Criminalización de la protesta social en Argentina

La criminalización de la protesta social en Argentina, tratar a los reclamos sociales como delitos, ha sido una política implícita de muchos gobiernos argentinos. Es necesario señalar aquí que los poderes ejecutivos de las jurisdicciones federales de Argentina no necesariamente tienen al respecto las mismas políticas que el Poder Ejecutivo Nacional. El siguiente listado ilustra casos graves de criminalización.

Jujuy

• 2011, julio. La policía jujeña mata a 4 personas que ocupaban tierras del ingenio Ledesma en reclamos de viviendas.[1]