Debido a abusos en la fumigación de campos de cultivo con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge ([[provincia de Santa Fe]]) —para —para ningún tipo de producto debería ser lícito hacerla sobre poblaciones— poblaciones— pobladores afectados recurrieron a la justicia, que falló en su favor. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe no sólo dejó firme el fallo, sino sentó un valioso precedente para el tratamiento de temas sanitarios. Ordenó que el gobierno de Santa Fe y la [[Universidad Nacional del Litoral]] (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que esta forma de usar los agroquímicos no es perjudicial para la salud. Se invirtió así la carga de la prueba: en vez de que los vecinos y campesinos intoxicados tuvieran que demostrar sus problemas de salud, los responsables tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también invocaron el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia.[http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-142032-2010-03-15.html] [[AAPRESID]] se expresó públicamente contra el fallo, señalando que “la producción corre peligro”[http://www.argenpress.info/2010/03/aapresid-defiende-el-glifosato-san.html] a pesar de que el fallo solo se limita a establecer límites racionales a las fumigaciones.