Diferencia entre revisiones de «Instituto Provincial de Seguridad Social»

Revisión actual del 12:59 26 oct 2014

Oficina del IPROSS

El Instituto Provincial de Seguridad Social (IPROSS) es el sistema oficial obligatorio de seguro de salud de los empleados de la Provincia de Río Negro. Permite también la afiliación voluntaria de otros trabajadores.

Organización

El IPROSS se rige por la Ley Provincial N° 2753. Está dirigido por una Junta de Administración conformada por 1 presidente y 5 vocales. Aunque 3 de los vocales supuestamente representan a todos los afiliados, en realidad son representantes de algunos gremios ya que no son elegidos directamente por los afiliados sino por un Consejo Asesor integrado exclusivamente por gremialistas estatales.

El 14 noviembre de 2011 el Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro emitió la resolución Nº 34 donde informa irregularidades detectadas por auditoría y remitió sus actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El informe señala el desorden administrativo de la obra social, que desconoce el monto exacto de su deuda. El organismo de control detectó irregularidades en la ejecución del convenio de cápita de prótesis con CAPRESA, donde no se acreditaron 6 de las 27 cirugías informadas y se compraron nuevamente prótesis que ya estaban cubiertas por el convenio. Advirtió también la sospechosa concentración de compras de medicamentos en sólo 2 empresas, Farma KD (81,33 % del total) y Lafken (8,39 %), que serían de los mismos propietarios.[1]

Información pública

No tiene sitio Internet ni informa regularmente de sus acciones por otros medios.

Prestaciones

Un estudio interno finalizado en agosto o septiembre de 2010[2] indicaba que el IPROSS tenía en ese momento 131.570 afiliados a los que se brindaba prestaciones por unos $ 180 millones anuales, dando un déficit anual de  40 millones.

El valor promedio de consumo mensual de medicamentos por cada afiliado era de $ 150, un total anual de unos $ 20 millones. De ellos 1.945 afiliados recibían tratamientos de alto costo, con un total anual de $ 61.230.059 y un promedio mensual de unos $ 2.623: hemofilia, angiosplatia y transplantes, 12 millones; prótesis, 9,2 millones; atención por discapacidad, 8 millones; coberturas de HIV-sida, 7,5 millones; oncológicos, 7 millones; hemodiálisis, 6,2 millones; artritis, 5,7 millones; esclerosis múltiple, 5,6 millones.

Las prestaciones de mediano costo se brindan a unos 14.000 afiliados con un consumo mensual promedio de $ 488 y un presupuesto anual de $ 83.021.173. Incluyen los pagos por coberturas en sanatorios (57,9 millones), pacientes diabéticos (10,9 millones), derivaciones a Buenos Aires (6,2 millones). El cuadro se completa con afectados crónicos o epilepsias (casi 8 millones).

Las prestaciones de bajo costo para el IPROSS son las que se brindan para atención en consultorios ($ 25,8 millones), plan ambulatorio farmacéutico (18,8 millones) y los planes maternos (3,4 millones). Esta categoría, con 115.625 afiliados, insume anualmente $ 48.242.139 con un promedio de consumo mensual de $ 35.

No se dio información sobre el destino de los $ 32.943.063 restantes. Los $ 50 millones que se invierten anualmente en medicamentos podrían ser drásticamente reducidos si se pusiera en marcha el uso generalizado de medicamentos genéricos y se usaran los elaborados por el PROZOME.[3]

Según el juez civil provincial Marcelo Cuellar, el IPROSS se ha negado, sistemáticamente, a brindar prestaciones a las que está legalmente obligado si son de alto costo. En un fallo emitido en octubre de 2011, Cuellar ordenó la prestación integral del servicio de rehabilitación —fisiatras, fonoaudiólogos, terapistas y pediatras— de una menor discapacitada. El instituto cubría sólo poco más del 60% del costo de los tratamientos, por lo que el juez ordenó la cobertura total bajo apercibimiento de sancionar el incumplimiento, al tiempo que advirtió que cese en su recalcitrancia, máxime en caso de discapacitados, ya que la misma se registra en casos de todo tipo.[4]

Según el juez civil provincial Marcelo Cuellar, el IPROSS se ha negado, sistemáticamente, a brindar prestaciones a las que está legalmente obligado si son de alto costo. En un fallo emitido en octubre de 2011, Cuellar ordenó la prestación integral del servicio de rehabilitación —fisiatras, fonoaudiólogos, terapistas y pediatras— de una menor discapacitada. El instituto cubría sólo poco más del 60% del costo de los tratamientos, por lo que el juez ordenó la cobertura total bajo apercibimiento de sancionar el incumplimiento, al tiempo que advirtió que cese en su recalcitrancia, máxime en caso de discapacitados, ya que la misma se registra en casos de todo tipo.[5]

La Cámara Laboral ordenó al IPROSS cubrir el 100% de los gastos de traslado, hospedaje y rehabilitación de una discapacitada que ya contaba con un amparo del mismo tribunal requiriendo la cobertura total de su tratamiento fonoaudiológico, bajo apercibimiento de imponerle una multa de $200 por cada día de retraso. Al respecto la jueza de familia Marcela Pájaro expresó: he visto desfilar pacientes oncológicos suplicando la provisión de medicamentos de los que depende su vida; prótesis imprescindibles para garantizar la movilidad, la realización de cirugías programadas que se difieren por falta de pago, entre otros. Señaló también, respecto a expresiones de Pinazo culpando a la justicia por el deterior del sistema provincia de salud: Enfermos, están los afiliados cautivos de IPROSS condenados a peregrinar por oficinas y tribunales en situaciones ya penosas y angustiantes de sus vidas, a fin de que «graciosamente» la autoridad de la obra social se digne atender su dolencia.[6]

En diciembre de 2011 la Cámara Laboral de Bariloche otorgó un amparo a un paciente diabético tipo II a quien no se le cubría la totalidad de sus gastos de tratamiento, que en ese momento totalizaban $1.653 mensuales.[7]

Durante la gestión Saiz se incorporaron unos 5.700 afiliados voluntarios en toda la provincia, incluyendo a organizaciones como las de bomberos voluntarios. Aunque la medida era justa, no se establecieron aportes proporcionales a los de los afiliados naturales, los empleados provinciales, y éstos no se reajustaron en función de la evolución de los salarios. Ésta medida clientelista puede haber sido una de las causas del colapso económica de los servicios. En octubre de 2012 la gestión Weretilnek reajustó un 78% las cuotas de afiliados adherentes del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross).[8]

Suspensiones y falta de prestaciones

En reiterados comunicados las autoridades del IPROSS informaron que reintegrarían los gastos médicos de los servicios suspendidos en el plazo de 1 semana, lo que nunca cumplieron.

Gestión Saiz (Alcides Pinazo)

1. Desde el año 2009 Lorena Aguilar, quien padece epilepsia refractaria, sufre las graves penurias de no poder someterse a la operación que su condición requiere por los obstáculos que le opone el IPROSS.[9]
2. Desde el año 2009 están suspendidos los servicios de hematología. En junio de 2011 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, pese a la posición contrario del Fiscal de Estado, ordenó a las autoridades de la institución a brindar estas prestaciones a un paciente de Bariloche que los necesitaba para proteger su vida.[10][11]
3. 10 de abril al 5 de mayo de 2010. El Colegio Médico Zona Andina suspendió la atención médica por falta de pago. La deuda en toda la provincia sumaba entonces $ 15 millones.[12][13]
4. 30 de mayo de 2010. La Federación de Clínicas de Río Negro suspendió la atención durante 1 día por falta de pago de una deuda de $ 24 millones.[14]
5. 24 al 25 de junio de 2006. La Federación de Clínicas de Río Negro suspendió la atención durante 2 días por falta de pago de una deuda de $ 23 millones.[15]
6. 13 de octubre de 2010. El Colegio de Oftalmólogos de Río Negro suspendió la atención por falta de pago. [16] En mayo de 2011, 7 meses después, todavía no se había pagado la deuda, y los servicios seguían sin prestarse.[17]
7. 20 de noviembre de 2010 al al 02 de diciembre de 2010 suspensión del expendio de medicamentos por el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, por falta de pago de una deuda de $ 16 millones.[18][19] Las autoridades del IPROSS aseguraron que los reintegros a los afiliados se harían en el lapso de una semana. Más de 2 meses después se multiplicaron las denuncias por incumplimiento de los reintegros.[20][21][22]
8. 5 al 7 de diciembre de 2010. La Federación de Clínicas de Río Negro suspendió los servicios por falta de pago de la deuda acumulada. IPROSS ofreció pagarla en 10 años, lo que motivó un indignado rechazo.[23]
9. 2 de mayo de 2011. La Asociación Rionegrina de Anestesia, Analgesia y Reanimación cortó los servicios debido al atraso en el pago de las prestaciones. El corte se levantó el mismo día luego de un acuerdo con las autoridades del IPROSS.[24]
10. 12 al 24 de mayo de 2011. La Cámara de Prestadores de Salud de la Zona Atlántica (CAPRESA) que agrupa a clínicas y sanatorios de Viedma y San Antonio Oeste suspendió la atención de sus asociados.[25] Según CAPRESA, la obra social provincial le debe más de $ 11 millones.[26]][27]
11. 1° de junio de 2011. El Colegio de Bioquímico de Río Negro suspendió los servicios, salvo para emergencias, por falta de pago desde octubre de 2010. El organismo señaló las tácticas dilatorias del IPROSS.[28]
12. 5 de julio de 2011. El IPROSS denunció unilateralmente el convenio de prestaciones con el Sanatorio San Carlos de la ciudad de Bariloche alegando subprestaciones, falta de información de las prácticas realizada y de elementos cubiertos por la cápita a pacientes oncológicos, así como cobros de plus. El sanatorio, que tiene cuantiosos cobros pendientes, efectivamente cobraba adicionales a los afiliados del instituto y los relegaba en la prestación de servicios de alto costo como las tomografías computadas. Por otra parte, el San Carlos es uno de los dos grandes sanatorios de la ciudad, donde se hacen gran cantidad de operaciones e internaciones de casos agudos que requieren terapia intensiva, por lo que la cesación de los servicios creará problemas a los pacientes más necesitados de atención rápida y compleja.[29] Luego de un anuncio no cumplido de restablecimiento del convenio y de numerosos reclamos nunca contestados, el Colegio Médico de Bariloche dio un "ultimatum" al IPROSS donde se le informa que en caso contrario sus afiliados cortarían sus servicios a la institución el 16 de septiembre de 2011.[30] La medida, que por su carácter extremo resulta irrazonable, ha generado múltiples problemas a los cerca de 15.000 afiliados barilochenses, que ven cortado el acceso a sus médicos de cabecera, sus historia clínicas y a servicios cuya falta puede poner en riesgo su vida. Así lo entendió un juez que dictó una medida cautelar para el mantenimiento de un tratamiento de quimioterapia.[31]
13. 15 de octubre de 2011. La obra social dejó de hacer a los pacientes con cáncer la provisión del 100% de los medicamentos que por resolución propia se obligó, poniendo en grave riesgo sus vidas.[32]
14. 2 de noviembre de 2011. La Clínica Central de Villa Regina suspendió la prestación de sus servicios por los reclamos no contestados que hizo al IPROSS. La medida perjudica a unos 10.000 afiliados.[33]

Gestión Weretilnek (Fabián Zgaib)

1. En marzo de 2012 un afiliado todavía no había recibido la orden para una operación de columna vertebral cuyo trámite se había iniciado con carácter urgente 7 meses antes, en agosto de 2011.[34]
2. Abril de 2014. La Cámara de Prestadores de Salud de la Zona Atlántica (CAPRESA) hizo un paro de sus prestaciones para señalar su desacuerdo con el porcentaje propuesto por IPROSS para la renovación del convenio de atención médica.[35]
3. El Juez Santiago Morán hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó a IPROSS proveer, en el plazo de dos días, equipos de oxigenoterapia a una afiliada cuyo tratamiento así lo requería. La obra social pidió al afiliado que pagara primero el servicio, el que luego le sería reintegrado. El juez señala en su resolución que IPROSS no hacía los reintegros en un plazo previsible de tiempo.[36]
4. El organismo dio de baja 1.800 ex afiliados docentes que ya no aportaban por no tener cargos. El problema proviene de la obsolescencia del sistema informático del organismo, cuya renovación fue prometida pero no hecha por la anterior gestión radical.[37]