Clientelismo político

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El clientelismo político', usualmente denominado clientelismo, a secas, es una relación de dependencia de votantes respecto de dirigentes políticos usando recursos de la comunidad.


Antecedentes históricos

A partir del siglo III dC la forma de vida en todo el imperio romano comenzó a tener cambios sustanciales. Se produjo una creciente urbanización que concentró el poder en un reducido grupo de personas en las ciudades: los senadores, los comandantes militares y algunos funcionarios de alto rango. Estos ricos y poderosos llevaron un estilo de vida cada vez más hedonista y extravagante. El control del imperio requería una administración cada vez mayor con el mantenimiento de grandes cantidades de funcionarios y de fuerzas militares. Las zonas rurales del país se consideraban como meros apéndices de las ciudades a las que debían proveer de alimentos y otras materias primas para los artesanos urbanos, los que estaban sujetos a sus gremios sin libertad de cambiar de oficio. Los numerosos golpes de estado, usualmente por comandantes militares, hicieron que en Roma y las capitales de provincia aumentaran las intrigas palaciegas, las alianzas volátiles y los riesgos para los cortesanos que caían en desgracias. Todo este sistema de vida estaba sustentado en cuantiosos impuestos que afectaban más a los más débiles, ya que los poderosos senadores estaban exentos de ellos y cada vez más desentendidos de las necesidades de los ciudadanos comunes.

Para eludir los impuestos muchos comenzaron a abandonar las ciudades, donde los controles eran continuos, para residir en propiedades rurales. El gobierno trató de impedirlo con controles cada vez más rigurosos sobre todo tipo de transacciones comerciales y operaciones de compra y venta de propiedades. Las únicas transacciones monetarias no reguladas ni gravadas fueron las donaciones, que comenzaron a usarse crecientemente como medio de evasión impositiva, del mismo modo que hoy se usan cooperativas y fundaciones para hacer buenos negocios. Uno de los métodos más usados fue la donación de propiedades a patrones ricos y políticamente poderosos, senadores y funcionarios, que luego la devolvían con carácter de tenencia sin mediar intervención del gobierno. Como estos arreglos se hacían por pedido (en latín preces, que se pronuncia prekes) se denominaron precarium. El carácter precario de los arreglos, basados sólo en la buena fe del poderoso, ponían al donante en relación de dependencia con aquél. El sistema se extendió luego a las clases menos pudientes, donde la protección del poderoso se obtenía a cambio de servicios personales del protegido. Como la relación se establecia cuando el débil aceptaba acatar (en latín cluere) las órdenes del poderoso, el vínculo así establecido se denominó relación de clientela.

Las relaciones de clientela fueron el cemento principal del sistema político que surgió después de la desintegración, en el siglo V, del Imperio Romano de Occidente: el feudalismo. Este sistema ha llegado hasta nuestros días, sin variantes de fondo, con el nombre de clientelismo.

Principales rasgos del clientelismo

El escritor francés Alain Rouquié señala, respecto a América Latina en general (Rouquié EMAL, p. 42), que:

La concentración del poder económico y social, la rigidez de las divisiones y la perennidad de las estructuras de dominación, incluso en las sociedades más urbanizadas y secularizadas, sirvieron para diseñar en todo el continente y en distintos grados, modelos de autoridad y tipos de relación específicos. Es asombrosa la verticalidad de las relaciones sociales y la generalización del modelo autoritario de dominación. En efecto, no sólo son escasos o problemáticos los vínculos sociales —libres e igualitarios— sino que el estilo de las relaciones elite-masas en casi todos los países del subcontinente, por encima de los matices y gradaciones existentes inclusive en cada país, es invariablemente represivo, paternalista y monopólico. De ahí se desprende que los mecanismos de exclusión de los dominados son ambivalente y aplicados conjunta y sucesivamente al modo de cooptación obligatoria y marginalización.
La verticalidad de las relaciones sociales y las modalidades de dominación se encarnan en el clientelismo y los diferentes sistemas de padrinazgo. El cacique, gran propietario, comerciante o dignatario, hombre establecido e intermediario obligado con el resto de la sociedad, tiene en sus manos una red de incondicionales a los cuales hace concesiones como favor, aunque deriven de las leyes del mercado o de obligaciones contractuales libres. El aislamiento geográfico, la inseguridad legal, la escasez de determinados bienes (tierra, agua, trabajo) crean relaciones recíprocas desiguales. En torno al "poderoso" se organiza una red favores, aparentemente particulares, en la cual cada individuo favorecido se convierte en eterno deudor y cautivo de su bienhechor.

La relación de clientela entre un poderoso (el patrón) y un débil (el cliente) tiene los siguientes rasgos:

  • Es asimétrica. Aunque en toda relación hay presunto consentimiento mutuo, el débil está en gran desventaja respecto al poderoso.
  • Es autoritaria. Para recibir los beneficios el cliente debe obedecer al patrón.
  • Es interesada. El patrón quiere lo que el cliente puede dar (votos, asistencia a reuniones y manifestaciones, en ciertos casos uso de la violencia sobre otros...). El cliente quiere a cambio lo que el patrón puede darle (ingreso a un plan social, contratos temporrios, bienes, dinero, apoyo a usurpaciones de tierras...)
  • Es corrupta. El patrón es un político que no usa sus bienes o trabajo para dar al cliente lo que necesita, sino bienes del Estado o el uso de su poder directo como funcionario o su influencia sobre otros funcionarios para otorgar lo que no corresponde al cliente o no obtendría en el mismo plazo, cantidad y calidad por las vías normales.
  • Profundiza la desigualdad social. Al patrón no le conviene que la relación termine, por lo que no dará al cliente lo que necesita para ser autónomo, sólo aquello que lo hace ser más dependiente.

Uno de los principales logros de las sociedades democráticas fue la condena (ya que no la eliminación) de estos vínculos de dependencia, la afirmación teórica de que todos los seres humanos, por el sólo hecho de serlo, tienen los mismos derechos básicos. La práctica democrática eficaz debe ir bastante más allá, requiere proteger a los más débiles de los más poderosos, sin condicionamientos ni contraprestaciones. Desde el punto de vista de la justicia social es necesario que la ayuda a los pobres no esté condicionada ni retaceada. Con contadas y heroicas excepciones, el valor máximo de cualquier persona es su vida y la de sus familiares. Cuando esta supervivencia se pone en juego (y no necesariamente la desidia o la deshonestidad como quieren hacer creer algunos) es comprensible que se consideran válidos medios que en mejores circunstancias no lo serían. En sociedades intrínsecamente injustas como la argentina la relación clientelar puede ser el único medio percibido (aunque con seguridad no el único existente) como potencialmente capaz de resolver los problemas más graves de una persona desposeída.

El clientelismo está favorecido por una peculiaridad cultural argentina —probablemente también latinoamericana, española e italiana, es decir, latina— la importancia que se asigna a los vínculos personales, sean igualitarios de amistad o asimétricos de dominación. Otro ejemplo común de un vínculo asimétrico, como el de patrón-cliente, es el de padrino–ahijado.

Carácter estructural del clientelismo

El relevamiento —que en realidad no es tal— de la pobreza ha sido en Argentina tradicionalmente encomendado a los referentes barriales de los diferentes partidos políticos, los usualmente denominados punteros. Estos referentes supuestamente conocen a las personas del barrio, sus ingresos (que en las sociedades capitalistas son el medio indispensable para la satisfacción de las necesidades básicas) y sus más graves problemas. Estos referentes, frecuentemente (aunque no se sabe qué porcentaje de las veces) bien intencionados, deben también ayudar a satisfacer la principal necesidad de los políticos: obtener votos. Es por esta razón que la gran transferencia de recursos se produce, queja habitual de los ciudadanos en general, en tiempos electorales. Una vez individualizados los potenciales receptores, buena parte de la ayuda personal (no las obras barriales que serán anunciadas y ojalá inauguradas por el intendente, gobernador o presidente, según el monto de la inversión) es canalizada a través de los mismos referentes, ignorándose también qué porcentaje es "retenido" por ellos. Los dejados fuera del sistema, el porcentaje de la ayuda que "se pierde" en el camino, la continuidad de la misma y la razón de este supuesto medio de promover la justicia social requieren análisis detallado.

La relación de clientela requiere tanto el ocultamiento de los verdaderos mecanismos de otorgamiento de la ayuda social, como la arbitraria selección de sus beneficiarios. Si hubiera "transparencia" —como metafóricamente se denomina en la jerga popular a la completa y libre disponibilidad de información— los necesitados de ayuda sabrían de su derecho a recibirla y de los requisitos, idénticos para todos, para su obtención. Los referentes barriales y políticos dejarían entonces de ser los mediadores ineludibles para la recepción de los beneficios. Uno de los medios para lograrlo sería un empadronamiento responsable de los pobres hecho por personal idóneo e independiente de los partidos políticos, es decir con cargos estables (no contratos temporarios arbitrariamente renovados o no) ganados en concursos "transparentes". Este mecanismo es el usado por los países industrializados bajo el nombre genérico de seguro de trabajo, donde incluye la entrega de información sobre empleos adecuados a las habilidades, aunque generalmente no de capacitación (es decir, de mejora de esas habilidades).

Sólo llegan al conocimiento público las violaciones flagrantes del pacto tácito de ayuda mutua de la relación de clientela, como cuando algún puntero menor se queda con la mayoría o la totalidad de la ayuda pagada por la comunidad a través de los impuestos, típicamente útiles escolares, comida envasada, vestimenta, colchones, chapas. Se desconoce la fracción que regularmente es retenida por los intermediarios en lo que ellos rotulan como legítima comisión por servicios prestados, pero no es exagerado estimar que no menos de la mitad de la inversión inicial desaparece en su tránsito por los sinuosos caminos de la corrupción. Mecanismos arbitrarios de selección y asignación como éste son causa de corrupción para sus dadores, pero también para sus receptores. El mecanismo usualmente tácito —es una frecuente excepción la firma de afiliaciones partidarias— es que el receptor de la ayuda ayude a su vez al referente barrial o político a reafirmar su estatus en la organización clientelar, típicamente mediante la concurrencia y la manifestación de aprobaciones y agradecimientos en los actos, mitines o comilonas que abundan en las campañas electorales. Además, la falta de concurrencia sin causa bien justificada sería seguro motivo de suspensión de la ayuda. Es así que la mayoría de los asistentes pobres (como bien sabe quien ha estado en ellos) no asisten por convicción o vocación, sino por el compromiso clientelar o los beneficios inmediatos del paseo, la comida, la bebida y, excepcionalmente, las drogas (véase Auyero). Los políticos tienen la fuerte pero discutible convicción de que con esos mecanismos discrecionales de distribución de beneficios se obtienen votos. Es probable pero no seguro, ya que en el supuesto secreto del cuarto oscuro cada cual puede hacer lo que mejor le plazca. Lo más probable es que se respete el pacto tácito, ya que la mayoría sentiría como degradación moral no devolver el favor recibido. Paradójicamente, y ésta es parte importante de la intrínseca maldad del sistema, se sentiría corrupto el beneficiario que no avalara activamente a su "benefactor" aunque le constara su deshonestidad.

El clientelismo político no promueve la justicia social sino la perduración de prácticas sectarias, por no decir facciosas o mafiosas, que han caracterizado la cultura argentina desde la época colonial (léanse, por ejemplo, los trabajos de Eduardo Saguier). Estas prácticas no afectan exclusivamente a los más pobres, están imbricadas en toda la estructura social argentina, aún en las supuestamente impolutas escuelas, universidades y centros de investigación, como detalladamente analiza Saguier.[1] El clientelismo es una de las caras más visibles, pero no la única, de las inmorales prácticas políticas argentinas. No es la causa, es una consecuencia de la generalizada creencia de que no valen las capacidades que tiene o los comportamientos que tuvo alguien respecto de los demás, sino el valor práctico que esa persona tiene para uno mismo. En esta concepción utilitaria de las personas, las ajenas al grupo de los considerados como pares (característica de los sistemas sectarios) no valen como fines en sí mismas (como lúcidamente prescribiera Kant), sino sólo como medios para la consecución de los fines propios. Su consecuencia inevitable es la supervivencia de los más fuertes, la profundización de la desigualdad. La justicia social sólo puede alcanzarse cuando se valora al otro (pertenezca o no al grupo selecto) como potencialmente igual a uno, aunque tal vez desfavorecido por la suerte. En esta concepción nuestro linaje, bienes, poder y destrezas deben ser fuente de agradecimiento hacia quienes los hicieron posibles, pero también de responsabilidad indeclinable hacia los que no fueron tan favorecidos como uno. El sistema de valores predominante no es sólo una característica más de una cultura, es la determinante del futuro de la mayoría de sus integrantes.

Casos de clientelismo

La eliminación del clientelismo en el otorgamiento de planes de trabajo —Trabajo sin clientelismo—[2] fue en noviembre de 2009 la consigna de varias agrupaciones sociales y piqueteras.

El 24 de febrero de 2010 manifestantes del Polo Obrero, el MST, Movimiento Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, cortaron parcialmente el tránsito de la avenida 9 de Julio de Capital Federal con reclamos de "Trabajo para todos sin clientelismo". Los reclamos —dirigidos a la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Alicia Kirchner— tuvieron lugar también en Chaco, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Jujuy, Gualeguaychú y Corrientes como parte de un plan nacional de lucha contra la discriminación en el ingreso al plan de cooperativas Argentina Trabaja.[3] La noticia de la manifestación fue difundida por casi todos los periódicos matutinos del día siguiente, con la excepción de Página 12.

Fuentes