondrina, Media Luna, El Algarrobito Blanco, El Algarrobito, Carpintero y Las Yalas.[23]

Más de 60 familias de las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron en marzo de 2011 un reconocimiento parcial de sus derechos sobre las tierras que ocupan de tiempo inmemorial. Cinco años después de plantear el reclamo judicial, un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Salta ordenó al Estado nacional que inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades ... conforme a los usos y pautas culturales reconocidas por la Constitución Nacional, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas familias estaban siendo desalojadas de hecho por los desmontes que hacían en sus tierras los productores de soja. La Cámara fijó un plazo de 90 días hábiles para la tarea de delimitación. Los desmontes aprobados por el Poder Ejecutivo de Salta provocaron la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís. El fallo no implica el reconocimiento de la titularidad de las tierras, para el que deben hacerse trámites adicionales.[24]

Fuentes

Tucumán

  1. Chuschagasta. Fue asesinado un dirigente indígena, presuntamente por terratenientes.[25]
  2. Quilmes (Colalao del Valle). La justicia tucumana intentó 3 veces desalojar de sus tierras ancestrales a la comunidad indígena quilmes, incluso por la fuerza. Un 4º desalojo fue frenado por el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación en agosto de 2011, que ratifucó la plena vigencia de la ley 26160.[26][27]

Fuentes

Véase también

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