Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas

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La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, Ley Nacional Nº 20247, tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.


Derecho de los agricultores al uso de su propia semilla

El derecho de los agricultores al uso de su propia semilla está contemplado en el artículo 27:

Art. 27 - No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética.

Este breve artículo fue reglamentado en la Resolución 35/1996 del Instituto Nacional de Semillas en 12 artículos y 12 páginas que parecen avanzar sobre el texto de la ley al establecer limitaciones que allí no figuran[1]. De modo confuso 10 normas separadas más[2] modifican el Decreto PEN Nº  2183/1991 de reglamentación de la Ley 20247.

Fuentes

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

En septiembre de 1994 el presidente Carlos Saúl Menem hizo sancionar la Ley Nacional Nº 24376 de Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 78 (versión original de 1961 con las revisiones de 1972 y 1978) de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. En el artículo 2º de la misma se establece que:

Artículo 2º — Las disposiciones del Convenio, que por la presente ley se aprueba, prevalecerán, con respecto a los Estados que de él sean parte, sobre la Ley 20.247.

Políticas nacionales sobre semillas

El Instituto Nacional de Semillas promueve la adhesión total de Argentina a las normas de la UPOV por considerar que[3]

el establecimiento de un sistema que garantice al obtentor un derecho en exclusiva de su nueva variedad es el incentivo necesario para promover la inversión en el sector del mejoramiento y aumentar la productividad.

El 15 de junio de 2012 la ministra de Industria, Débora Giorgi, en conferencia de prensa brindada en Nueva York (Estados Unidos), calificó de muy importante la inversión de Monsanto en Argentina anunciada por la presidente Cristina Fernández. Giorgi sostuvo que el anuncio de inversión por casi $ 1.800 millones para la radicación de su segunda nueva planta industrial para la producción de semillas de maíz implica 400 puestos de trabajo más y convierte a Monsanto en la empresa que tiene la dos plantas más importantes para la provisión de semillas para siembras en la República Argentina[4].

El 22 de agosto de 2012 el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, expresó durante el acto de lanzamiento de una nueva tecnología en soja Intacta RR2 de Monsanto[5]:

… el Ministerio ha tomado una decisión de avanzar en el transcurso de este año en jornadas y en talleres de trabajo que ya se vienen desarrollando desde hace más de 40 días donde tenemos una clara intención de tener un borrador de una ley de semillas como corresponde que tenga la Argentina y que tenga un país serio, que pretende ser líder en la producción de alimentos y creo que estamos avanzando y seguramente con el buen trabajo que se está haciendo, en los próximos meses vamos a tener listo ese proyecto para ser enviado al Congreso de la Nación.

El 24 de agosto de 2012 el mismo ministro expresó en la Bolsa de Comercio de Rosario[6]:

Estamos trabajando en una ley de semillas. El Ministerio hace 60 días, ha abierto un taller en el cual se está trabajando con los distintos sectores que integran la agricultura en la Argentina para que puedan expresar y empezar a esbozar en líneas generales cuál es el proyecto de ley de semillas más beneficioso que tendríamos que estar presentando, cuáles son las modificaciones sustanciales que tendríamos que hacer. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque indudablemente ese valor que lleva intrínseco esa semilla, que nos permite producir el 10% más, como una semilla que ha presentado una de las grandes multinacionales hace pocas horas atrás, o las grandes investigaciones que lleva adelante el CONICET, el descubrimiento de ese gen que nos permite tener un girasol mucho más resistente a la sequía y que después lo podremos aplicar a otras variedades, o como los desarrollos que hace el INTA en todo el país. Entonces tiene que haber patentes, tenemos que tener un resguardo intelectual, para todo ese crecimiento que se hace a nivel biotecnológico del Estado, y también desde el sector privado, en el que se invierte muchísimo dinero.

En un largo documento la Federación Agraria Argentina analizó críticamente los anuncios anteriores, señalando [7]:

El lobby de los obtentores hace que el gobierno hoy proponga una ley que vulneraría la soberanía del chacarero sobre su trabajo. La ofensiva debe apuntar al comercio ilegal, pero no al legítimo derecho del productor sobre el “uso propio de su semilla”. La presión ejercida a nivel mundial por el “lobby de obtentores de semillas” para copar toda la cadena agrocomercial es indisimulable, a juzgar por las numerosas e intimidatorias inspecciones que sus representantes están realizando en los campos de los productores agropecuarios y por el proyecto de ley presentado en el ámbito del Instituto Nacional de Semillas (INASE) para promover la adhesión de Argentina al acta UPOV 91, que –de prosperar– eliminaría definitivamente el ya complicado ejercicio del derecho del productor a reservar semilla para uso propio.

Fuentes

Fuentes generales

Véase también

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