Impuestazo tecnológico

La prensa denominó impuestazo tecnológico a la ley originada en el Poder Ejectivo Nacional que elimina la exención de impuestos internos y duplica el IVA sobre los productos electrónicos e informáticos que no provengan de Tierra del Fuego.

Origen

El proyecto de Ley 253 obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación el 4 de agosto de 2009. Debido a los reclamos de CAMOCA, cámara que nuclea a la mayoría de los fabricantes de productos electrónicos localizados fuera de Tierra del Fuego, se excluyeron del proyecto a las computadoras portátiles.[1] El Senado de la Nación lo modificó el 20 de octubre de 2009 [2], siendo finalmente aprobado por la cámara de origen el 4 de noviembre de 2009[3]. Lleva el IVA del 10,5 al 21% e incrementa los impuestos internos en 26,63% para todos los productos incluidos. Entre los fundamentos de la ley se señala la necesidad de aumentar los gravámenes sobre determinados productos suntuarios, de forma tal que quienes más poseen colaboren en mayor medida en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético. Los principales productos afectados son los siguientes:

• Acondicionadores de aire y equipos de producción de frío.
• Calefactores y calentadores eléctricos.
• Dispositivos LAN y WAN de conexión de computadoras en red.
• Micrófonos, altoparlantes y amplificadores de sonido.
• Monitores y proyectores de video.
• Planchas eléctricas.
• Receptores de radio portátiles y de automóvil.
• Receptores GPS.
• Reproductores y grabadores de CD.
• Reproductores y grabadores de sonido.
• Reproductores y grabadores de video.
• Secadores y rizadores de cabello.
• Teléfonos fijos y móviles (celulares y satelitales), contestadores.

La finalidad declarada de la ley, fuertemente reclamada por el gobierno de esa inhóspita provincia sureña y la cámara que agrupa a sus empresarios electrónicos (AFARTE), es promover el crecimiento de la industria electrónica de Tierra del Fuego. El proyecto fue lanzado en el contexto de las dificultades que encuentra la presidente Cristina Kirchner para lograr en el Senado de la Nación los votos necesarios para aprobar, sin modificaciones, sus proyectos de ley. En este contexto los votos de los senadores por Tierra del Fuego pueden decidir una votación.

Según la Cámara de la Industria Fotográfica Argentina (CIFA), la ley produciría la pérdida de 25.000 puestos de trabajo en la cadena de fabricación de insumos y de procesamiento de fotografías[4]. Al abarcar una amplia gama de productos electrónicos de consumo masivo, el costo de la promoción no sería afrontado por los más pudientes sino por la mayoría de los argentinos. Según CICOMRA[5]:

La aplicación de estos impuestos incidiría en un incremento de hasta un 34%, dependiendo de los productos, en los precios de las computadoras portátiles, los teléfonos celulares y los monitores de computadoras. Estos bienes no son productos de lujo (como podrían ser yates, barcos, aviones, perfumes). Toda la sociedad debe acceder a los mismos por necesidad. De esa manera, lo propuesto se convierte en un impuesto absolutamente regresivo que afectará a los que menos tienen. Los productos informáticos y de telecomunicaciones constituyen herramientas fundamentales para todos los sectores de la economía y de la sociedad. Los usan las pymes, los estudiantes, los trabajadores, los emprendedores, los jóvenes, las familias de todo nivel social. Les permiten comunicarse fluidamente, establecer redes sociales y de seguridad, incrementar la productividad, la competitividad.

La ministra de Industria Débora Giorgi aseveró:

La ley impulsará la creación en pocos meses de dos mil puestos de trabajo con inversiones por 200 millones de dólares para productos tecnológicos con alto valor agregado.
Tenemos que ser capaces de integrar toda la cadena, producir software y aparatos para los argentinos y para el mundo.
La ley no grava a las PC de escritorio, a las notebooks ni a las netbooks.
Escuchamos a lobbystas disfrazados de defensores del bolsillo de la ciudadanía, mientras que nos enteramos que los argentinos pagamos más caro por un celular premium de lo que se paga en el resto de los países del mundo, incluso sin excluir la carga tributaria de ese aparato.

Giorgi afirmó también que la ley no aumentaría los precios de aparatos de audio, televisores color, plasmas y LCD, videocámaras, video filmadoras analógicas y digitales, y cámaras fotográficas analógicas y digitales. Destacó asimismo que hoy el país desarrolla y exporta software que se incorporan en el exterior a los celulares, los mismos que después compra el mercado argentino.[6]

Una de las formas en que esta carga impositiva afectaría a la industria electrónica del país es el encarecimiento de sus insumos importados[7], aunque no se ha determinado todos los sectores que serían afectados. Al mismo tiempo, a las empresas de electrónica radicadas en el resto del país se les hace difícil competir con productos fueguinos que, en la mayoría de los casos, son ensambles de componentes fabricadas en otros países que ingresan exentos de recargos aduaneros. Las empresas radicadas en Tierra del Fuego con los beneficios de la Ley 19.640 fueron adicionalmente favorecidos por el Decreto 252/2009 que les hace una reducción del 61,47% en la tasa de impuestos internos a partir del 1º de julio de 2009.

Según estimaciones de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, las industrias realizarían inversiones por mas de 40 millones de dólares, generando al mismo tiempo un superávit fiscal de U$S 130 millones.

Los economistas Galperín y Katz estiman un aumento de costos del 6,3% para la telefonía celular de todo el país, lo que acarrearía una reducción mínima de 1.600.000 líneas activas para los sectores de menores recursos. Señalan que la producción de equipamiento informático y de telecomunicaciones en el país no excede los 300 millones de dólares anuales, alrededor del 7% del consumo de 4.113 millones (excluyendo al sector servicios), y que el incremento de la producción de estos bienes en Tierra del Fuego como resultado de las medidas sería poco significativo.

Resultados

Según la evaluación hecha 1 año después por el medio electrónico iProfesional.com, el impuesto promovió el interés de las empresas de electrónica de Argentina continental por radicarse en Tierra del Fuego, generando inversiones por USD 100 millones[8]. Según un estudio hecho por la consultora Marco en el mes de julio de 2013, Argentina se convirtió en la plaza más cara de Latinoamérica para la comprar de estos equipos. De los 705 smartphones relevados en los sitios web de las grandes cadenas de cada país, resultó que en Argentina un celular inteligente costaba, en promedio, USD 568, USD 483 en México, USD 445 en Brasil, USD 358 en Chile, USD 344 en Perú y USD 313 en Colombia, país este último donde se conseguían los precios más bajos[9].

Fuentes

• Kantor, Damián; Tierra del Fuego: ¿tiene futuro la industria electrónica nacional?; iEco, suplemento económico dominical del diario Clarín; Arte Gráfico Editorial Argentino SA; Ciudad de Buenos Aires{{#set_internal: |IP=iEco}}; 27 de febrero de 2011.
•  ?; La vigencia de un régimen con prórroga hasta 2023; iEco, suplemento económico dominical del diario Clarín; Arte Gráfico Editorial Argentino SA; Ciudad de Buenos Aires{{#set_internal: |IP=iEco}}; 27 de febrero de 2011.
• Mayoral, Alejandro (Presidente de AFARTE); Subsidiar es la clave; iEco, suplemento económico dominical del diario Clarín; Arte Gráfico Editorial Argentino SA; Ciudad de Buenos Aires{{#set_internal: |IP=iEco}}; 27 de febrero de 2011

Véase también

• Industria electrónica.

Fuentes

• Proyecto de Ley 253 de impuestazo tecnológico.
• Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA).
• Análisis del impacto económico y social del proyecto de ley de extensión de impuestos internos a productos tecnológicos y de informática y Decreto 252/09 por Hernán Galperín (Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés) y Raúl Katz (Columbia Business School).
• Canal-AR.
• Carta de la gobernadora de Tierra del Fuego.
• Modificación que beneficiaba a BGH.