Infraestructura tecnológica

En Argentina se denomina infraestructura tecnológica, o simplemente infraestructura, al conjunto de instalaciones, obras y servicios de soporte que permiten el buen cumplimiento de funciones valoradas, en especial las de los servicios básicos de transporte, agua potable y de irrigación, provisión de energía, disposición final de residuos y excretas, comunicación social, salud, educación y seguridad. Las tareas estatales de creación, mantenimiento, adecuación y mejora de la infraestructura nacional se denominan obra pública y fueron tradicionalmente incumbencia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Argentina; en 2012 lo son del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios].

Tecnologías de infraestructura

• Agua potable, provisión
  • Almacenamiento (represas, tanques...)
  • Potabilización
  • Distribución (acueductos, sistemas de distribución domiciliaria...)
• Edificios públicos
• Energía, fuentes
  • Electricidad (generación hidroeléctrica y nuclear, redes de distribución de larga distancia...)
  • Hidrocarburos (exploración, gasoductos, oleoductos, plantas de liquefacción de hidrocarburos gaseosos...)
• Excretas, disposición final
  • Cloacas
  • Tratamiento de líquidos cloacales
• Irrigación
  • Distribución (acequias, canales de riego...)
• Residuos domiciliarios, disposición final
  • Recolección domiciliaria
  • Vertederos y tratamiento final
• Transporte
  • Aeropuertos
  • Caminos y obras asociadas (puentes, túneles...)
  • Ferrocarriles
  • Vías navegables y obras asociadas (canales y su dragado, puertos...)

Actualidad

Según declaraciones hechas en junio de 2010 por el director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, el estado de la infraestructura nacional y de la realización de obra pública era el siguiente:[1]

• La inversión en infraestructura está por debajo de los niveles de la década de 1990.
• Hubo una fuerte recuperación de la obra pública respecto de los bajos valores de la década de 1990, pero disminuyó la participación en ella del sector privado.
• No se hicieron las inversiones necesarias para recuperar el transporte ferroviario, mientras se fomentaba el sueño de un "tren bala".
• Se avanzó en obras hidroeléctricas, nucleares y el uso de fuentes renovables de energía, pero se desalentó la inversión privada en exploración de hidrocarburos y ampliación de la oferta de energía en general.
• Se puso trabas a la ejecución de proyectos privados en ferrocarriles, vias navegables, caminos y logística.
• En el período 2007-2009 la obra pública en vivienda, saneamiento y educación estuvo selectivamente orientada a las provincias políticamente afines al PEN.
• No se hizo una buena planificación de las obras necesarias de infraestructura ni de sus balances de costo-beneficio (análisis que el PEN considera innecesario) y las acciones realizadas no fueron objeto de análisis y debate general. Hubo imprevisión y muchas obras se hicieron, caso de las de energía, recién después que surgieron los problemas, o se plantearon sorpresivamente, como el "tren bala".
• No hay buena evaluación, la regulación de las actividades privadas es insuficiente y las auditorías de las obras delegadas son casi inexistentes. Los entes reguladores han sido prácticamente desmantelados y su profesionalidad reemplazada por la instrumentación política. Las auditorías independientes han sido descartadas o son desatendidas cuando provienen de instituciones no afines al PEN.

Fuentes

• Sitio oficial de FIEL.