Grupo Plataforma 2012

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El Grupo Plataforma 2012, cuya primera expresión pública se produjo en enero de 2012, es un colectivo de académicos, artistas y trabajadores de la cultura con una visión crítica de la gestión de gobierno de la presidente Cristina Fernández. Su visión está expresada en su primer manifiesto, que se transcribe a continuación.


Reflexiones sobre la desigualdad

Plataforma reúne a un grupo de académicos, artistas y trabajadores de la cultura, unidos por vínculos profesionales y, en muchos casos, de afecto, preocupados por las violaciones de derechos humanos de ayer, y también de hoy. El grupo aglutina a personas interesadas en la vida pública, que han sido activamente disidentes de la dictadura; críticas de los planes de ajuste y las políticas neoliberales del menemismo; pero también de las diferentes formas de desigualdad y violencias políticas que siguen afectando, hoy, a amplios sectores de la sociedad.
Una mayoría de los miembros del grupo promotor se ha caracterizado por comprometerse en sus reclamos y denuncias, buscando poner el cuerpo a sus reivindicaciones: asistencia terapéutica a víctimas de la represión de ayer y de hoy, acompañamiento y trabajo con poblaciones originarias; labor cultural y social con niños en situación de calle; participación activa en luchas sociales y ambientales. Estos, entre otros temas, ilustran una postura que apela a la articulación entre el decir y el hacer, enunciar y activar, entretejer socialmente y producir agenda, fisurar el orden de la gubernamentalidad, tanto para la exigibilidad cuanto para la ampliación de derechos. Así, muy lejos del aspecto “denuncialista”, que algunos pretenden atribuir al grupo, gran parte de los impulsores de Plataforma viene militando por sus convicciones en distintos espacios, en la calle y en los foros ciudadanos, en muchas ocasiones para dar audibilidad a voces sociales en clara asimetría.
Aunque el colectivo está en construcción, podríamos decir que a todos nos reúne una preocupación muy especial por los diferentes tipos de desigualdad hoy reinantes. El gobierno y quienes lo apoyan sostienen que en ese campo se han hecho avances y que, por ende, resulta temerario o al menos infundado, afirmar lo contrario. Quisiéramos abordar brevemente el tema, en tres ítems diferentes.
En primer lugar, la desigualdad en materia de distribución de ingresos es difícil de medir, porque no hay acuerdo sobre las cifras básicas y porque se han alterado las bases de datos del Indec (intervención y persecución del personal mediante), además de los índices de precios. Por lo demás, todo dependerá de a qué período se mire y con cual se haga la comparación: con el 2001 (plena crisis), o con los inicios de los años ’90. Lo cierto es que, sin duda, ha habido una notable mejoría respecto del álgido período de la crisis (2001-2002), pero en casi todos los indicadores, la situación es aún peor que a comienzos de los ’90. Asimismo, todos coinciden en sostener que ha habido un real mejoramiento económico en los primeros años de salida de la crisis, pero –y frente a la ausencia de datos– para no pocos economistas, existe la presunción de que hoy asistimos a un estancamiento.
Respecto del impacto distributivo que ha tenido la asignación universal por hijo –a la que apoyamos, reclamando una cobertura universal–, las opiniones son muy diversas, pues están aquellos que sostienen que dicha transferencia de ingresos habría producido un descenso de la desigualdad, pero también otros que señalan que la inflación existente habría neutralizado tal efecto. Además, hay quienes afirman que no hay estudios de campo que hayan verificado los resultados que se reclaman, más allá de que ésta se considere una medida con potencialidad distributiva. Sin embargo, en el campo de los datos “duros”, el problema mayor reside en la pertinaz opacidad del Estado que, al no proporcionar datos, imposibilita un debate serio y transparente sobre una cuestión no menor de nuestra sociedad.
En segundo lugar, nos interesa hablar de “desigualdades”, en plural, pues creemos que ésta tiene muchas aristas y no se mide solamente en términos de ingreso. Existen otros indicadores que deben ser tenidos en cuenta: la esperanza de vida (cuyas tendencias negativas no se han revertido, en relación a los sectores bajos), el afianzamiento de las brechas educativas (si tenemos en cuenta, por ejemplo, las diferencias en el gasto por alumno de cada provincia); el desigual acceso a la salud, el reforzamiento de las desigualdades entre las provincias pobres y ricas; las desigualdades territoriales y urbanas. ¿Acaso se puede hablar de un país más igualitario con el crecimiento exponencial que ha habido de la población en villas de emergencia, entre 2001 y 2011, por citar el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires o del Conurbano Bonaerense? ¿Qué hay de los problemas de acceso a la tierra y la vivienda, que han marcado la agenda del conflicto en los últimos tiempos, desde los hechos represivos de Ledesma hasta el Parque Indoamericano? ¿Qué hay de las poblaciones indígenas y campesinas que hoy asisten al despojo de sus territorios por el avance de la frontera agropecuaria, la minería a cielo abierto o los megaemprendimientos turísticos? ¿Acaso estas asimetrías violentísimas no nos revelan que la actual Argentina transita por una vía de mayor inequidad y violación de derechos básicos?
En tercer lugar, hay que hablar de los diversos arreglos institucionales hoy existentes que reafirman otras formas de la desigualdad. Existe, ante todo, una desigualdad política flagrante, en razón de la inédita concentración de poderes que hoy se advierte sobre la Presidencia de la Nación. Para quienes abogamos por la democracia política, la presencia de un Poder Ejecutivo monacal es obviamente un problema grave, que instala modos de hacer política verticales. Hoy, el poder toma decisiones discrecionalmente; usa al Congreso como mero ratificador de sus acciones (impidiendo cualquier desafío o debate legislativo reales); se molesta frente al que piensa distinto (a quienes ve siempre como conspiradores), y por ello socava, en lugar de promover, la voz y la participación del pueblo, salvo cuando se trata de voces y movilizaciones que vengan a aclamar aquello que el poder ya ha decidido de antemano poner en agenda.
La importancia que, desde esta perspectiva, adquiere la cuestión del poder político no implica que no prestemos atención a la presencia y fuerza de los grandes poderes económicos. Por el contrario, atendiendo a la cuestión creemos que el poder político refuerza el sistema de explotación vigente, en alianza con los más poderosos grupos económicos del país –sean estas las grandes empresas mineras, las exportadoras de granos, grandes industrias o petroleras; las que se siguen enriqueciendo hoy, como pocas veces, gracias a la concentración económica que el poder político mantiene y favorece.
La conclusión es que, en diversas y cruciales aspectos relacionados con la igualdad, la Argentina no presenta entonces un perfil promisorio. Esto no implica desconocer lo que se ha realizado en estos años, respecto de temas tales como la expansión de la jubilación, la ley de medios, la política de derechos humanos en relación con el pasado dictatorial, el matrimonio igualitario o el regreso de un instituto laboral, como las convenciones colectivas (aún si coexiste con la fuerte persistencia de la precariedad laboral). Sin embargo, todo ello no debería autolimitar la crítica, ni diluirla en un mar de elogios para con el gobierno, en nombre de “las transformaciones realizadas”, como si se tratara de “asignaturas pendientes” o de claroscuros inevitables de una etapa de transición.
Finalmente, se trata de no ver a las partes separadas del todo. En otros términos, y sin necesidad de construir una teoría conspirativa, advertimos claras relaciones entre muchas de las angustias y miserias que marcan la época. Por citar sólo unos casos: no se trata de que ocasionalmente mueren dos indígenas en Formosa, asesinan a un campesino del Mocase en Santiago del Estero; la legislatura deroga una ley que prohibía la minería con cianuro en Río Negro; los legisladores kirchneristas promueven la minería a cielo abierto en La Rioja; apalean a masas empobrecidas en Jujuy; o aplican ajustes y represión en Santa Cruz. Se trata de que el gobierno ha establecido una estructura de alianzas con poderes económicos y políticos, en cada una de las provincias y áreas que controla, que hacen posible tales violaciones de derechos, en lugar de impedirlas. Frente a ello, en el actual contexto político, resulta por lo menos controvertido o más bien, ilusorio, sostener una real aspiración de igualdad.

Fuentes


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