Muchas comunidades del país, asentadas en general en pequeñas poblaciones (véase el artículo [[Unión de Asambleas Ciudadanas]]) han expresado desde su preocupación hasta el enérgico rechazo a las actividades mineras. La razón es que el auge de estas actividades, inicialmente acogidas hasta con entusiasmo por su generación de puestos de trabajo, ha tenido en la práctica demasiadas consecuencias negativas, a veces graves. Entre las consecuencias inmediatas más críticas —todavía no se han manifestado las de largo plazo, como las que resultarán del cierre de las grandes explotaciones— se cuentan:
* Disminución de la disponibilidad local de agua, recurso vital para la vida, o su contaminación por la disposición final de las enormes cantidades usadas para la concentración y separación de los minerales.
* Uso de cuantiosos fondos estatales para la construcción de costosas obras de infraestructura vial y de provisión de servicios, en especial de [[Linea Eléctrica Minera|abastecimiento de electricidad]], mayoritariamente en beneficio de los buenos negocios mineros. Muchas de estas obras habían sido infructuosamente solicitadas por estas comunidades durante muchísimos años.
* Generación o presunción de generación de problemas ambientales y sanitarios provenientes de filtraciones, derrames de cargas y difusión atmósférica de polvos de naturaleza desconocida, aparición o detección de enfermedades antes desconocidas. Una de las sustancias más temidas —aunque hay muchas más internacionalmente consideradas peligrosas— es el [[cianuro]] usado en la lixiviación del oro.
* Cambio del modo tradicional de vida por el ingreso de obreros de otros lugares, con alto poder adquisitivo, sin la contrapartida de la generación de puestos de trabajo para la población local debido a su falta de capacitación.