Obras sociales sindicales

La principal función de las obras sociales sindicales es la prestación de servicios prepagos o seguro de salud. El tema tuvo importante cobertura periodística a finales del año 2009 cuando se denunció que la administración corrupta de varias de ellas compraba y administraba a sus afiliados medicamentos falsificados.

Historia

Alrededor de 1970 la dictadura de Juan Carlos Onganía, como parte de su acuerdo con algunos dirigentes sindicales peronistas, dio a los grandes sindicatos (únicos reconocidos por ley) la administración de los servicios de salud de sus trabajadores. Desde entonces estos servicios quedaron fuera de la órbita estatal. La medida modificó de raíz la naturaleza de los sindicatos y las reglas de la acción sindical, al transformar a los secretarios de los sindicatos oficializados en empresarios que manejan cuantiosos recursos y urden intrincadas redes de negocios basados en la mercantilización de la salud de los trabajadores. El poder económico así adquirido facilita la reelección indefinida y la digitación de sucesores, con grave perjuicio de la democracia interna de estos sindicatos hegemónicos. Hubo desde entonces sólo dos intentos de corregir esta grave distorsión: el de la segunda presidencia de Perón, con el Proyecto Liotta de 1973, y el del presidente Alfonsín, con el Proyecto Neri, archivado en 1987 como consecuencia del pacto hecho con los sindicalistas.

Durante la década de 1990 la privatización del patrimonio estatal capaz de producir buena rentabilidad empresaria y las sucesivas leyes de desregulación de las actividades económica se reflejaron también en el funcionamiento de las obras sociales sindicales. Se ha creado desde entonces una profusa red de empresas proveedoras de bienes y servicios que investigaciones judiciales vinculan crecientemente a familiares y asociados de los dirigentes sindicales, de la que es ilustrativa el caso del dirigente del gremio bancario Juan José Zanola, encarcelado en 2009 junto con su esposa[1]. El problema se agrava porque estas empresas resultan también estar vinculadas a organizaciones delictivas más amplias, como las del tráfico de estupefacientes.

Los dirigentes de los sindicatos hegemónicos han sido aliados del poder en tanto han podido proteger sus beneficios personales. Una de las promesas de campaña de Néstor Kirchner fue el reconocimiento de la personería gremial de la CTA (véase el artículo asociaciones sindicales). Esta promesa fue abandonado tan pronto selló su alianza con el sindicalismo peronista. Segun sucesivas revelaciones sobre los aportantes a su campaña, la luego presidente Cristina Fernández contó con importantes contribuciones de personas y empresas fuertemente vinculadas a obras sociales sindicales. Ha designado, asimismo, en la dirección de las áreas responsables del reparto de fondos a las obras sociales a personas vinculas a los dirigentes sindicales que la apoyan.

Necesidad de reformas

El fomento del clientelismo y la corrupción que genera el actual régimen legal de las obras sociales sindicales debería ser eliminado de raíz, con medidas como las siguientes:

• Puesta en práctica de la libertad sindical mediante la eliminación de la personería gremial;
• Saneamiento de las obras sociales mediante su independización de la dirección sindical y la realización periódica de auditorias independientes;
• Libre elección del ente prestador de servicios de salud y/o la creación de un sistema público y universal de salud centrado en los hospitales públicos de todo el país.

Fuentes

• Obras sociales sindicales, una amenaza para la democracia por Armando Caro Figueroa, Ministro de Trabajo durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Diario Río Negro del 24 de febrero de 2010.