Es frecuente, especialmente en los estudios de impacto ambiental, que los evaluadores de un emprendimiento reciban sus honorarios del evaluado. Esto genera un agudo conflicto ético ya que el evaluador se enfrenta al dilema de priorizar entre su interés económico —complacer —complacer al evaluado, con la probabilidad de recibir futuras contrataciones— contrataciones— y su objetividad científica —exponer —exponer sin retaceos tanto sus opiniones como sus dudas, aunque molesten al evaluado. Un dilema análogo es el que han enfrentado docentes e investigadores de las [[universidades nacionales]] argentinas con relación a las regalías mineras recibidas de [[YMAD]] por las explotaciones en [[Bajo de la Alumbrera]]. Un caso extremo (enseguida se verá por qué) es el de la [[Universidad Nacional de Salta]] (UNSA) que se relata a continuación.
Debido a los pedidos hechos en 2009 por algunos estudiantes y docentes para que no se aceptaran los fondos provenientes de la explotación de la mina en [[Bajo de la Alumbrera]], por sus perjuicios sociales y ambientales, el rector o el Consejo Superior de la UNSA (la noticia no lo especifica) creó, por Resolución 385/2009, una comisión especial para estudiar el tema. La comisión —integrada —integrada por los profesores Dr. Raúl Seggiaro, Lic. Norma Naharro y Dra. Alicia Kirschbaum, con la colaboración de los licenciados Catalina Buliubasich y Alfredo País— País— dictaminó que se debían aceptar los fondos porque así lo establece la [http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/14771.htm Ley Nacional N° 14771] sancionada en 1958. Entre sus fundamentos señalan que ''circunscribir el problema a una cuestión ética de rechazo de fondos que por ley le corresponde recibir al Estado y obliga a la empresa a pagar, plantea una falsa disyuntiva que traba este problema en una cuestión legal sin solución'' [http://www.argenpress.info/2010/03/argentina-salta-comision-ad-hoc-de-la.html]. Basado en esta recomendación el Consejo Superior resolvió aceptar los fondos, $1.177.148, que se incorporaron al presupuesto de la universidad. A fines de ese año la Comisión de Hacienda aconsejó por Despacho 287/2009 el reparto de esos recursos, entre los que se incluían $250.000 (para arreglos y ampliaciones de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud) y ¡$130.000 para la mencionada comisión especial![http://www.argenpress.info/2010/03/argentina-salta-comision-ad-hoc-de-la.html] Asesorar a la institución es una de las obligaciones que debe cumplir un docente o investigador de cualquier universidad dentro de las obligaciones de su cargo, sin remuneración especial ninguna salvo cuando deba incurrir en gastos extraordinarios, como los de transporte, comida y alojamiento por tareas fuera de su lugar de residencia; estos gastos debieran hacerse por reintegro, aunque no siempre es así.
Como oportunamente manifestó el titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, en una carta dirigida en junio de 2009 al presidente del [[Consejo Interuniversitario Nacional]] (CIN):