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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina


Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET isotipo.jpg
Sigla: CONICET
Régimen legal: Organismo descentralizado
Propietario: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Función externa: Promoción de las investigaciones científicas
Finalidad:
Fecha de creación: 5/2/1958
Ubicación: Capital Federal
N° de filiales:
Facturación anual: $ 993.290,22 (2009)
Cantidad de personal: 841 (2007)
Internet: http://www.conicet.gov.ar/


El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El CONICET es el principal organismo del país de formación de investigadores científicos y tecnológicos. Fue creado, durante la dictadura de la Revolución Libertadora por Decreto Ley Nº 1291/1958, por recomendación del Plan Prébisch.


Contenido

Organización y régimen legal

El CONICET está dirigido por un directorio compuesto de 9 miembros, 1 (el presidente) es designado por el Poder Ejecutivo Nacional, 1 por el Consejo de Universidades, 1 por organizaciones representativas de la industria, 1 por las del agro, 1 por ¿los organismos provinciales de ciencia y tecnología? y 4 por los investigadores activos de la institución. Tiene 15 centros —dos de ellos regionales y dos interdisciplinarios— y 135 unidades ejecutoras (véase la ilustración siguiente).[1] En 2007, último año con datos presupuestarios aparentemente completos, había 5239 investigadores, 5613 becarios, 2139 técnicos (personal de apoyo) y 592 administrativos. En ese año, de un total de $65.845.769: 30% ($19.882.600) fue destinado a equipamiento e instalaciones de sus centros; 65% ($41.268.965) a gastos operativos de sus centros y de 1564 proyectos de investigación; 3% ($2.074.648) a la bonificación del 20% de los salarios universitarios de sus investigadores; 2% a la organización de 104 reuniones científicas ($1.544.276). Sus ingresos por servicios arancelados y convenios de vinculación tecnológica fueron de $11.712.419, el 18% del total.

Su funcionamiento no está regido por una ley, como sería deseable, sino por el Decreto PEN N° 310/2007 que reorganizó su estructura en centros regionales y unidades ejecutoras.

Evaluación

Históricamente, el mayor promotor de las investigaciones científicas en el país ha sido el CONICET. En 2008 dependían de él unos 5600 investigadores de todas las categorías y otros tantos becarios,[2] pero a lo largo de su historia ha formado a muchísimos más a través de becas y subsidios. Ha tenido grandes altibajos presupuestarios y durante muchos años no tuvo nuevas incorporaciones de becarios ni a su carrera del investigador. El CONICET ha tenido muchas vicisitudes en su historia, algunas de las cuales están relatadas en un libro editado por el organismo en ocasión de cumplir 50 años: CONICET — 50 años de vocación por la ciencia: 1958-2008. Su principal característica histórica, desde sus inicios bajo la dirección de Bernardo Houssay, ha sido la orientación hacia la "ciencia pura", el fomento de la profundización de algunos saberes independientemente de sus aplicaciones a los problemas del país. Es improbable que exista tal "pureza"; en los países industrialmente más desarrollados los gobiernos y las empresas privadas subsidian las investigaciones que prometen ser más lucrativas, y las regalías de las patentes obtenidas (caso de la Genética) se comparten con los investigadores y sus instituciones. Actualmente, los investigadores del CONICET tienen similares beneficios, con lo que las investigaciones inevitablemente tenderán a sesgarse en el sentido de la rentabilidad.

El CONICET no tuvo en las áreas tecnológicas el mismo impacto que en las científicas. En 2008, de sus 5731 investigadores sólo 140 eran tecnólogos, menos del 3%.[3] En los 11 años comprendidos entre 1995 y 2005 los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico registraron 78 patentes y registros de marca, un magro promedio de 7 por año y de un registro cada 2 investigadores.[4] Hay que reconocer, sin embargo, que el panorama es igualmente desalentador si se miran las patentes en general. Entre 1990 y 2003 se concedieron en Argentina unas 21.000 patentes de las que aproximadamente un 16% era de origen argentino (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, 140 años de registros del progreso. 1864-2004, Jorge Rossi Casa Editorial, Buenos Aires, 2004, p. 129), lo que da un promedio de unas 240 patentes anuales, menos de 1 cada 125.000 habitantes por año. En contraste, en EE.UU. se concede más de 1 patente anual por cada 1.000 habitantes. Actualmente un trámite de patentamiento en Argentina puede demorar hasta 9 años. Según las quejas de algunos industriales, en el proceso se producen "filtraciones" de la información y productos similares salen al mercado antes de ser aprobada la patente. Como las patentes argentinas no tienen valor internacional, el resultado es que muchos prefieren no revelar las características de sus productos hasta que ya están en el mercado nacional y patentarlos primero en el exterior, situación que hay que revertir. Hay indicadores de que se está revirtiendo el original desinterés del organismo por el área tecnológica, los más importantes de los cuales son el otorgamiento de becas en empresas[5] (todavía comparativamente escasas) y los convenios firmados con unidades de vinculación tecnológica[6].

Entre 1997 y 1999 una comisión integrada por 3 a 6 expertos internacionales en administración y gestión científica evaluó el desempeño de las unidades de investigación del CONICET. Se expresa que este Informe de Evaluación será parte de la Memoria Anual del Organismo evaluado y, como tal, podrá ser dado a publicidad, pero el mismo no ha podido ser encontrado en el sitio web del CONICET. Tampoco se ha podido encontrar ninguna de las presuntamente obligatorias memorias anuales.


Distribución de centros y unidades del CONICET en todo el país.

Como se ve en la la ilustración anterior, los centros y unidades del CONICET abarcan gran parte del país, pero no su totalidad. No hay ninguno en las provincias de Catamarca, Formosa, Misiones y Santa Cruz. La gran cantidad de unidades ejecutoras refleja su coincidencia con grupos de trabajo muy especializados, frecuentemente varios de ellos dentro de la misma unidad académica universitaria (facultad o sede). Ésto no favorece el trabajo interdisciplinario requerido para la resolución de los problemas reales del país. El proceso de descentralización encarado a partir del Decreto PEN N° 310/2007 parece estar conduciendo al debilitamiento del vínculo entre los investigadores del CONICET y las universidades, no a su mejor integración.

Libertad de expresión de los investigadores

En diciembre de 2011 los investigadores del CONICET recibieron la siguiente "instrucción":

Estimado Sr Investigador/ra:
Con el motivo de aclarar algunas cuestiones referidas a la relacion de nuestro personal con los medios de comunicación, quisiera participarles de un concepto rector:
Sólo la Presidente del Conicet, o la persona en quien ésta expresamente delegue tal facultad, puede expresar de modo válido la opinión institucional del Consejo.
Al no tener personería jurídica propia, ninguna unidad divisional o instituto del CONICET o de doble dependencia tiene de por sí delegadas facultades para hablar en nombre del, o de los organismos en los cuales se desempeña o depende. Si surgiera alguna duda al respecto, la Dirección de Comunicación del Consejo está permanentemente a disposición y plenamente capacitada para aportar orientación e inclusive aconsejar el mejor modo de proceder ante una cuestión concreta, siempre que se lo haga con antelación a pronunciarse. A esto se suma la red de comunicadores en los CCT, que pueden aportar su saber en la faz operativa y canalizar las consultas debidamente.
Este criterio persigue un principio de unidad de discurso necesario en materia de comunicación institucional, sin perjuicio del cual el Directorio del Conicet continúa preservando la pluralidad de las ideas de sus miembros, de modo que cualquiera de ellos pueda comunicar sus opiniones o los resultados de sus investigaciones, aclarando cuidadosamente que tales resultados u opiniones, sean de una investigadora, investigador o de un grupo, no representan necesariamente la opinión del organismo sobre el tema, sino que son ejemplos del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión individual que proverbialmente defendemos.
De más está decir que no nos referimos a los resultados de investigaciones, de cualquier tipo que fuesen, comunicadas en los ámbitos académicos.
El Conicet está en proceso de elaboración de una política estructural de comunicación con mayor grado de detalle, que será oportunamente difundida a todas las unidades ejecutoras ni bien esté aprobada por el Directorio.
Le agradezco su colaboración y quedo a su disposición para cualquier aclaración.
Muy cordiales saludos.
Dr Faustino Siñeriz
Vice Presidente de Asuntos Tecnológicos
CONICET

Es obvio, tanto para el personal del CONICET como para los medios de prensa, que los únicos que pueden hablar en nombre de una institución —sea un organismo estatal o un club de barrio— son sus autoridades legítimas. El mensaje es otro, cómo se desprende de los fragmentos resaltados en negrita que plantean interrogantes sin clara respuesta, generando dudas sobre la libertad de opinar. Algunas de estas dudas son:

El tema generó inmediatamente gran preocupación entre los investigadores científicos y tecnológicos, quienes se vieron sorprendidos por el tenor de la comunicación, así como de las consecuencias que podía tener para sus actividades cualquier expresión que pudiera, de modo totalmente arbitrario dada la ambigüedad del texto, ser considerada inapropiada por las autoridades del CONICET.

Fuentes

Fuentes generales

Véase también




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