El gobierno argentino ha sido lento en reconocer los problemas en Abra Pampa. Y cuando finalmente lo hizo (en los últimos meses retiró gran parte de la montaña de plomo), respondió de forma inadecuada, con prácticas de saneamiento ambiental pobres, asignando recursos insuficientes para supervisar y resolver los problemas de salud -remarcó el director de la Clínica de Derechos Humanos, Ariel Dulitzky. Para los redactores del informe: ''Ni a los individuos ni a las empresas privadas ni a las instituciones del Estado se les ha declarado responsables de manera civil, administrativa o criminal por la contaminación de gran parte de la población''. Agregan que ''las relaciones problemáticas entre las industrias extractivas y las comunidades pobres han sido documentadas y discutidas desde hace mucho tiempo, contando innumerables relatos de exclusión social, violencia y daños ambientales''. Para el ya mencionado director de la investigación, lo que sucede en Abra Pampa es ''una muestra de la industria minera en general, que une la irresponsabilidad empresarial y la falta de control estatal''. En el país existen 400 proyectos mineros -entre los planeados y ya puestos en marcha- por eso advierte que ''en los próximos años, la Argentina podrá contar con 400 comunidades como Abra Pampa, abandonadas por la minería y envenenadas''.
En enero de 2010 se anunció que el gobernador de la provincia de Jujuy, Walter Barrionuevo, firmó con el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, un convenio para evaluar y diseñar un plan de remediación de pasivos ambientales en las áreas afectadas por la ex minera Metal Huasi. La Secretaría de Minería encargará a la empresa adjudicataria, Cesel S. A., el diseño del plan de Remediación Ambiental de las áreas impactadas que demandará casi U$S 8 millones, tendrá once meses de duración, más dos adicionales para la selección de las alternativas propuestas. El comienzo de actividades se hará dentro de los quince días hábiles posteriores a la firma del contrato. En el año 2008 se inició el tratamiento definitivo de los residuos con el traslado de todo el material contaminante. Las tareas continuaron durante los primeros meses de 2009 con el destino final de los residuos al Centro de Disposición Final, en un depósito de seguridad, construido con todas las normas de protección ambiental en la localidad de Mina El Aguilar.